Qué dijo el fiscal en los alegatos finales del juicio por la masacre de pingüinos

COMODORO RIVADAVIA.— En el contexto de los alegatos finales del juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo, la fiscal general Florencia Gómez aseguró que quedaron acreditadas la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado en cada uno de los hechos entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021. “La defensa técnica no ha logrado desvirtuar la prueba, ni traer prueba contra la aportada por el Ministerio Público Fiscal”, dijo.

De este modo, la fiscal confirmó la acusación contra Ricardo La Regina, único imputado por el delito de “ecocidio”, por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos. El veredicto se conocerá este jueves a las 11 en la ciudad de Rawson.

Durante la jornada, también se llevaron a cabo los alegatos finales del juicio de los querellantes Martín Castro, en representación del Estado provincial, y el abogado Eduardo Hualpa, en representación de las fundaciones Patagonia Natural, National Geographic y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

Gómez, en el desarrollo de su alegato, explicó que se trata de un delito que es “daño porque acá se destruyó, se hizo desaparecer el hábitat del pingüino de Magallanes, se desmontaron 2049 m² con toda la flora y fauna nativa. No era de su propiedad, acá nunca se debatió el derecho a la propiedad, la flora y la fauna no le pertenecen al imputado sino al Estado y la sociedad toda”.

Y agregó al respecto: “Es agravado porque se ha desmontado 2049 m² de zona de reserva de biosfera, con protección internacional por la fragilidad del sistema. Se destruyó vegetación nativa y se levantó 40 cm de la capa del suelo, hay zonas que son irrecuperables”.

Crueldad animal

La fiscal que llevó adelante la causa puso en debate durante el juicio la crueldad a los animales y sostuvo que “quedó acreditado por lo manifestado en especialistas en pingüinos que hubo arrastre, compactación y derrumbe de nidos. Quedó acreditado por imágenes satelitales que había pingüinos en el lugar. Fue entre el 26 de noviembre y 4 de diciembre en plena zona de alta densidad de nidos en época reproductiva de pingüinos de Magallanes”.

En tanto, desarrolló, “se actuó con dolo directo porque el imputado conoce el ciclo reproductivo del pingüino, no desconocía el ciclo biológico, conoce cuando llega el pingüino a su nido en septiembre. Tuvo un desprecio total sobre la biodiversidad porque había otras especies conviviendo con los pingüinos”.

Además, acusó al imputado de realizar “caminos, desmontes y tajamares” por un fin económico, antes que la protección ambiental. “Hubo siempre un plan económico del imputado, compró una retroexcavadora para abrir caminos y tajamares”, declaró.

Al finalizar, advirtió que “se le imputan tres hechos porque, gracias a las imágenes satelitales se pudo determinar que entre el 10 y 14 de agosto hizo el camino A, entre el 10 y 14 de setiembre volvió a pasar la máquina por el camino A y entre el 26 noviembre y 4 de diciembre se produjo el daño mayor con el camino B y el desmonte”.

Las palabras del imputado

Ricardo La Regina, único imputado en la causa, volvió a señalar que “su intención con todo esto es que se use la tierra de manera correcta, proteger a los pingüinos y que me dejen trabajar tranquilo”.

A su turno, Martín Castro, en representación del Estado provincial, destacó algunas pruebas testimoniales que se escucharon en el debate, como por ejemplo, los dichos del denunciante Luis La Regina (tío del imputado y con un campo lindante al establecimiento donde se produjeron los daños), de algunos especialistas como por ejemplo Pablo Borboroglu “por sus altos conocimientos científicos” y del relevamiento con imágenes que efectuaron los fotógrafos Maximiliano Jonas y Daniel Feldman.

Además, valoró el relevamiento efectuado por Borboroglu respecto de la cantidad de nidos y ejemplares afectados. También destacó los testimonios de testigos que refirieron a la ausencia de autorización para ejecutar los dos caminos y a otros que dieron cuenta de las imágenes satelitales para probar las fechas de realización de los caminos. En este sentido, contrastó testimonios de especialistas con los dichos de dos testigos maquinistas que fueron aportados por el defensor Federico Ruffa.

“No tengo dudas de que el señor La Regina ha cometido un ecocidio y por ello la calificación legal escogida es la correcta”, indicó Castro, para concluir en que “poco le preocupó al imputado la convivencia con los pingüinos”.

Castro concluyó que el imputado La Regina “a sabiendas de que no podía hacer lo que hizo, actuó de manera consciente afectando a la flora y la fauna, sin importarle el interés colectivo. Por eso tuvo una actitud dolosa”.

La visión de los ambientalistas

Por su parte, Eduardo Hualpa, que representa a las entidades ambientales, reiteró los efectos del delito investigado y el carácter público “de toda la sociedad, que significa el bien afectado, el medio ambiente”.

Hualpa destacó el aporte científico para probar el caso, como por ejemplo los aportes realizados por especialistas en imágenes satelitales y espaciales que brindaron su testimonio, especialmente el testimonio de Samuel Guilford. Para el querellante quedó demostrado la ejecución de un camino y alambrado electrificado que dividió en dos a la colonia, el estrés causado en los pingüinos por la tarea de esa máquina, además de efectos más graves como la muerte de animales y pichones.

Aseguró que el imputado tenía conocimiento de que en el momento de hacer el camino y la colocación de los alambres, existía una actividad creciente de presencia de pingüinos en plena época del año de reproducción.

Para Hualpa, el daño causado se produjo en un momento de alta densidad de animales, quedando demostrada la crueldad de los medios utilizados. Concluyó pidiendo al Tribunal que se declare culpable a Ricardo La Regina, indicando que “el ambiente necesita protección porque se trata de un sistema que ya no resiste más agresión”.

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