Planillas de papel. Un método caótico impide saber cuántos argentinos se vacunan

Tras el escándalo del circuito de vacunación VIP del Ministerio de Salud a través del Hospital Posadas y en las provincias, el Gobierno buscó transparentar el avance de la campaña para Covid-19 con un monitor alimentado con los datos del mismo sistema que se utiliza para registrar la vacunación de todos los años. Pero, ¿qué tan confiable es la información que proviene del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac)?

Imposible saberlo, por lo menos con los datos que proporciona el Ministerio de Salud de la Nación. Cada año se compran 39 millones de vacunas en promedio, pero sólo se registra la aplicación de unos 6,7 millones. Es decir, apenas el 17%, de acuerdo con los datos oficiales. Semejante desorden informativo dificulta también el seguimiento de cualquier campaña, más aún la de Covid-19 que debería completarse antes del invierno. Son, inicialmente, 14 millones de personas de los grupos con prioridad que urge proteger.

“Es un caos”, sentenció, rápido, un excolaborador de varias gestiones nacionales especializado en epidemiología. “La falla está en la carga de los datos cada vez que se aplica una dosis. En un sistema aceitado, con computadoras y dispositivos móviles suficientes y conexión a Internet asegurados en todos los centros de salud, se lograría que una vacuna dada en cualquier punto del país se registre automáticamente para poder tomar decisiones y asegurarse de que llegó a los que debían recibirla -agregó el experto, que pidió reserva de su nombre-. Al final del día, ¿se sabe a quién se vacunó?”

A través de un pedido de acceso a la información pública, LA NACION pudo acceder por primera vez a los datos del Nomivac de las vacunas de calendario aplicadas en los últimos 11 años. Los datos que analizó LNData revelan un alto grado de subregistro nacional. Esto dificulta la estimación de compras anuales y contribuye al desperdicio de unos 40 millones de dosis adquiridas para casi 20 millones de argentinos, entre recién nacidos, chicos en edad escolar, embarazadas y adultos mayores.

“En un año normal, se vacunan a tres millones de personas por mes. Vamos a subir este número”, afirmó un colaborador del Presidente a este medio para describir la capacidad instalada. Ahora, el Gobierno afirma que espera vacunar a cuatro millones de personas por mes en abril.

Sin embargo, desde 2009, hubo 13 meses en los que apenas se superó el millón de aplicaciones y nunca estuvieron por encima de los 2,2 millones, de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación. Según esos datos, no quedó un registro transparente de la aplicación de 32 millones de dosis en promedio por año de los últimos nueve años.

¿Quiere decir eso que en la Argentina se aplica solo el 17% de las vacunas adquiridas? No, de acuerdo con los especialistas, investigadores y consultores contactados, incluidos referentes convocados en estos años para elaborar recomendaciones de uso. Pero ellos desconocen qué otras fuentes usan en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) para llegar al número de aplicaciones con el que calculan los porcentajes de cobertura nacionales.

En 2012, de acuerdo con el análisis de la vacunación de calendario que aportó Salud, aparecen incorporadas al Nomivac el 1% de las dosis aplicadas y, en 2019, el 25%, apenas una de cada cuatro dosis compradas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y licitaciones públicas. El mayor registro hasta ahora es del 27%, en 2017.

Al mirar vacuna por vacuna, los datos están lejos de la promesa de vacunar a por lo menos tres millones de personas por mes. Si hay que juzgar el desempeño del sistema de acuerdo con el Nomivac, cada año quedan sin aplicar 2,4 millones de dosis en promedio por cada una de las 19 vacunas de calendario, incluidas dos para áreas endémicas (fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina).

La que más uso registra todos los años, desde 2012, es la Sabin oral contra la poliomielitis, que en junio del año pasado fue reemplazada por la inyectable tipo Salk.

Sin coordinación

“Como hay provincias que tienen sus propios sistemas y otras que directamente no cargan, la cobertura se termina estimando con las dosis que se distribuyen a las jurisdicciones”, afirmó Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación. “Para el refuerzo de la vacunación contra sarampión en 2018 y 2019, se hizo un esfuerzo enorme para que las provincias la registraran. Entiendo que se está haciendo lo mismo para la campaña de Covid-19”, agregó.

De hecho, en el único informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la vacunación en el país (período 2016-2017), a pesar de tratarse de un presupuesto anual de unos $4000 millones, no se mencionan dosis aplicadas, sino de distribución y tasas de cobertura, lo que impide advertir cuál es el acceso real de la población a las vacunas.

Un ejemplo es la respuesta a esa auditoría del Programa de Inmunizaciones de Santiago del Estero, que informó que en 2017 había aplicado 36.796 dosis de la vacuna contra el meningococo de las 41.760 recibidas de Nación. Y, para la compra anual a través de la Dicei, había estimado necesitar 52.800 dosis ese mismo año.

Solo en 2015, de acuerdo con un sumario interno del Ministerio de Salud, el descarte de dosis vencidas “para hacer espacio” en las cámaras del frigorífico Oneto que alquilaba el Estado fue de más de 8 millones de vacunas contra la rabia, la hepatitis A y B, la gripe, el meningococo y el sarampión y la rubeola, entre otras, vencidas en 2014 y 2015.

El caso testigo: antigripales

La aplicación de la vacuna antigripal no es ajena al desorden en los registros. Hay grandes diferencias entre el registro de la cantidad de las dosis aplicadas al que accedió LA NACION y las que publica el Ministerio de Salud en su sitio web.

Año a año, en promedio, el informe on line -ya procesado por la Dicei- incluye un 61% más de aplicaciones que el Nomivac. Entre 2017 y 2019, esa brecha se achica a un 20% anual, a pesar de que el origen de los datos siempre es el mismo.

En octubre pasado, durante la Conferencia Global de Salud de las Américas en la que participó LA NACION, una funcionaria de Salud mostró las cifras de vacunación antigripal de 2019 hasta ese momento. De nuevo, los datos no coinciden.

La representante argentina dijo que en 2019 se habían aplicado 9,8 millones de dosis, mientras que en el Nomivac figuran 2,8 millones y, en el informe online de la Dicei, 3,5 millones. Semejantes diferencias son una tendencia que se repite todos los años analizados. Todo esto, a la vez, pone también bajo la lupa los datos sobre los casos de las enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación.

En seis de los 11 años relevados, la Dicei estuvo a cargo de la ahora ministra Carla Vizzotti. Con otros funcionarios, creó y registró como coautora el Nomivac, según se publicó en el Boletín Oficial el 18 de octubre de 2013, año en el que se implementó oficialmente. Los demás son Analía Aquino (asesora del Ministerio de Salud), Amelia Monti (ingeniera del equipo de datos de la cartera) y Osvaldo Argibay (referente técnico del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud). El Programa Nacional de Control de Enfermedades inmunoprevenibles, luego Dicei, que en ese momento conducía Vizzotti, era el titular de esa “obra colectiva”.

Hay cuatro vías -incluidas aún las antiguas planillas de papel- a través de las que se va centralizando la cantidad de dosis aplicadas en las provincias. Pero todas confluyen en el Nomivac, de acuerdo con las guías de uso de la autoridad sanitaria nacional.

“El Ministerio de Salud ha implementado de manera parcial e incompleta el Nomivac, lo que genera demoras y la necesidad de consolidar información de diversos sistemas provinciales. Esto limita el uso de esa herramienta como insumo para la definición de políticas públicas. Además, esta situación se ve agravada por dos factores adicionales. Por un lado, la falta de capacitación a los usuarios del registro, y por el otro, fallas en los vacunatorios y centros de carga, por falta de suministro eléctrico e internet, entre otros”, describió la AGN sobre los relevado hasta 2017.

En la práctica, el registro pasa a ser “solo un dato” al tener que estimar cuántas personas efectivamente reciben una vacuna en la Argentina, según coinciden especialistas, académicos e investigadores que necesitan usar esos datos. “No se sabe cuántas dosis se terminan aplicando una vez distribuidas [a las provincias]”, agregó uno de esos especialistas que trabajó con la Dicei.

“No tenemos acceso a las bases de datos. Tenemos que creer en lo que nos presentan”, se lamentó una experta convocada el año pasado para elaborar la recomendación sobre una vacuna.

A finales de 2016, en la revista Vaccine apareció un estudio hecho dos años antes sobre la vacunación de embarazadas contra la tos convulsa (dTpa) luego de que, en 2011, se triplicaran los casos en menores de un año y quintuplicado las muertes. Para poder hacerlo hubo que definir un método para estimar cuántas mujeres habían sido vacunadas “porque no existía ese dato o era de muy mala calidad”, se explicó en ese momento a LA NACION sobre lo que los autores definieron como “una limitación crítica” que les impidió “calcular de manera directa la efectividad de la vacuna”.

De acuerdo con el informe de la AGN, solo 12 jurisdicciones usaban el Nomivac en ese momento, dato que Salud volvió a informar en enero del año pasado. Las demás lo hacen con sus propios sistemas, pero están obligadas a volcar sus datos al registro federal.

En 2018, una evaluación del Banco Mundial por un préstamo de US$ 461 millones para fortalecer el sistema sanitario nacional revisó también el uso del Nomivac: “Ahora, se aplica en 22 provincias, con más del 40% de los eventos de vacunación registrados en 2017”. Esto, a la vez, confirmaba su elevada subutilización.

Angela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, integró por dos períodos, hasta 2019, la Comisión Nacional de Inmunizaciones. “La comisión recibe la información de coberturas procesada que presenta la Dicei y, sobre eso, se trabajan las recomendaciones para plantear estrategias que mejoren la cobertura”, explicó.

Para calcular a cuántas personas llegan las vacunas (cobertura), se necesitan dos cifras: la de personas que las recibieron y la de las que debían recibirla (población objetivo). Si la primera está incompleta, no solo el resultado real queda sesgado, sino que también dificulta tomar medidas de salud pública para, por ejemplo, mejorar el acceso a las dosis.

“Es importante tener un dato ajustado del numerador, que es el número de personas que han recibido vacunas, como el del denominador, que es la población objetivo. La epidemiología es una ciencia de denominadores porque eso permite tener buena información”, agregó Gentile, que también integra el comité asesor presidencial para Covid-19 y es expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Fuentes

• Datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) del período 2009-2020 obtenidos a partir de un pedido de acceso a la información pública.
• Compras públicas de vacunas del período 2012-2020 a través de las licitaciones públicas, el Fondo Rotatorio de la OPS y el Acuerdo Argentina-Cuba obtenidas a partir de un pedido de acceso a la información pública.
• Calendario Nacional de Vacunación.
• Informe sobre las coberturas de vacunación por jurisdicción para el período 2009-2019 publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Metodología. Cómo lo hicimos

Se realizó un pedido de acceso a la información pública en septiembre pasado en el que se solicitó la cantidad de vacunas de calendario obligatorias aplicadas entre 2009 y 2020, por jurisdicción, de acuerdo con el registro federal Nomivac, las compras públicas de las vacunas de calendario del mismo período y la cantidad de dosis distribuidas y aplicadas en esos 11 años por jurisdicción, año y población objetivo (personas que deben recibir cada vacuna).

A partir de esa solicitud, se recibieron siete documentos en formato pdf con los datos de aplicaciones, compras y población objetivo. No se recibió respuesta acerca de la cantidad de dosis distribuidas año a año. Estos documentos de hasta 500 páginas se tuvieron que procesar para poder volcar los datos en planillas en formato Excel y hacer el análisis correspondiente.

Una vez procesados, se comparó la cantidad total de aplicaciones por año registradas en el Nomivac contra la cantidad de vacunas compradas para cada año. No se pudo analizar el período 2009-2011 ya que no se informaron datos de compras para esos años. También se intentó calcular la cobertura para cada una de las vacunas, año por año, pero no fue posible porque el Ministerio de Salud proporcionó los datos de la población objetivo y de aplicaciones en diferentes unidades de medida.

Se consultó al Ministerio de Salud sobre estos datos, pero sugirieron aclarar las dudas técnicas relacionadas con la respuesta original a través de un nuevo pedido de acceso a la información pública.

Finalmente, se utilizaron los documentos publicados por el Ministerio de Salud que muestran datos de cobertura para comparar con la respuesta oficial original. Ante las diferencias detectadas, se consultó a más de 10 investigadores, especialistas y consultores de organismos públicos especializados en salud pública para poder explicar las discrepancias.

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