Pidieron la prisión preventiva para los acusados de violación
MAR DEL PLATA.– Un juez de Garantías deberá resolver en las próximas horas si, como pidió la fiscal a cargo de la investigación tras las declaraciones indagatorias que tomó ayer, dispone la detención de los cinco acusados de violar a una menor de 14 años en un camping de la vecina localidad de Miramar.
Todos los imputados aceptaron aportar su testimonio ante la fiscal Florencia Salas, que al salir de los tribunales aseguró que no se brindarán detalles sobre el contenido de estos relatos. En estos días, también sujeto a resolución del magistrado interviniente y previa entrevista de la adolescente con un psicólogo forense, podría recibir la versión de la víctima mediante el sistema de cámara Gesell.
Tanto desde el Ministerio Público como desde la defensa –son tres abogados particulares– se mantuvo hermetismo sobre las declaraciones de Lucas Pitman y Roberto Costa, de 21 años, y Emanuel Díaz, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, de 23, todos privados de la libertad desde anteayer bajo cargos de abuso sexual con acceso carnal agravado.
De todos modos se pudo conocer que al menos dos de ellos habrían admitido que tuvieron relaciones sexuales con la adolescente, pero en sus testimonios aseguraron que fue "sin violencia", en un contexto de consumo de alcohol durante la madrugada de anteayer, cuando se celebraba el Año Nuevo. En ese caso, el argumento de la defensa apuntaría a invalidar un supuesto del artículo 119 del Código Penal, que reprime con hasta 20 años de prisión los casos de violación en los que participen varias personas.
El caso, además de la conmoción y repercusión que generó apenas se hizo público, derivó también en consecuencias institucionales. Autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense removieron del cargo al jefe de la Policía Comunal de Miramar, subcomisario Andrés Caballero, por falencias y, sobre todo, demoras que se dieron en las primeras medidas para la aprehensión de los sospechosos y la preservación de la escena del delito. "Hay un mensaje claro de los generales de la fuerza y es que en casos de violación, abuso o violencia de género se actúe rápido", dijeron a LA NACION fuentes del gobierno provincial.
La fiscal Salas, por su parte, había anticipado temprano que estaba en constante contacto con la menor violada y sus familiares. Dijo que la adolescente estaba bien y con asistencia de personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Alvarado y dependencias específicas de asistencia a la víctima que dependen del Ministerio Público.
"Los cinco declararon", confirmó la fiscal apenas se retiraba, a media tarde, de la sede de tribunales. A partir de las 10 se inició la ronda de indagatorias y aseguró Salas que en todos los casos realizó el correspondiente pedido de detención que debe resolver el juez de Garantías Saúl Errandonea.
Los imputados, tras declarar ante la fiscal, fueron derivados de nuevo a la Unidad Penal 44 de Batán a la espera de que el juez decida si convierte en detención su actual condición de aprehendidos. No tienen antecedentes y de sus perfiles en redes sociales surge que son cercanos a la práctica del surf, el rugby y la música.
Varios de sus familiares se acercaron hasta el edifico de Brown y Tucumán para manifestarles su apoyo y dirigieron sus gritos contra los periodistas.
Los padres de la menor fueron quienes denunciaron este caso de violación. Estaban festejando el Año Nuevo en un bungalow del camping El Durazno, en el acceso por ruta 11 a Miramar, cuando advirtieron la ausencia de su hija de 14 años. La encontraron dentro de una carpa en la que los ahora acusados pernoctaban desde inicios del fin de semana. Fuentes policiales apuntaron que ella y los cinco jóvenes tenían evidencias de haber consumido alcohol.
Una comisión policial acudió para cumplir con la aprehensión de los imputados y tomar medidas en torno al lugar del hecho. La fiscal habría sido quien manifestó su disconformidad por el desempeño de los efectivos, primero por demoras en avisar a las autoridades judiciales y luego para cumplir con tareas encomendadas para preservar pruebas.
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