Quemadores seriales: La historia de la familia cordobesa acusada de iniciar cientos de incendios

CÓRDOBA.- Entre 2015 y el año pasado se abrieron 25 causas judiciales por inicio de incendios en Córdoba y solo hubo dos condenas, ambas de ejecución condicional, y una de ellas por un caso anterior a 2015.

Este año se elevó una más a juicio, que impacta: según datos aportados por la Administración del Parque Nacional Quebrada de los Condoritos, entre 2016 y el año pasado en esos campos se registraron 206 columnas de humo.

Los dueños de esos campos yaacumulaban denuncias por inicio intencional de fuego para quemar pasturas que, en función de las condiciones climáticas y ambientales, se expandían a otras zonas. Las estancias son vecinas al parque nacional y está en la reserva hídrica provincial de Pampa de Achala, uno de los paisajes más imponentes de Córdoba, a 110 kilómetros de la capital provincial.

"Hace tres generaciones que tenemos estas prácticas. Vamos por seguir quemando", aseguran testigos que dijeron varias veces los Becerra, apellido de los dueños de las estancias San Alejo y Paso de las Piedras. Alejandro y Francisco Becerra son los hermanos que se encargan de la administración de los campos más allá de que la propiedad se reparte entre más integrantes de la familia.

Alejando estuvo detenido y está acusado, junto a dos trabajadores, de ser el iniciador de un incendio en mayo, el primero grande de este año en Córdoba. Los daños fueron no solo en sus hectáreas, sino en propiedades vecinas y en el parque nacional.

La fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, fue quien ordenó las detenciones y elevó la causa a juicio, acción que fue apelada por los acusados. "Investigamos de oficio el incendio –dijo a LA NACION-. Las condiciones eran complicadas y queríamos determinar si era intencional y, si era así, quiénes eran los autores. Las pericias demostraron que fue provocado por el hombre; se realizaron medidas probatorias y allanamientos y así se determinó la responsabilidad del dueño y de dos peones".

El origen del fuego, una vez más, fue la quema de pastizales para su regeneración. "En los últimos años se habían abierto otras investigaciones pero no se logró determinar la autoría; esta vez a prueba que aportó Parques Nacionales fue muy útil e importante. Otros vecinos también colaboraron. Los imputados apelaron la elevación a juicio y esperamos la resolución del juez de Control", agrega la fiscal.

Germán Jaacks, intendente del Parque Nacional Quebrada del Condorito, explicó que a requerimiento de la Justicia presentaron un informe de 32 fojas con un adjunto de 199 fojas de material digitalizado de copias de libros de guardia y documentación oficial certificada en el que dan cuenta que, entre, 2016 y 2019 detectaron 206 incendios en las estancias Paso de las Piedras (y parcelas anexadas) y San Alejo (con tierras anexadas, incluyendo el campo El Durazno). A esos se les suman dos incendios este año, de idénticas características, uno de los cuales fue el que ingresó al parque nacional en mayo.

"En mayo por primera vez en diez años cesaron los incendios en esos campos", apuntó Jaacks. En el parque llevan un registro de "novedades", que incluyen incendios dentro y fuera del perímetro: "Es toda documentación oficial; en mayo no alcanzamos a hacer la denuncia porque la Justicia actuó con celeridad. Una vez que se determine quién inició el fuego generaremos la acción para que costeen las reparaciones ambientales".

Peligro potencial

Añade que en ese incendio las condiciones de peligro eran "muy altas" por lo que quien prendió el fuego debía prefigurarse que se le podía ir de las manos con un potencial de daño grande. "Por las imágenes satelitales vimos que esa misma jornada hubo múltiples inicios en esos campos; había ausencia de convectivas, es decir de los remolinos que hacen saltar chispas. En varios momentos de la mañana se prendieron focos al norte del parque", dijo Jaacks, e insistió con que los antecedentes los mantenían en alerta.

Martín Cascone, abogado asesor del exintendente del parque Quebrada del Condorito, ratificó ante LA NACION que los Becerra son infractores habituales y recordó que en septiembre de 2017 presentó una denuncia porque un incendio ingresó a la reserva nacional, provocando daños. También hay otras de años anteriores. "Es un problema que viene desde hace años; hacen quemas para el rebrote de pasturas y en muchas oportunidades se expande", indicó.

Previo al incendio de 2017, según dijeron, las autoridades del parque intentaron encausar un diálogo, hacer un pacto de caballeros, y le ofrecieron colaboración en el manejo de los fuegos: "Duró tres o cuatro meses; nunca se puede dialogar. Los campos están en la reserva hídrica provincial donde los fuegos están expresamente prohibidos".

El estudio Cascone emitió un comunicado en el que hace "un pedido de atención" a la Justicia, "instándola a que por medio del cumplimiento de la ley asuma un rol ejemplificativo" ante los incendios. "Quien diga utilizar el fuego como un recurso, así sea ancestral, no puede no comprender ni dejar de analizar el potencial riesgo que está generando y la prohibición legal que sobre tal acción pesa. Este delito motiva la acción pública de los fiscales, que tienen la obligación de ejercerla, debiendo llevar adelante procesos ejemplificativos que terminen con esta práctica nociva, logrando la elevación de las causas a juicio. Solo así la sociedad sentirá el sosiego de la protección".

LA NACION conversó con Tristán Gavier, abogado de Alejandro Becerra, quien aseguró que "jamás se acercó nadie de Parques Nacionales a conversar el tema manejo del fuego. "Ninguna persona de algún organismo, es falso", afirmó. "La causa se elevó a juicio sin brindar a la defensa copias de la causa, y sin darnos herramientas para poder defendernos. No hay pericias oficiales realizadas, sólo informes tendenciosos. La investigación es incompleta, y a pesar de ello la Fiscal de la causa requirió la elevación a juicio igual", agregó.

Sostuvo que la familia Becerra "creó un campo modelo de producción ganadera a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar, quizás el más alto de la Argentina. Hoy es un campo modelo de ganadería, vaca, llamas y caballos con tecnología avanzada, y se realizan inseminaciones artificiales en los animales. En el campo no hay luz, señal de teléfono, caminos, policía, etc".

Planteó también que el parque tiene 150.000 hectáreas y hace menos de 10 años existieron dos incendios muy grandes adentro: "Uno que quemó 3000 hectáreas; se quemaron más allí que en otro campo, y más veces que en otro sitio en la zona".

Daniel Mazzocone y Gonzalo Ortiz Lenardó son los defensores de los dos peones imputados; esgrimen ante este diario1 que son "inocentes", que no tienen "nada que ver" con la imputación. "Estuvieron siempre abocados a sus tareas con los animales; nunca a prender fuegos que pudieran provocar daños. No tuvieron participación alguna", dijeron. Los trabajadores viven en la zona, "no tienen antecedentes, nunca tuvieron conflictos ni tienen que ver con decisiones en el manejo de la estancia que los exceden".

"No nos ensañamos con nadie, solo queremos que se aplique la ley –subrayó Jaacks-. Vivimos en medio del estrés y el desasosiego, en vigilia y con desgaste y gastando recursos. Es injusto estar desde hace años así. En varias oportunidades ellos manifestaron expresamente que quemaban y que seguirían quemando cuando está expresamente prohibido hacerlo".

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia, advirtió que hasta los bomberos de la zona tienen problemas y reciben amenazas cuando quieren actuar en incendios de los campos. Es una situación que mantiene en estado de angustia a los pobladores de la zona, además de generar daños ambientales importantes y perdurables.

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