Mar Azul: qué dice la primera resolución judicial sobre un proyecto de más de 100 departamentos frente a la playa que los vecinos rechazan

MAR DEL PLATA.– La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por vecinos de la localidad de Mar Azul y ordenó detener “en forma urgente” cualquier movimiento de obra correspondiente al proyecto inmobiliario que prevé la construcción de 116 departamentos en lotes con salida directa a la playa, donde durante décadas funcionó un camping privado.

La resolución, firmada ayer por Marcelino Escobar, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Dolores, y a la que accedió LA NACION, consideró que “debe privar el principio precautorio ante la urgencia de poner coto a cualquier tipo de daño ambiental que pudiera generarse” en ese escenario, por lo que acepta el pedido de los demandantes frente a la “irreversibilidad” posible de cualquier acción del desarrollo de este complejo sobre el entorno natural del lugar.

Lo dispuesto por el magistrado no es un freno definitivo al emprendimiento, sino –tal como lo aclara en su escrito– una pausa para que se permita analizar los reclamos en profundidad y se dicte una medida definitiva sobre la cuestión.

Las denuncias de los propietarios de Mar Azul, tanto residentes como varios que tienen allí sus casas de veraneo para uso propio o renta, advertían que el desarrollo inmobiliario que lleva el nombre “Solanas Mar Azul” pone en riesgo el frente marítimo y, con ello, el medio ambiente, en particular por los primeros movimientos de arena que ya se habían producido y el riesgo de eliminación de un médano que oficia como protector natural en esa porción de costa.

Directivos de Grupo Portland, que lleva adelante este proyecto junto al Grupo Solanas, confirmaron a LA NACION que tenían autorización municipal para demoler las construcciones que habían sido parte del camping que funcionó en ese predio delimitado por las calles 36 y 37, al este por la playa y al oeste por la calle Mar Azul.

Desde la firma también aseguraron que se presentó un estudio de impacto ambiental y esperan la correspondiente aprobación del Concejo Deliberante. Pero aclararon a LA NACION que, hasta tanto no llegue esa autorización, no se iniciará la obra.

Los vecinos, por el contrario, consideraron que la intervención con topadoras y palas mecánicas no se limitó a reducir a escombros lo que estaba en pie, sino que también retiraron una importante cantidad de arena que era parte del frente de médanos. Aseguran que su eliminación representa un riesgo de salinización de las napas de agua dulce de las cuales se abastece la localidad para la red domiciliaria.

LA NACION se comunicó hoy con directivos del Grupo Portland y respondieron que hasta esta mañana no habían sido notificados de la medida cautelar librada por el juez Escobar, que también ordenó notificar a la Municipalidad de Villa Gesell para que haga cumplir la resolución en función del poder de policía que esa administración tiene sobre ese distrito.

Al mismo tiempo, resolvió dar vista del expediente a la Fiscalía de Estado bonaerense para que tome conocimiento del proyecto cuestionado y “evalúe las medidas que corresponderían en el marco de la protección costera en atención a la clase de obras involucradas”.

La presentación en los tribunales se hizo a nombre de un particular, pero atiende el reclamo común de quienes conformaron y son parte de la denominada Asamblea en Defensa de la Duna y el Agua.

“Soluciones expeditivas”

En el escrito se adjuntó documentación, incluidas varias imágenes del lugar, para que el juez tuviera presente la intervención que el desarrollador inmobiliario ya había iniciado sobre esas tierras, que se encuentran alambrados y con cartelería identificatoria del complejo por construir.

“Se advierte prima facie el movimiento de arena y la producción de excavaciones que se estarían produciendo en el área denunciada”, resaltó Escobar y, con citas de jurisprudencia, destacó que “la tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la Justicia”.

A la par de este reclamo vecinal en Mar Azul, asoman otros de similar tenor en otros destinos de la costa atlántica, siempre con quejas por el avance de construcciones que pondrían en riesgo el medio ambiente. A mediados de este mes se vivió una protesta importante en el acceso al barrio privado Costa Esmeralda, en el Partido de la Costa y justo en el límite con Pinamar. Allí también hay oposición de propietarios a un desarrollo inmobiliario que prevé edificios de hasta cuatro pisos –algunos de ellos, en la primera línea de mar– y también presentaron un amparo ambiental y medida cautelar con la intención de que la Justicia pueda frenar cualquier avance de la obra cuestionada.

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