Presupuesto 2025: organizaciones cuestionan “el cepo” estatal a áreas ambientales clave
El Gobierno decidió eliminar el ministerio y convertirlo en una subsecretaría y, según las ONG, achicar partidas para la Ley de Bosques; los fondos para el manejo del fuego crecieron, pero, de acuerdo a los ambientalistas, están subejecutados; para el Ejecutivo no hay reducción de fondos
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El 15 de septiembre pasado, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para el año próximo en el Congreso de la Nación, cuyo punto central es que los gastos estarán limitados por la meta máxima del gobierno nacional, que es lograr superávit fiscal. Tal como ya había quedado explicitado tanto por el DNU 70/2023 como por la Ley Bases, el presupuesto avanza en la disminución de capacidades estatales y el recorte del entramado jurídico en varias áreas, entre las que aparece la protección de la naturaleza.
Lo que antes era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ahora es una subsecretaría, que recibirá el 0,066% del total de los fondos, una caída de entre el 12,25% y el 25% respecto al año pasado, dependiendo de si se considera la inflación prevista para 2025 tanto en el proyecto de ley como en el Relevamiento de Expectativas del Mercado. Así se desprende del documento “Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales” presentado hace pocos días por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que agrega que en relación a los fondos para el cuidado de los bosques nativos, las partidas asignadas para el año próximo representan el 2,56% de lo que debería recibir según la Ley de Bosques, con una caída de un 27% en términos reales según esa ONG y otro informe de Vida Silvestre.
Para el manejo del fuego, los datos muestran un incremento de los fondos en términos reales de 46% en la comparación interanual, pero señalan que hay una fuerte subejecución de estos a septiembre pasado, ya que de un total de $14.000 millones, solo se ejecutaron $5500 millones. “Nos preocupa la falta de ejecución presupuestaria, hay partidas casi intocadas como las de la Ley de Bosques o las destinadas a la cuenca Matanza/Riachuelo y otras subejecutadas como las de manejo del fuego. Hay una baja ejecución de los fondos en general”, dijo Andrés Nápoli, el director de la FARN.
Para la Subsecretaría de Ambiente nacional (que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que está a cargo de Daniel Scioli), “no hay recorte presupuestario” en manejo del fuego. “La ejecución del presupuesto se vio demorada por no haber encontrado, al comenzar la nueva gestión, procesos licitatorios en marcha. Ello no impidió que, por ejemplo, colaboraremos eficientemente con medios aéreos durante el incendio de Los Alerces iniciado en enero y en todos los casos que se demandó asistencia, gracias al esfuerzo realizado desde la Jefatura de Gabinete. El presupuesto será ejecutado”.
En relación a la Ley de Bosques, desde esa cartera señalaron que “la ejecución del presupuesto está supeditado a las rendiciones de fondos que deben realizar las provincias. En la medida que se acredita y verifica su cumplimiento se está en condiciones de girar nuevos fondos. A la fecha hay provincias que los recibirán próximamente”.
Fuego: fondos que no se gastan
La gravedad de los incendios de las últimas semanas en varias zonas serranas de Córdoba, donde la sequía no da tregua, volvió a actualizar el debate sobre cómo se trabaja en la prevención y la respuesta a estos eventos, cada vez más frecuentes e intensos en un contexto global de crisis climática. “No solo se trata de presupuesto, sino también de articulación con diferentes sectores productivos y sociales, porque más del 90% de los incendios son originados por la acción humana”, señalaron desde la FARN.
Desde esa organización puntualizaron que el proyecto de ley de Presupuesto 2025 asigna $28.603 millones para prevenir y proteger al ambiente de los incendios, lo que representa menos del 0,025% del total de gastos previstos. “En lo fáctico, si se compara el monto dispuesto en el presupuesto 2025 y el de 2024 en partidas orientadas al manejo del fuego, se observa un crecimiento en términos reales del 46%”, dijo Nápoli.
El experto agregó que algunos datos son contradictorios: mientras que el presupuesto 2023 proponía capacitar a 1120 agentes y garantizar 5100 horas de vuelo para el combate de los incendios de bosques, el nuevo proyecto aspira a capacitar más agentes (1700), pero baja las horas de vuelo a 3600. “Es difícil de entender que por un lado haya más agentes, pero menos horas de vuelo”.
Bosques nativos
En el presupuesto 2025 se asignan unos $9091 millones a la Ley de Bosques, una fuerte caída ya que –según la propia norma– ese fondo fiduciario debería recibir un mínimo del 0,3% del presupuesto, mientras que el monto asignado representa el 0,0077%. “Se incumple la Ley 26.331 y se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir. A su vez, la caída del dinero destinado al fondo es de un 27% en términos reales” señalaron desde la FARN. Desde Vida Silvestre avanzaron en el mismo sentido a través de un comunicado firmado por su presidente, Manuel Jaramillo: “La conservación de los bosques nativos no es solo una cuestión ambiental. El presupuesto 2025 asigna solo el 2,5% de lo estipulado, una reducción a un mínimo histórico que amenaza la preservación de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos”.
Además de pocos y escasos, según indicaron las organizaciones, esos fondos están siendo subejecutados desde el gobierno nacional, tal como ocurre con las partidas para el manejo del fuego. De acuerdo con la FARN, al 11 de septiembre pasado “ha sido nula la ejecución de estos 10.000 millones asignados”, lo que “agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios”. Este desmanejo llevó a que la Fundación Vida Silvestre solicitara formalmente información a las autoridades sobre la gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sin respuesta hasta ahora.
Menos control
Nápoli mencionó otro punto preocupante sobre los recortes en competencias ambientales, que tiene que ver con la caída del financiamiento en el programa de Evaluación y Control Ambiental, que pasó de tener $30.000 millones a $16.000 millones de presupuesto, una pérdida de entre el 52,9% y el 59,8% en términos reales, de acuerdo a las distintas estimaciones de inflación para el año próximo.
Este programa se encargaba, hasta ahora, de supervisar y realizar tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre, así como de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. “En el contexto de lo que plantea el RIGI, que son inversiones en recursos naturales en muchos casos, deberíamos reforzar las áreas de control, pero acá vemos que sucede lo contrario”, señaló Nápoli.
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