Qué destino tendrá el predio de la cárcel de Devoto: estas son las principales ideas en análisis

En su discurso antes la Legislatura el 1° de marzo, Jorge Macri ratificó la intención de “liberar a los vecinos de tener que convivir con un penal que no debería estar ahí”

“Queremos liberar a los vecinos de Devoto de tener que convivir con una cárcel que no debería estar ahí”. La frase le pertenece al jefe de gobierno, Jorge Macri, y fue dicha el sábado 1° de marzo ante la Legislatura porteña, donde dio inicio al período de sesiones ordinarias y anticipó algunas de las acciones que su administración prevé impulsar este año.

Si bien las palabras fueron para enmendar un error que cometió durante el discurso, el alcalde porteño se mostró confiado en que esta vez iba a concretarse el traslado de los presos a una unidad del complejo penitenciario que está en construcción en el partido bonaerense de Marcos Paz. La mudanza del último penal de la ciudad de Buenos Aires es una promesa que Pro repitió durante sus 17 años de gobierno en la Capital. “Lo vamos a lograr”, lanzó.

Mientras el proceso para llevar a los reclusos a la provincia transcurre en medio de cruces entre la gestión porteña con el gobierno nacional por la superpoblación carcelaria, se reaviva el debate vinculado al destino que tendrá el predio de casi cinco hectáreas comprendidas por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, de Villa Devoto, una zona residencial de casas bajas del oeste de la ciudad.

En la actualidad, en el terreno donde se ubica el complejo carcelario está vigente la categoría de “Distrito de Urbanización Futura”. Esto implica sectores “de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción”.

“Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales”, según establece el Código Urbanístico.

Precisamente, la gestión porteña activó el tema para iniciar en el Parlamento local el trámite que permita clarificar las normas urbanísticas que tendrá el sitio más adelante, una vez que sean demolidos los edificios, a excepción de aquellos que tengan valor patrimonial, que permanecerán en pie.

Los proyectos que están bajo análisis plantean varias opciones que, con matices, buscan que haya un espacio verde y público, aunque las diferencias surgen respecto de las actividades comerciales que puedan sumarse, como locales de gastronomía, y la construcción de desarrollos inmobiliarios.

La historia

El complejo penitenciario, el último en pie en la ciudad de Buenos Aires tras la demolición de la cárcel de Caseros en Parque Patricios, fue inaugurado en 1927 como una prisión para contraventores y dependía de la Policía Federal. La construcción se levantaba en lo que, por entonces, era una zona de quintas y con poca población permanente.

Los altos muros llegaron años después, cuando se convirtió en un lugar de máxima seguridad bajo la órbita del gobierno nacional, ya que fue incorporado al Servicio Penitenciario Federal. Y, paralelamente, las manzanas de alrededor fueron sumando viviendas y residentes estables hasta transformarse en un área urbanizada.

“Es un despropósito. El penal no debería estar acá”, afirmó Mirta García, una vecina que vivió frente a la cárcel por muchos años. La mujer fue testigo de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el complejo, como motines e intentos de fuga. También vio asomarse desde sus ventanas a personajes conocidos como Arquímedes Puccio o Sergio Schoklender. Y sostiene que en la actualidad persisten escenas que generan temor.

Desde 2006 que los vecinos conformaron un grupo que mantiene la demanda para que sea efectivo el traslado del complejo penitenciario. García confesó que el anuncio hecho por Jorge Macri le generó “expectativa” dado que quieren “el progreso de esta zona de Devoto Sur que parece que está olvidada, como detenida en el tiempo”.

“Nos gustaría tener una reunión con el jefe de gobierno porque tenemos muchas propuestas, como abrir las calles Melincué y Nazarre. Que haya un espacio verde, que nos hace falta, y que no nos llenen de edificios”, adelantó. A la vez, planteó que uno de los chalets que está en el predio, en Bermúdez y Pedro Lozano, podría convertirse en una biblioteca para el barrio.

Con más de 80 años como vecino de la cárcel, Manolo Fandiño anhela que en los terrenos puedan levantarse un hospital y una universidad, al igual que espera que quede espacio para un patio de juegos y cocheras subterráneas. Reconoce la posibilidad de que se levanten nuevos edificios de viviendas, pero aclara “que no sean de más de tres o cuatro pisos”.

“Cuando era una prisión de contraventores, los presos salían a la calle a barrer y pintar. Hasta tomaban mate con los vecinos”, recordó sobre las primeras décadas en las que funcionó el complejo. “Hoy eso no puede ser. Por eso, les pedimos que hagan un esfuerzo y saquen la cárcel”, señaló.

En 2024, el colectivo barrial Devoto Unido, por su parte, presentó ante la Legislatura un proyecto ante “la enorme preocupación” que generaba “el escenario incierto respecto de la planificación para el predio del complejo penitenciario”. Por ello, promovieron “la creación de un espacio verde de uso público incorporando la refuncionalización de sus construcciones identitarias con usos culturales, educativos e institucionales de acceso libre y gratuito”.

Siete años de un acuerdo para el traslado

Fueron muchas las veces que Mauricio Macri como jefe de gobierno dijo que iba a mudar la cárcel. Allá por 2011, trascendió un plan para que los detenidos vayan al complejo Agote en Mercedes. Nada ocurrió. Recién en 2018 la Casa Rosada firmó un convenio marco con Horacio Rodríguez Larreta, entonces al frente del Ejecutivo porteño, para la relocalización en Marcos Paz. Las obras comenzaron, pero quedaron estancadas. En enero pasado, el actual alcalde anunció el reinicio de los trabajos.

El entendimiento, firmado el 12 de marzo del 2018 entre la Nación y la Ciudad, establece que una vez que el predio “se encuentre desocupado y desafectado de los servicios del servicio penitenciario federal”, el gobierno porteño debe “promover ante la Legislatura la rezonificación del inmueble”.

Y contempla la posibilidad de la venta con participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pero solamente del 35% del total de la superficie para destinarla a la construcción de viviendas, mientras que el 65% restante deberá ser espacio público.

Desde la administración porteña señalaron a LA NACION que estuvo en evaluación la instancia de llamar a un concurso nacional para el desarrollo de anteproyectos, pero finalmente no se optó por esa alternativa y le pasaron el tema al Parlamento local. “Una vez terminada la obra y que se autorice el traslado de los presos del penal de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos”, aclararon.

En diálogo con LA NACION, el legislador de la Coalición Cívica y vecino de la zona Facundo Del Gaiso consideró que “finalizadas las obras en Marcos Paz y el traslado de los detenidos, quedaría un predio en el cual en el 35% de superficie en venta podría darse una ‘situación de espejo’ con la plaza Arenales de Devoto, con infraestructura, locales de gastronomía, oficinas y viviendas para que sea un lugar de disfrute de las familias y que, también, mejore todo el entorno”.

El legislador Alejandro Grillo, de Unión por la Patria, observó que todos los grandes emprendimientos tienen que pasar por el filtro de la participación vecinal. “Ese es un espacio privilegiado de la ciudad y las dimensiones dan para que podamos tener un nuevo espacio verde destinado a la vida comunitaria, integrado con sectores de servicios que hacen falta como el de un jardín de nivel inicial”.

Y el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano acompañó la idea de que haya un espacio verde y no emprendimientos inmobiliarios. “El reclamo de la mudanza de los vecinos es completamente comprensible”, dijo; no obstante, advirtió que “los detenidos pueden ser llevados a cualquier cárcel del país y eso tiene perjuicios grandes porque los aleja de la familia y la asistencia legal se vuelve difícil de solventar”.

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