Presupuesto educativo: la reducción de los fondos para 2023 suma rechazos entre padres y especialistas

En la cuenta regresiva para la definición legislativa del presupuesto 2023, especialistas y organizaciones de padres creadas durante la pandemia de Covid-19 para pedir por la vuelta de sus hijos a las aulas expresan un fuerte rechazo a la propuesta oficial de incluir a Educación entre las áreas con mayor reducción de fondos para el próximo año, mientras algunas voces prefieren la prudencia, a la espera de posibles rectificaciones. En tanto, desde la cartera educativa indicaron que confían en que se corregirá la partida y se anulará el recorte.

Desde el Ministerio de Educación afirmaron esta tarde a LA NACION que el ministro Jaime Perczyk “está trabajando” en esos cambios, para lo que dialogó “con el presidente Alberto Fernández, [el ministro de Economía] Sergio Massa y los legisladores”. Una fuente cercana al funcionario sostuvo: “Hay un compromiso del Congreso, con respaldo del Ministerio de Economía. Se está trabajando en la Comisión de Presupuesto para modificarlo y que se siga manteniendo la tendencia de suba del presupuesto educativo”.

El mayor ajuste, de acuerdo con la iniciativa de Economía, alcanza a la partida asignada al programa Progresar, que está a cargo de la Anses y se encarga de hacer llegar más de 1,5 millones de becas para estimular, sobre todo, a que los adolescentes de 16 y 17 años completen el secundario. La propuesta oficial consideraba un recorte del 23,6% interanual en términos reales, mientras que para las universidades nacionales sería del 12,2%, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El recorte alcanzaría también al programa destinado a la información y evaluación de la calidad educativa.

A comienzos de este mes, Perczyk había negado a diputados opositores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja que se fueran a reducir los fondos para las universidades y sostuvo que “los docentes tuvieron paritarias de tres punto por encima de la inflación”. Sobre las becas, indicó que se contemplan 1,6 millones de las Progresar, 36.000 Manuel Belgrano, 300.000 en lenguas extranjeras y 1400 internacionales.

Pospandemia

La semana pasada, la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, que siguió activamente los debates en comisión, advirtió por redes sociales que el recorte previsto incumple la ley 26.061 que establece la intangibilidad de las partidas destinadas a la niñez , a la vez que desconoce las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las políticas públicas pospandemia.

“Nos parece totalmente injustificable e inaceptable cualquier recorte a las partidas presupuestarias relacionadas con la niñez y la adolescencia –señaló a LA NACION María José Navajas, integrante de Padres Organizados, a dos días del debate en recinto–. Nos preocupa que después de toda la evidencia sobre la tragedia educativa, con datos referidos incluso a la situación previa al cierre de las escuelas de 2020-2021, se insista en reducciones de recursos en un área absolutamente prioritaria”.

Por su parte, Claudia Romero, profesora de la Universidad Di Tella y referente académico del Observatorio Argentinos por la Educación, opinó que el recorte proyectado para 2023 “es gravísimo y se suma al ajuste que ya se realizó este año”.

Romero sostuvo que “queda claro que la educación no solo no es una prioridad [para el Gobierno], sino que existe una decisión de dañarla aún más. Por eso, este presupuesto debe ser rechazado”. Y agregó: “Después del catastrófico impacto del cierre prolongado de escuelas en cuanto a pérdidas de aprendizaje, Educación necesita más recursos y no menos para mitigar las consecuencias devastadoras, recuperar contenidos no enseñados y el tiempo perdido”.

En cuanto a qué impacto podría anticiparse, apuntó que del análisis del achique en los programas nacionales surge que el mayor ajuste, que supera el 50%, según estimó, recae sobre el programa Información y Evaluación de la Calidad Educativa, que consideró clave para que la Nación ordene y proyecte mejoras.

“La falta de información sobre el sistema educativo y de evaluaciones sistemáticas y confiables que permitan conocer los problemas es la principal debilidad que tiene la política educativa y bajar el presupuesto justamente ahí es profundizar ese déficit. Es una muestra del desapego del Gobierno por las evidencias y su resistencia ideológica a la evaluación. No es nada nuevo, solo que en los números proyectados se muestra de manera brutal”, consideró.

“La reducción del presupuesto nacional destinado a educación no es algo que sorprenda, sí algo que preocupa. Parte importante de dicho presupuesto sostiene a las 61 universidades nacionales. Hoy, en términos relativos, la Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y en un mundo donde el mercado laboral requiere de más y más saberes, la baja presupuestaria solo delinea un futuro que resulta incierto”, opinó ayer Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, se pronunció por la prudencia hasta que avance el debate previo a la aprobación del presupuesto. “Siempre se genera un espacio de negociaciones para la ampliación de partidas. Los ministerios suelen recibir un techo presupuestario de Economía que, luego, los legisladores corrigen -indicó-. Lo que hay que preguntarse es si donde se hacen recortes son acciones sustantivas o si se bajan montos en un programa o área que habían recibido ya un incremento extraordinario por la pandemia y suben en otros. Las actividades centrales que han disminuido son los gastos propios de administración del ministerio y puede ser una señal de austeridad razonable en este contexto. Tenemos suficientes problemas en educación en la Argentina y prefiero ser prudente”.

Este fin de semana, el Observatorio Argentinos por la Educación dio a conocer el informe “Presupuesto educativo nacional 2023″: se estimó que la reducción de los fondos nacionales destinados a la educación sería del 15% al pasar de $870.044 millones este año a $735.467 millones en 2023.

Desde el entorno del ministro de Economía rechazaron hoy ese relevamiento. Dijeron que “el informe omite $106.000 millones en salarios de la jurisdicción 91 [Obligaciones a cargo del Tesoro] destinados a Educación” y que “hubo en el dictamen un aumento de $95.000 millones”.

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