Por abuso de menores. El Papa Francisco expulsó de la Iglesia al sacerdote Justo José Ilarraz
El Papa marcó con esta severa decisión un nuevo nuevo capítulo en la lucha contra los abusos en la Iglesia; el cura fue sentenciado por la justicia civil de Entre Ríos y cumple en prisión domiciliaria los 25 años de condena impuestos
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El Obispado de la Santísima Concepción de Tucumán comunicó oficialmente la decisión del Papa Francisco de expulsar del estado clerical a Justo José Ilarraz, sacerdote condenado en 2018 a 25 años de prisión por los abusos cometidos contra menores en un seminario de Paraná. Según el comunicado, la medida fue tomada tras el proceso administrativo penal llevado adelante por el Tribunal Interdiocesano Bonaerense y elevado posteriormente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
El documento detalla que el caso de Ilarraz fue tratado bajo las disposiciones del Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Una vez analizado el recurso presentado por el acusado, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió trasladar la resolución final al papa Francisco, quien dispuso su expulsión del estado clerical. La diócesis de la Santísima Concepción expresó su compromiso con las víctimas y condenó “toda clase de abuso”. También afirmó que la decisión se enmarca en la búsqueda de justicia y reparación para los afectados.
El proceso eclesiástico que concluyó con la expulsión de Justo José Ilarraz del estado clerical comenzó tras las denuncias presentadas por las víctimas y los procedimientos judiciales que confirmaron su culpabilidad. Entre los testimonios más relevantes se encuentra el de Hernán René Rausch, quien fue el primer denunciante de los abusos perpetrados por Ilarraz en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, en Paraná. Rausch, oriundo de Aldea Santa María, Entre Ríos, dirigió una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en diciembre de 2022, en la que expuso su frustración ante la lentitud del proceso canónico y las irregularidades cometidas en instancias previas.
En su mensaje, Rausch destacó que, aunque la justicia civil había condenado al sacerdote a 25 años de prisión en 2018 tras un juicio iniciado en 2012, las instancias eclesiásticas parecían operar con demoras injustificadas. “Se continúa con esa perversa costumbre de dejar pasar el tiempo”, afirmó, y cuestionó lo que describió como una estrategia para dilatar resoluciones hasta que los implicados fallecieran. Según su testimonio, esta actitud reflejaba una falta de voluntad para garantizar transparencia y verdad en el tratamiento de los casos.
Rausch también recordó que las primeras denuncias contra Ilarraz se realizaron en la década de 1990, bajo la gestión del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, quien más tarde se convirtió en cardenal. En aquel momento, las denuncias habían derivado en una investigación interna, pero la respuesta fue limitada y no se tradujo en acciones concretas contra el acusado. En su carta, Rausch señaló que estas omisiones evidenciaban complicidad y encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica de la época.
El denunciante insistió en que la demora en las decisiones eclesiásticas afecta no solo a las víctimas, sino también a la credibilidad de la Iglesia. “Tienen en sus manos el poder de sanar y salvar, pero también de desilusionar y destruir vidas”, afirmó, y llamó a los miembros del Dicasterio a actuar con justicia y celeridad para fortalecer la institución a través de la transparencia.
La resolución adoptada por el papa Francisco en 2024, tras años de denuncias y procesos judiciales, representa la medida más severa que puede aplicarse a un sacerdote dentro de la Iglesia. Para las víctimas, este paso simboliza un avance hacia la reparación, aunque Rausch enfatizó que el verdadero desafío radica en asegurar que no se repitan los errores del pasado. “Es tiempo que nazca una auténtica justicia en la Iglesia Católica Argentina”, concluyó en su misiva al Vaticano.
Causa judicial: Caso Ilarraz
Justo José Ilarraz fue condenado en abril de 2018 por abuso sexual agravado y corrupción de menores, delitos cometidos entre 1984 y 1995 cuando se desempeñaba como preceptor en el Seminario Menor Nuestra Señora del Cenáculo, en Paraná. Según los testimonios presentados en el juicio, las víctimas tenían entre 10 y 14 años al momento de los hechos. La sentencia determinó una pena de 25 años de prisión.
El juicio comenzó el 16 de abril de 2018 y estuvo a cargo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Las audiencias incluyeron los testimonios de siete víctimas que habían denunciado los abusos. Uno de ellos, Hernán Rausch, expresó durante el proceso: “Después de tantas pesadillas, esto es lo que soñaba”. En aquel momento, los denunciantes relataron que los abusos se llevaban a cabo en el contexto de un sistema de autoridad y confianza establecido dentro del seminario, donde Ilarraz tenía un rol de supervisión directa sobre los menores.
El tribunal también escuchó el testimonio de exseminaristas que detallaron cómo el sacerdote utilizaba regalos y promesas para ganarse la confianza de los niños. Uno de los denunciantes recordó que, al intentar reportar los abusos a las autoridades religiosas de ese entonces, la respuesta fue el traslado de Ilarraz a otra parroquia y posteriormente a Roma para continuar con estudios.
Durante el juicio de 2018, la defensa intentó alegar que los delitos estaban prescriptos, dado que habían transcurrido más de 20 años desde los hechos. Sin embargo, los jueces Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno desestimaron el planteo y avanzaron con el proceso. Los magistrados señalaron que las pruebas presentadas por las víctimas y el contexto de las denuncias justificaban la continuidad de la causa.
En su fallo, el tribunal determinó que los abusos cometidos por Ilarraz configuraban delitos de extrema gravedad y concluyó que la condena debía ser ejemplar. Se dispuso la prisión domiciliaria del sacerdote mientras la sentencia es revisada en instancias superiores. Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un recurso presentado por la defensa en 2018.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien participó del juicio, destacó en ese momento que “la responsabilidad de Ilarraz quedó sobradamente probada” y agregó que las pruebas también apuntaban a un encubrimiento institucional por parte de la jerarquía eclesiástica en Paraná. Según los informes presentados, además de las siete víctimas reconocidas en el juicio, habría más casos que no llegaron a judicializarse.
Uno de los momentos más relevantes del juicio fue la declaración de una de las víctimas, quien explicó cómo los abusos afectaron su vida personal y profesional. “Veo un desodorante Old Spice y vuelvo a esos días. Hay cosas que no desaparecen”, afirmó durante su testimonio. Este relato fue corroborado por otros denunciantes que detallaron el impacto psicológico que los abusos tuvieron en sus vidas.
Los hechos ocurrieron en el Seminario Menor Nuestra Señora del Cenáculo, un establecimiento educativo y religioso dirigido a jóvenes que aspiraban al sacerdocio. Según se determinó en el juicio, los abusos se cometían en habitaciones privadas y otros espacios del seminario, aprovechando la vulnerabilidad de los menores y la falta de supervisión externa.
En 2012, cuando las primeras denuncias comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, la defensa de Ilarraz alegó que los hechos ya no podían ser investigados debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, la visibilización del caso generó una presión social que motivó a la Justicia de Entre Ríos a actuar. En 2015, la causa fue elevada a juicio oral y público.
Durante el proceso judicial, las víctimas destacaron la importancia de poder relatar lo ocurrido, a pesar del impacto emocional que esto implicaba. Algunos de los denunciantes, que ya no residían en Paraná, regresaron exclusivamente para participar en el juicio y ofrecer sus declaraciones. Uno de ellos recordó que en 1993 intentó informar sobre los abusos en el seminario, pero no fue escuchado. “Me dijeron que no hiciera problemas”, afirmó ante el tribunal.
Tras la sentencia de 2018, quienes denunciaron señalaron que era crucial que la Iglesia asumiera un rol activo y adoptara acciones concretas frente a estas situaciones. Otro de los testimonios expresó en ese momento: “Es una forma de justicia, aunque nada puede borrar lo que pasó”.
Mientras tanto, la causa penal sigue abierta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se espera una resolución sobre el recurso presentado por la defensa. La expulsión del estado clerical no interfiere en el cumplimiento de la condena de 25 años, que Ilarraz cumple en prisión domiciliaria bajo supervisión electrónica.
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