Qué explicación dio el funcionario que firmó la resolución sobre discapacidad

El mensaje generó una oleada de respuestas en la red social X: “¿Pero si lo firmaste vos?”, decían cientos de respuestas, que se acumulaban una tras otra, a continuación del posteo original: “Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”. Quien daba la información era justamente el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el abogado Diego Spagnuolo. El mensaje apareció luego de una polémica resolución publicada en el Boletín Oficial, que llevaba su firma, y que incluía términos como “imbécil”, “idiota” y “retardo mental”.

Se trata del baremo con el que se pretendía fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Ante el repudio colectivo de las familias y las organizaciones y especialistas, el Gobierno decidió dar marcha atrás y modificar el texto, aunque no las condiciones que se establecieron en el baremo.

Spagnuolo salió a dar explicaciones en la red social X, desde Israel, en un viaje oficial, donde se encontraba el funcionario cuando se desató la polémica. Primero, con un mensaje en el que aseguraba que se trataba de un error, y que se había impulsado una investigación interna: “En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial. Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, escribió.

Y siguió: “La Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales. Por último, ya se inició una investigación interna para determinar la o las personas responsables de esto y avanzar con su desvinculación, asegurando así que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”, indicó Spagnuolo.

Una hora después publicó otro tuit: “Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”, dijo. La frase avivó más las críticas. Y la respuesta no tardó en llegar: “¿Renunciaste o solo era una persona con un nombre idéntico al tuyo el que firmó?”, le replicó un usuario. “¿Cómo hiciste para autodesvincularte? ¿Tenés múltiple personalidad o que?”, apuntó otro.

“El sistema de atención de salud mental en la Argentina está virtualmente al límite. Esto incluye familias, profesionales, docentes, centros de salud y un largo etcétera. El Gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial. Es un error grave porque, afortunadamente, hay mucho conocimiento en la materia y la Argentina cuenta con grandes profesionales que deberían ser consultados antes de cometer estos bochornos que, incluso, trascienden fronteras”, criticó Paulo Morales, representante de TEActiva, una organización que nuclea a padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

“Estos errores son un retroceso para la evolución humana, pero al mismo tiempo son también una oportunidad para seguir concientizando. Afortunadamente hace rato ya que la discapacidad no define a una persona ni su destino. Todos aprenden, sobre todo los niños. Y, desde hace cierto tiempo, somos cada vez más los que entendemos que no está cada uno en su mundo, sino que estamos aprendiendo a convivir todos en el mismo. El único que existe”, agregó Morales.

LA NACIÓN intentó comunicarse con Spagnuolo, para que diera una explicación de cómo se filtró ese texto, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

El funcionario llegó a la Andis en enero último. Su currículum no contiene antecedentes en materia de discapacidad. Fue abogado de Javier Milei. Según publicó Chequeado, está matriculado en la ciudad y en San Isidro. Fue parte del gabinete de Carlos Kambourian en la Secretaría de Salud de Pilar, como asesor legal.

Según pudo saber LA NACIÓN, serían dos personas las que fueron desvinculadas. Se trataría de dos empleadas de la Andis que ya trabajaban en la gestión anterior. Una de ellas fue identificada como Tatiana Alvarado, quien era la coordinadora de Fiscalización Médica en la entidad. Se trataría de una empleada que ya venía de la gestión anterior, enfatizaron las fuentes consultadas, y que participó en la redacción del texto que se publicó y que habría renunciado unos días antes de que se publicara en el Boletín Oficial. La otra persona involucrada es la empleada que se desempeñaba como actual coordinadora, pero que aún no había sido designada, Myriam Améndola.

El texto

El texto de la resolución decía: “Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”

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