Pruebas Aprender: el callejón sin salida de la mala praxis de la política educativa y la pobreza

Ayer se conocieron los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023 y también, un error crítico en la elaboración de los resultados de las Aprender 2021. Hay una sola buena noticia y una acumulación de preocupaciones. La buena noticia es que, en la Argentina, la evaluación educativa se ha convertido en una política de Estado sostenida. Nació hace treinta años cuando se creó el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem; se siguió aplicando en los gobiernos siguientes y se continuó en las pruebas Aprender desde 2016, en la gestión de Mauricio Macri, que introdujo innovaciones en el operativo, y sigue vigente actualmente. Las malas noticias son varias y urgentes.

Por un lado, tienen que ver con los resultados que muestran las Aprender 2023, una foto pero también una película de un estancamiento en niveles bajos de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria. Por el otro lado, con lo que la información divulgada ayer muestra implícitamente sobre una serie de cuestiones centrales de la educación argentina: una solidez técnica dudosa de parte de los responsables de la política de evaluación a nivel nacional; una baja capacidad de la política educativa en general, también de las provincias, para modificar el rumbo del sistema educativo; un sistema educativo que navega sin instrumentos, provistos de estadísticas y evaluaciones educativas con problemas técnicos serios; el peso de la pobreza como factor determinante del destino educativo y el poco margen de la escuela pública para minimizar ese impacto y una sociedad en parte desenganchada del compromiso con la educación, más allá de la enunciación pública de esa preocupación y ese interés.

En relación a los resultados en sí, ayer hubo tres noticias. Primero, que casi el 49 por ciento de los alumnos de sexto grado está en los niveles básicos o por debajo del básico en matemática y en lengua; el 33,6 por ciento está en esos bajos niveles. Segundo, que los aprendizajes de lengua de 2023 muestran un empeoramiento respecto de 2021: hay un 4,5 por ciento más de alumnos con niveles por debajo del básico, un porcentaje que alcanzó el 33,1 por ciento el año pasado pero era del 29,1 en 2021. Y finalmente, que desde 2000, los aprendizajes están estancados en niveles bajos y que el año pasado, inclusive, empeoraron.

Corregido el error técnico encontrado en los resultados de 2021, elaborados en la gestión del entonces ministro de Educación Jaime Perczyk, los resultados muestran que la pandemia impactó en los aprendizajes de lengua, pero no tanto como se creyó. El tema no es menor. Sin esa corrección, se podría haber concluido que 2023 traía mejora educativa cuando en realidad empeoró respecto de 2021. Pero, además, ese error del informe 2021 producido por la Secretaría de Evaluación Educativa, liderada por el doctor en Ciencia Política Germán Lodola, disparó diagnósticos equivocados y por lo tanto, políticas también discutibles.

La auditoría que encontró el error en la elaboración de los puntajes de 2021 fue realizada por los consultores externos Augusto Hoszowski, licenciado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en muestreo y análisis de datos, y María Elena Brenla, psicometrista de la Universidad Católica Argentina (UCA), experta en la construcción de los ítems de las pruebas estandarizadas, a pedido de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

En ese error de la gestión educativa de Alberto Fernández ahí nace una de las malas noticias implícitas en los nuevos resultados. No es la primera vez que la Argentina muestra déficits en el manejo técnico de las evaluaciones educativas. Sucedió con las muestras de las pruebas PISA 2015 que afectaron la representatividad de los resultados, y que aquel año dejaron los resultados de la Argentina fuera del ranking. Antes de las pruebas Aprender, con las ONE, numerosos especialistas señalaron fallas técnicas que comprometieron la comparación de los resultados a lo largo de los años.

Participación

Otra de los datos inquietantes que ofrece la serie de pruebas ONE y Aprender es la baja participación de los alumnos, sobre todo en las escuelas de gestión pública. La participación general de los alumnos, a nivel nacional, fue del 70,8 por ciento en 2016, del 78,7 por ciento en 2018 y del 82,3 por ciento, cuando logró alcanzar una representatividad más consistente, que por debajo del 80 por ciento se vuelve problemática. Cuando se ve la participación por cada provincia o jurisdicción, el panorama empeora.

Neuquén es la provincia que muestra menor participación histórica: apenas un 29,8 por ciento de los alumnos en 2016; un 32,5 por ciento en 2018 y un 31,3 por ciento en 2021. En 2016, la participación de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires fue de apenas el 58,2 por ciento; en la provincia de Buenos Aires (PBA) del 69,3 por ciento. En 2023, la Capital tuvo una participación del 82,4 por ciento entre los alumnos de escuela estatal y del 82,7 entre los de las privadas. En la PBA, fue del 80,8 y 85,9 respectivamente. Neuquén mostró niveles de participación todavía más bajos, con apenas 19,5 por ciento de los alumnos en las estatales y el 52 por ciento en las privadas. En Chubut, los alumnos de escuela pública llegaron al 69,4 por ciento y en las privadas, al 86,8 por ciento. Misiones también mostró problemas de participación, con un 65,1 por ciento de los alumnos estatales.

La cuestión de la participación de los alumnos es clave para garantizar que los resultados obtenidos en las evaluaciones son representativos del total del sistema de cada provincia, y en consecuencia, una foto precisa de los niveles de aprendizaje del sistema educativo nacional. Es todavía más relevante cuando se da un desbalance de nivel de participación de los alumnos que van a la escuela pública comparados con los que van a la escuela privada: en esos casos, con una mayor asistencia a la prueba por parte de los alumnos de escuela privada, los resultados se sesgan al alza. En general, las escuelas privadas, por su composición social, muestran mejores niveles de aprendizaje que las escuelas públicas. En ese caso, la política pública termina tomando decisiones con un ojo tapado.

“Efecto cuna”

Hay un tercer problema de la política de evaluación de los últimos años que el informe divulgado ayer por la Subsecretaría de Evaluación bajo la gestión de María Cortelezzi intenta revertir. Tiene que ver con el cruce entre la condición socioeconómica de los alumnos y el tipo de gestión, estatal o privada a la que asisten. El conocido “efecto cuna”, es decir, el hogar pobre, de clase media o de nivel alto, de un alumno es un condicionante central de su desempeño. En la medida en que los sectores más empobrecidos asisten mayoritariamente a las escuelas públicas, de por sí, muestran peores resultados que las escuelas privadas. El capital social y cultural de los chicos de la educación privada sesga al alza sus niveles de aprendizaje. El tema central es separar el efecto cuna del aporte que la escuela pública o privada puede hacer, más allá de la inercia que acarrea la condición social de los alumnos.

Entre 2016 y 2018, el último año de publicación de resultados Aprender por parte de la gestión de Cambiemos y de la Secretaría de Educación a cargo de Elena Duro, los informes de resultados incluyeron el impacto del tipo de gestión, estatal o privado, en los resultados corregidos por los niveles socioeconómicos. Es un dato clave que permite analizar cuánto aporta la escuela en sí a un alumno de nivel socioeconómico bajo, no importa si está en escuela pública o privada. Es comparar peras con peras.

El famoso y polémico “cayó en la escuela pública” del presidente Macri en el primer informe Aprender de su gestión tuvo que ver con eso: en aquel informe preliminar, se divulgó ese resultado con la brecha escuela pública y privada sin corregir por nivel socioeconómico. Una vez publicada, día después la corrección, quedó claro que la brecha entre los dos sistemas, el privado y el público, existe y afecta a los niveles de aprendizaje de todos los niveles socioeconómicos pero no era tan pronunciada como los resultados mostrados en la conferencia de prensa de Macri. La escuela privada era más eficiente para educar a los más pobres pero no tanto en muchos casos porque el efecto de los pares de clases medias y altas, y no la escuela, es el factor positivo.

Ese indicador es clave para evaluar con mayor precisión a los gobiernos y sus políticas educativas en relación a la escuela pública: deja expuesto cuán eficiente es la maquinaria escolar para reducir la brecha con los alumnos de bajos recursos que van a la escuela privada. En ese punto, la Argentina sigue mostrando deudas educativas y sociales. No dependen solo de la escuela. Una pobreza del 60 por ciento en niños y adolescentes es una restricción casi infranqueable para una mayor eficiencia educativa.

Pero conocer cuán lejos se está de ese objetivo es central. Y ahí una cuestión: durante la gestión de Fernández y Cristina Kirchner, se dejó de elaborar ese cruce entre nivel socioeconómico y nivel de gestión. Por detrás de esa decisión, se repitió una idea: que exponer ese indicador era estigmatizar la escuela pública cuando se trata de todo lo contrario. De mostrar los desafíos que enfrenta la escuela pública donde se educa la mayoría de los más pobres y sus posibilidades de mejora.

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