Quiebras y presuntas estafas: la trama oculta detrás del valioso edificio abandonado en Belgrano R que perdió el Estado

En 1972, el Estado Nacional compró la torre sin terminar para viviendas sociales que nunca se hicieron; hoy, después de 50 años, podría venderse

Un gigante de concreto de 15 pisos duerme cerca del paso nivel donde circula el tren Mitre. Hace casi 60 años permanece en pie el esqueleto de un edificio que nunca terminó de construirse en Olazábal 3432. De costado, la estructura recuerda a un curioso signo numeral de ladrillo a la vista con tres torrejones que sobresalen. Del suelo a la terraza se multiplican los grafitis que decoran la construcción con un dibujo de “Pegajoso” el espectro verde de los Cazafantasmas, hongos coloridos y un ojo psicodélico con cabellera. También hay pintado en aerosol leyendas ilegibles cerca de los balcones sin defensa y los huecos donde tendría que haber ventanales.

El gran cascarón de Belgrano R se eleva muy por encima de las casas que lo rodean. Minúsculos quedan a su lado las casonas y pequeños castillos de estilo inglés sobre las arboledas de Av. Melián. Aunque está a medio hacer, en el transcurso del tiempo se ocupó en la planta baja y los primeros pisos. Hoy las viviendas alcanzan hasta el sexto nivel. Algunos agujeros fueron enrejados y otros, pese a estar habitados, se mantienen desnudos. Los ocupantes más temerarios hicieron su propio cerramiento del balcón para ganar espacio. Una mayoría de vecinos de la zona desconoce el origen de la edificación, “siempre estuvo ahí” y conviven con la extrañeza incompleta.

“Hace años que está abandonado y se metió gente a vivir muy humilde. Tienen servicios muy precarios, están colgados de la luz, no tienen cloacas y viven en un edificio a medio hacer”, dijo a LA NACION Ana Fabbri, vecina del barrio. Los ocupantes, en tanto, no quisieron hablar.

De acuerdo pudo reconstruir LA NACION en base a fuentes judiciales y los expedientes 16026874/69, 56757/04 y 16208/10, el edificio fue adquirido en 1972 por el Estado Nacional para construir viviendas sociales, pero nunca se inscribió la compra. Una serie de irregularidades investigadas por la Justicia penal dejó al inmueble hoy en manos de particulares.

La historia del gigante abandonado involucra a empresas constructoras en quiebra y presuntas estafas con adulteración de escrituras y boletos de compraventa. El Ministerio Público Fiscal ahora tiene que definir si hubo un defraudación del patrimonio público valuado en 6 millones de dólares. La inactividad del Estado terminó por formular un enigma ¿a quién le pertenece la torre abandonada de Belgrano R?

“El edificio lo construyó en 1965 la empresa Promobra S.A que luego quebró y lo dejó como se ve ahora. Nos preocupa mucho la cuestión registral y legal de ese inmueble que realmente pertenece al Estado Nacional porque tenemos conocimiento que recientemente fue puesto en venta por privados que ´limpiaron el dominio´”, dijo a LA NACION Carlos Prillwitz, abogado y representante de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, una asociación vecinal formada en los 80, sin fines de lucro.

Historia

A través de los diferentes expedientes judiciales de los fueros comercial y penal a los que accedió LA NACION fue posible reconstruir que en 1965 el inmueble pertenecía a Promobra, una constructora que se quedó sin fondos en medio del avance de la edificación y se declaró en quiebra. La situación afectó a las personas que habían adquirido unidades mientras todavía se construía.

Promobra había constituido una hipoteca que tenía como beneficiario a un actor privado, Francisco Barillaro, quien ante la declaración de la quiebra tuvo el derecho de ejecutar el edificio y lo subastó. En 1972 se realizó una subasta pública en la Corporación de Rematadores, ubicada en microcentro y quien ganó el remate fue el Estado Nacional. A través del ministerio de Bienestar Social —actual ministerio de Desarrollo Social— compró el edificio en septiembre de aquel año por $757.000, un inmueble de tres lotes con una superficie de 1587 metros² y 15 pisos que iba a ser destinado a viviendas sociales. El Poder Ejecutivo depositó el pago a través del Banco Hipotecario Nacional, pero nunca escrituró ni suscribió la compra de la subasta del bien en el Registro de Propiedad Inmueble por más que fuera intimado a hacerlo en varias oportunidades. Tampoco realizó las viviendas sociales prometidas.

La inactividad del Estado hizo que el edificio se mantuviera sin cambios hasta 2004, momento en que el dominio del edificio apareció sorpresivamente inscripto con actores particulares como dueños. La situación encendió la alarma de la síndica que estaba a cargo de monitorear el patrimonio de Promobra tras su quiebra, que realizó una denuncia penal.

Cuatro personas quedaron imputadas en aquel entonces por el delito de estafa y falsificación de documentos públicos y privados. Entre ellas, Ramón Hugo Eiviño y Rubén Orlando Pereyra que fueron señalados por la fiscalía de, presuntamente, haberse adjudicado el dominio del edificio mediante la adulteración de la escritura y el boleto de compraventa. La hipótesis de los investigadores era que hubo una simulación. Los acusados fueron luego sobreseídos por la Justicia.

Según consta en el expediente, en el momento de solicitar que la causa se eleve a juicio oral, el fiscal consideró que Pereyra utilizó documentos falsos para hacerse pasar por el presidente de Promobra y en una operación simulada vendió a Eiviño el inmueble en Olazábal al precio vil de $100.000, un término empleado para referirse a las compraventas en que la operación se realiza por un valor muy por debajo del real.

En la investigación consideraron que los supuestos simuladores adulteraron rúbricas inscriptas en la Inspección General de Justicia (IGJ) para poder ratificar la venta a favor de Eiviño. De acuerdo con Prillwitz esta última persona sería un presunto testaferro que se dedicó a cobrarle alquiler a las personas que empezaron a habitar los primeros pisos del edificio. El fiscal señaló que Eiviño intentó en al menos cuatro oportunidades hipotecar el edificio y finalmente vendió el 20% de la propiedad a una constructora. La venta quedó suspendida por la denuncia penal y en la Justicia comercial se impuso un embargo en el inmueble después de que Eiviño también se declarara en quiebra.

No sería hasta abril de 2018 que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°9 resolvieron sobreseer a los imputados y archivar las actuaciones por haber prescripto la causa. El decreto de citación a juicio se había realizado el 30 de diciembre de 2011, pero el transcurso del tiempo sin que se celebrara hizo que la acción penal contra los acusados se extinguiera.

Hace un mes Eiviño pudo levantar las medidas cautelares que afectaban su quiebra luego de que una empresa llamada Edificaciones Kaimo depositara el dinero necesario para que aquello sucediera. Esta constructora realizó una serie de pagos en una cuenta del Banco Ciudad hasta que se alcanzó la suma de $942.282,89 que exigía la Justicia para el levantamiento del embargo y hoy, después de 50 años el edificio podría venderse, pero en esta oportunidad no por el Estado sino a manos de privados. “La quiebra del Sr. Eiviño fue levantada y se encuentra firme e inscripta”, informó a LA NACION el síndico a cargo de la quiebra.

LA NACION intentó comunicarse con Edificaciones Kaimo por diferentes vías sin éxito. Se trata de una empresa radicada en la localidad de Lanús y no tiene disponible o publicada su información de contacto. Consultada luego a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), desde la entidad no quisieron dar precisiones sobre la compañía. Por otro lado se contactó al representante legal de Eiviño y hasta el cierre de la nota no se recibió respuesta.

“El 3 de noviembre presentamos un escrito denunciando esta situación en el expediente comercial y solicitando que intervenga el Ministerio Público Fiscal, y que se le notifique al Estado Nacional y al posible comprador. Porque parece que todos están de acuerdo con que se haga un negocio de un inmueble valuado en alrededor de 6 millones de dólares. Está sucediendo a la vista de todo el mundo que un privado está ofreciendo en venta un inmueble que es de propiedad del Estado Nacional. El caso empezó a mediados de los 60 y es una radiografía de la inoperancia y desidia del Estado argentino”, sostuvo el abogado Prillwitz.

LA NACION se comunicó con representantes del Ministerio de Desarrollo Social -en la actualidad a cargo de la ministra Victoria Tolosa Paz- que hasta el momento no brindaron declaraciones sobre la situación.

Uno de los mayores atractivos para futuros compradores es que se trata de un edificio de 15 pisos ubicado en una zona donde el código urbanístico prohíbe las construcciones por encima de los tres pisos. Como fue levantado cuando esta prohibición todavía no aplicaba, no existe obligación para los dueños de demolerlo. Desde el punto de vista estructural, está en condiciones y se mantiene. Es posible que el comprador que se lo adjudique, remodele las unidades y obtenga una gran ventaja en el negocio inmobiliario por poseer un edificio en una zona residencial de alto poder adquisitivo donde no tendrá nuevos competidores alrededor.

Vecinos

La entrada de Olazábal es una puerta de hierro negra con numeración catastral. Hay un timbre en una pequeña caja de metal enrejada y está cercada por carteles publicitarios que se acostumbra ver en las obras en construcción. La obra permanece y lo único que cambia son las publicidades que ahora promocionan la nueva serie de Guillermo Francella y el último disco de los Arctic Monkeys.

En una recorrida que realizó LA NACION por la zona los vecinos de Belgrano se refirieron a la situación. Manuel, un vecino de enfrente que vive sobre la calle Olazábal, dijo: “Vivo hace 21 años acá. La empresa quebró y los que habían comprado departamentos perdieron la inversión. Cuando abandonaron las obras se empezó a ocupar con gente que tomó el edificio. La gente que vive acá es buena onda, la verdad que se convive bien con ellos”.

Por su lado, Brian, otro vecino que vive a pocas cuadras, refirió: “Vivo hace 15 años y la obra ya estaba frenada cuando yo llegué. Nunca tuve problemas con los que viven ahí, pero los del edificio de al lado tienen muchos conflictos con ellos, más que nada por la suciedad y porque les desvaloriza su propiedad en el barrio”.

Roberto, un vecino histórico de la zona, agregó: “Hace 30 años vivo en el barrio. Antes vivía en un departamento sobre Mendoza y el contrafrente de mi casa daba al edificio abandonado. Hace unos diez años llegó la policía para desalojar a los ocupantes por el conflicto de uno de los habitantes con los vecinos del barrio. Hubo conmoción pero al final no los desalojaron porque aparecieron los dueños del edificio y le dijeron a las autoridades que ellos le permitían vivir ahí”.

La Sociedad de Fomento de Belgrano R está interviniendo para que la torre recupere su destino original, es decir para asignar viviendas sociales. Desde la entidad proponen que las unidades sean utilizadas como primera vivienda de trabajadores de las áreas de salud, educación y seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

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