El primer informe oficial sobre la situación real en que la Alianza recibió el PAMI dejó al desnudo el gran "monstruo" que los interventores temían encontrar: una obra social en crisis -con una deuda de 1478 millones de pesos, equivalente a siete meses de su presupuesto-, evidencias de hechos de corrupción y gastos exorbitantes en áreas superfluas.
Y todo ese panorama -según la Alianza- se gestó durante los casi tres años en que Víctor Alderete estuvo al frente de la obra social.
Los datos que reveló el informe de ayer enfrentan ahora a Cecilia Felgueras, Horacio Rodríguez Larreta y Angel Tonietto con la necesidad de andar un camino complejo que implicará destejer y volver a tejer.
El modelo ya fue elegido por el presidente Fernando de la Rúa: los interventores deberán sacar el PAMI del "embrujo" que implicó haber sido una usina de escándalos políticos y judiciales para convertirlo en el "príncipe" de la transparencia, de la calidad en las prestaciones y, sobre todo, de una gestión austera.
Por lo pronto, la variable del cambio que impulsa la Alianza parece ser la diferenciación con el gobierno anterior. Así, si Alderete tenía un estilo de conducción, los interventores buscan otro. Y cuanto más opuesto y alejado, mejor.
Cambio de imagen
¿Cómo planea la Alianza revertir la imagen negativa que cayó durante años sobre el PAMI? El primer paso fue -quizás- informar con detalles.
Si algo caracterizó los años en que Alderete estuvo a cargo de la obra social fue que evitó aportar datos precisos sobre su gestión. Ni siquiera los diputados pudieron hurgar en las cuentas de la obra social, y tampoco lo lograron otros organismos de control, como la Auditoría General de la Nación (AGN) o la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Pero hay otras cuestiones que dan la pauta del giro que el Gobierno intenta dar en el PAMI.
Entre ellas figuran el restablecimiento del 70 por ciento de los servicios de salud en todo el país, las denuncias de irregularidades que se ventilaron ante la Justicia por 138 contratos que Alderete firmó con empresas intermediarias y el ahorro de unos 100 millones de pesos en gastos que se consiguieron en apenas 15 días hábiles.
En las primeras semanas de gestión, los tres interventores intentaron dar, así, un mensaje a todos los sectores que estuvieron o están relacionados con la vida de este voraz organismo.
Lo que intentan demostrar
Un mensaje a sus pares y al propio Presidente de que están trabajando para poner orden un ente "desquiciado", tal como lo definió ayer Felgueras.
A los jubilados, que tendrán mejor atención. A los prestadores, que tendrán las cuentas al día, pero que no habrá "vista gorda" para los actos de corrupción. Y, por último, a la sociedad, que la transparencia se logrará en tanto se abra la gestión a los entes de control y a la gente que puede -también- hacer denuncias a través de un número telefónico.
Por ahora, los interventores parecen seguir al pie de la letra un manual que ellos mismos escribieron, con ayuda de De la Rúa.
La pregunta obligada es: ¿podrán con todo? ¿Serán capaces de crear una nueva cultura en una estructura gigantesca que favoreció el amiguismo, la coima y la corrupción durante años?
Es el gran desafío. La gran batalla que podría recuperar la identidad perdida de una institución que tiene a su cargo uno de los sectores más delicados: los jubilados.
