Por ataques de perros, refuerzan los controles en las playas de Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Las cicatrices se cruzan de un lado al otro, desde el muslo hasta los tobillos de Guadalupe Ferrari, una joven que fue atacada por tres perros cuando caminaba por una de las playas de Punta Mogotes. "Hace cuatro meses y mirá cómo tengo que trabajar", dice y en su consultorio de fonoaudiología, entre fatiga y dolores que no cesan, muestra la pierna en alto, en busca de algo de alivio. "Nadie se hizo cargo", cuenta a LA NACION.

Su caso fue el primero de varios que este año dispararon el reclamo de medidas más contundentes para el control de perros sueltos, en particular de las denominadas "razas peligrosas". En respuesta a esos hechos, el municipio de General Pueyrredón acaba de poner en vigor una nueva normativa que prohíbe de manera terminante la presencia de mascotas en las playas y también en locales con acceso de público, crea un registro de perros "temperamentales" y fija fuertes multas para sus propietarios en caso de lesiones a terceros o de no cumplir con medidas de seguridad exigidas.

A valores actuales, los infractores deberán pagar desde $18.000 si transitan por lugares públicos con perros sin bozal o correa; $6000, por no recoger los excrementos que el animal deja a su paso; $30.000 por provocar lesiones a personas mediante mordeduras y hasta $180.000 por abandonarlos en la calle.

Veinte días antes de finalizar su mandato, el intendente Carlos Arroyo presentó el decreto 2877/19, que en su artículo 29 remarca que "queda terminantemente prohibido el ingreso de animales o su permanencia en todas las playas y balnearios del Partido de General Pueyrredón". "Ni con correa ni con bozal, es por razones sanitarias", aclaró, terminante.

El foco principal está en ordenar y controlar a animales que la norma identifica como "razas de fuerza mandibular notable". En la provincia de Buenos Aires está en vigencia la ley 14.107, que avanzó en ese sentido con la creación de un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. Aquí la comuna crea el Registro Municipal Canino (Remca), en el que deberán inscribirse los propietarios de canes a los que también identifica como "temperamentales".

Se refiere a las razas airedale terrier, akita inu, american staffordshire terrier, american pitbull terrier, boxer, bullmastiff bull terrier, cane corso, dóberman, dogo argentino, dogo alemán, dogo canario, presa canario, dogo de Burdeos, gran danés, fila brasileiro, gran perro japonés, kuvas, mastín inglés, mastín napolitano, ovejero alemán, ovejero belga, pastor del Cáucaso, rottweiler, San Bernardo, schanauzer gigante, viejo pastor inglés y bull terrier.

Sus dueños deberán ser mayores de 18 años, no tener antecedentes por infracciones graves y obtener un certificado psicofísico que los considere aptos para tener ese tipo de mascotas, con no más de dos animales de ese tipo por domicilio. Arroyo justificó estas nuevas exigencias y comparó la posesión de perros de estas razas con la tenencia de un arma. "No tiene sentido que para tener un arma hay que hacer trámites y registrarse y que tener un perro, que puede matar en un segundo, no lo controla nadie", dijo.

El ataque del que en julio pasado fue víctima Guadalupe Ferrari fue casi calcado al que había sufrido otra mujer dos meses antes, en misma zona y con los mismos perros, tres del estilo ovejero alemán que habían sido retenidos por el Centro de Zoonosis de la comuna tras el primer caso y devueltos a su dueño. Hace dos semanas un juez de Falta fijó una multa de $50.000 por su responsabilidad en ambos casos. "A mí nadie me cubrió nada, y mucho menos los meses que perdí de trabajar", advierte Ferrari, que de su propio bolsillo está pagando tratamientos de rehabilitación y cirugías reconstructivas en brazos y piernas.

Luego, otra mujer terminó con cortes y fracturas en La Perla. Y días después una niña sufrió lesiones en la cara, debido a dentelladas de uno de tres pitbulls que la atacaron cuando volvía de la escuela. En Miramar, en esa misma época, eran pitbulls también los que mataron a un joven que había llegado de paseo a la ciudad.

Según confirmó el subsecretario de Salud del municipio, Pablo de la Colina, hasta septiembre se habían registrado en Mar del Plata más de 1200 denuncias por mordeduras. Y con un promedio mensual en ascenso -más de 200- que relacionó con la decisión de las víctimas de animarse a dejar constancia ante los graves episodios que se han dado con anterioridad.

Sanciones

El flamante decreto 2877 abunda en exigencias, es duro en términos de sanciones, pero tiene una pata más que débil: la escasez de personal que tiene el municipio para tareas de inspección, que debería detectar los casos y labrar las debidas infracciones. El intendente dejó la responsabilidad a la próxima gestión.

Ahora se exigirá que a estas mascotas se les coloque un microchip antes de los ocho meses de vida, dispositivo que almacenará datos del propietario y la historia clínica y antecedentes del animal. También se pretende la esterilización, salvo el caso de aquellos que sean considerados reproductores, resolución que deberá avalar el Centro de Zoonosis de la comuna, que será responsable de estos controles.

El propietario de los perros "temperamentales" deberá contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros porque, tal como lo establece el decreto, tendrá que hacerse cargo de la totalidad de los costos que demande cualquier lesión que el animal provoque a otras personas.

El decreto arrasa también con el formato pet friendly que ganaba terreno en algunos locales comerciales, en particular gastronómicos. Según el texto que lleva la firma de Arroyo, no está permitido el ingreso de animales a locales donde normalmente ingresa público. La excepción son aquellos incorporados por razones de seguridad, los que pertenecen a fuerzas del orden, perros guías y los que colaboran con guardavidas. En todos los casos deberán llevar bozal y correa.

Se crea además el Registro de Paseadores de Perros. Estos trabajadores deberán ser mayores de 18 años y lograr un permiso luego de participar de un curso de capacitación que deberá brindar el municipio o el Colegio de Veterinarios. Podrán llevar no más de seis perros a la vez, entre ellos, hasta dos de los considerados de razas peligrosas.

Las sanciones están fijadas en la Unidad de Sanción (US), cada una equivalente al valor de un litro de nafta premium de YPF, que hoy en Mar del Plata ronda los $60. Para casos de mordeduras o rasguños, por ejemplo, la multa prevista es de 500 a 100 US. La más alta, de hasta 3000 US, se estableció para el abandono de animales en la vía pública. Entre 300 y 600 US se pagarían en caso de ingresar con animales a un comercio y lo mismo deberá afrontar el propietario de un animal que altere o afecte la tranquilidad de los vecinos.

Un caso de crueldad animal en la Justicia

MAR DEL PLATA.- Adrián Guillermo Rodríguez, acusado de atar a un perro a su camioneta y arrastrarlo por la ruta 11 hasta matarlo en cercanías de Mar del Tuyú, faltó a la audiencia que le había fijado la Justicia para ayer en la Unidad Fiscal Nº 5 de Dolores. El imputado hizo llegar un certificado para justificar su ausencia, por lo que se le enviará una nueva citación para que la semana próxima declare ante el fiscal Roberto Miglio Salmo, a cargo de la investigación. Los querellantes ya anticiparon que, en caso de repetir su postura, pedirán que se lo haga comparecer por la fuerza. Rubio se llamaba el perro que, sin dueño identificado, era conocido por los lugareños porque permanecía buena parte del día en una estación de servicio que da a la ruta interbalnearia. Testigos afirmaron que, por motivos que se desconocen, Rodríguez reaccionó contra el animal de la peor manera. Los restos del perro aparecieron algunos kilómetros más adelante, sobre la banquina, con las consecuencias de la fricción contra el pavimento. La acusación es por crueldad animal. A la par de la causa judicial se gestó una protesta popular contra Rodríguez. Vecinos organizaron un escrache frente a su local comercial, que desde entonces permanece cerrado.

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