Provincia. El 63% de los municipios que no tienen clases presenciales son opositores

MAR DEL PLATA.- Testean y hacen cuentas. Calculan y discuten el incremento de población durante los últimos años en busca de un cociente más favorable. Esos mínimos detalles analizan los municipios bonaerenses que pretenden probar un promedio de contagios por debajo del límite que representa una caída libre o un trampolín entre las fases sanitarias 2 y 3. La primera condena al distrito a mayores restricciones comerciales y a clases a distancia. La otra le asegura actividades ampliadas y el reclamado regreso a la escolaridad presencial.

Con un coro de quejas y en la búsqueda de ese esperado avance se mueve una amplia mayoría de administraciones opositoras entre 73 de 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, donde las aulas siguen vacías, los guardapolvos y uniformes continúan colgados en los placares de cada hogar y las posibilidades de contacto entre docentes y alumnos se limitan, en el mejor de los casos, a pantallas digitales y cuadernillos con tareas.

El 63% de esos municipios bonaerenses que a la fecha no pueden recuperar las clases presenciales (46) están gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) o, en casos excepcionales, representantes de alguna tercera fuerza, nacional o vecinal.

Una reciente y sorprendente resolución de la gobernación a cargo de Axel Kicillof devolvió de un plumazo la presencialidad escolar en unos 40 municipios que componen el conurbano y relegó a otras comunas que, en función de indicadores que miden el ritmo de contagio del nuevo coronavirus y demanda de camas de terapia intensiva, tienen realidades sociales y sanitarias de menor complejidad.

Jefes comunales que se sintieron afectados manifestaron a partir del último fin de semana su disconformidad con este abrupto giro de las autoridades provinciales que, entienden, favorece a la región del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en desmedro del interior bonaerense. Incluso, en algunos casos y sin eufemismos, se habló de “discriminación”.

El fastidio por la reticencia a devolver la presencialidad escolar se multiplicó aún más a mediados de esta semana, cuando el gobierno nacional –con inmediato aval de la provincia- ajustó condiciones y permite, entre otros beneficios, que distritos bonaerenses encuadrados en fase 2 puedan tener cines y teatros abiertos. “Pero las escuelas no”, reprochan los intendentes y los propios padres de alumnos.

“Bajos riesgos”

“Los riesgos de la presencialidad escolar son muy bajos”, advirtió en nota enviada al gobernador el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, para reclamar la reanudación de actividades en escuelas de su distrito. Allí registraron, según explica, 172 positivos entre 5297 alumnos (3,25%) y 87 entre 876 docentes (10%). “El cierre de escuelas profundiza la desigualdad social existente”, le remarcó.

Hoy, en Mar del Plata, ante la justicia federal se presentó un nuevo recurso de amparo por parte de 400 padres de alumnos que reclaman el regreso a las clases presenciales y consideran que la suspensión vigente es inconstitucional. Y, ante otro planteo similar, una jueza autorizó a un colegio privado, también de esta ciudad, a recuperar la presencialidad a partir de este lunes.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ha respondido con crudeza a los mandatarios molestos y les aconsejó cambiar el descontento por más esmero en los controles para reducir la circulación de personas y, con ella, del coronavirus, lo que redundaría en mejores registros para avanzar al menos hasta la fase 3, que contempla la presencialidad en las escuelas. “Tres horas hablé el sábado con ellos [intendentes de JxC] para explicarles por qué en cada distrito hay una cosa u otra”, dijo en declaraciones al programa radial bahiense La Brújula 24.

Lo cierto es que de ese diálogo, más allá de lo dispuesto por las autoridades provinciales, no terminan de surgir acuerdos generales. Entre esos gobernantes locales hay disconformidad sobre las condiciones y los números que determinan el encuadramiento sanitario de cada municipio. Avanzar de fase reclama un par de objetivos por cumplir: tener un índice de no más de 500 positivos cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días y una ocupación de camas de terapia intensiva por debajo del 80%. Con uno solo de los dos no alcanza.

Sospechas

Según un listado que en redes sociales publicó Alejandro Rabinovich, coordinador de Gabinete de General Pueyrredon, distrito que gobierna Guillermo Montenegro (JxC) y sigue en fase 2, en el conurbano solo La Matanza tiene menos de 500 contagios (428) confirmados durante las últimas dos semanas medidas. En el resto la denominada incidencia va desde 514 (Florencio Varela) hasta 1225 (General Las Heras) positivos en ese mismo período. “Todos estos distritos tienen las aulas abiertas y nos parece bien! Pero entonces no hay razón para que en Mar del Plata, con una situación igual o aún mejor que muchas de esas localidades, las escuelas estén cerradas”, se quejó desde Twitter.

La sospecha generalizada es de un manejo discrecional de estos indicadores, con un notorio apuro para retomar clases presenciales en el Gran Buenos Aires luego de que, tras días de confinamiento de alcance nacional, la Capital confirmara el regreso a las aulas a comienzos de este mes.

El malestar huele a bronca por esta zona desde que circuló un informe de Región Sanitaria VIII, que depende del Ministerio de Salud bonaerense y releva el escenario de los principales distritos de la costa y centro de la provincia. Allí aparece Villa Gesell con una tasa de incidencia de 575 casos sobre 100.000 habitantes en la última medición. Aun así este municipio gestionado por Gustavo Barrera, híperalineado con el gobernador Kicillof y férreo crítico de sus vecinos opositores, Martín Yeza (Pinamar) y Montenegro, saltó a fase 3 y recuperó clases presenciales.

“De la misma manera que de la nada y solo por urgencia política volvieron las clases al conurbano, no nos debería sorprender que la próxima semana anuncien lo mismo para el resto de la provincia”, confió a LA NACIÓN uno de los intendentes que, como varios de sus pares opositores y otros oficialistas anclados en fase 2, cree tener condiciones suficientes para recibir alumnos en las escuelas sin que represente un riesgo de incremento de contagios. Ese abrupto giro, estiman, se justificaría con los avances del plan de vacunación y el equipamiento de medición de dióxido de carbono en aulas que haría más seguro el regreso a clases en casi toda la provincia.

Bianco descartó esta semana que existan decisiones caprichosas y mucho menos con intenciones de castigar a intendentes de Juntos por el Cambio. Citó, en más de una entrevista, el caso de Olavarría, donde gobierna Ezequiel Galli, uno de los dirigentes jóvenes del PRO más cercanos a Mauricio Macri. “Puso restricciones más duras que las que pusimos nosotros y hoy tiene 58 casos cada 100.000 habitantes”, valoró un recorrido que permitió a ese distrito ser uno de los cuatro que en la provincia están hoy en fase 4, con mayor cantidad de actividades permitidas.

Uno de los que reitera críticas al sistema provincial de fases y su aplicación es el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos (Consenso Federal). “No es una actitud de sentido común que Moreno tenga fase 3 y Chivilcoy tenga fase 2, es imposible”, afirmó para marcar el contraste entre su distrito y uno de los del conurbano bonaerense.

Entre las quejas de los jefes comunales se repiten diferencias sobre la cifra de población que se toma de referencia para establecer el índice de contagios. Entienden que hay muchos más habitantes de los que se calculan, lo que de actualizar esa cifra se podría lograr un cociente menor que acerque a muchos distritos al pretendido cambio hacia fase 3.

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