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Piden que sigan presos los acusados de abuso sexual a jugadores de las inferiores de Independiente
LA NACIONGustavo Carabajal
Para la Justicia existen elementos que avalan la presunción de la existencia de una red de pedófilos que durante por lo menos cuatro años se dedicó a captar menores futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente a los que prostituía para que tuvieran sexo con adultos a cambio de dinero.
Por tal motivo a un mes de la presentación de la denuncia que puso al descubierto el escándalo sexual en Independiente, la fiscal María Soledad Garibaldi solicitó los procesamientos con prisión preventiva para seis de los siete sospechosos detenidos.
Según fuentes judiciales, la solicitud de la representante del Ministerio Público incluyó al árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi; el organizador de torneos de fútbol juvenil, Juan Manuel Díaz Vallone; el administrador de consorcios Alejandro Carlos Dal Cin y el empleado de una cadena de supermercados Silvio Fleyta.
A todos ellos, la fiscal les pidió el procesamiento por considerar que habrían tenido presunta responsabilidad en entre dos y cinco casos de abusos sexuales, en concurso con corrupción de menores.
El pedido de la fiscal será analizado por el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio quien deberá decidir en los próximos días si acepta la solicitud de la representante del Ministerio Público.
La medida no incluyó al ingeniero agrónomo y representante de jugadores juveniles Alberto Amadeo Ponte, quien fue apresado hace diez días acusado de grooming.
La causa judicial tiene otro imputado que está en libertad debido a que los investigadores no encontraron pruebas para solicitar la indagatoria. Se trata del vocal del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol y vicepresidente de Acassuso Argentino Javier "Pipo" Marín. Al dirigente le tomaron declaración informativa, quedó notificado de la formación de una causa en su contra y le secuestraron el celular.
La fiscal también pidió que siga preso y sea procesado el abogado Tomás Beldi, que fue el primer defensor del árbitro Bustos, de encubrimiento agravado, por haber roto a martillazos el celular de su cliente, según declaró una testigo. El letrado no fue imputado por los abusos sino por destruir el teléfono del primer detenido del caso minutos antes de que sea capturado por la policía en una casa del Talar de Pacheco.
La causa
La investigación por el escándalo sexual en Independiente comenzó el 21 de marzo pasado, cuando el encargado de la pensión de Independiente denunció que uno de los menores dijo que un grupo de adultos le pagaban para tener sexo.
Siete días después fue detenido Cohen Arazi. Su teléfono aparecía en el listado de cuatro celulares de sospechosos que contactaban a los menores.
Hasta el momento los investigadores determinaron que al menos veinte futbolistas menores de edad que desempeñan en las divisiones inferiores de Independiente habrían sido víctimas de los abusos. Nueve de esos chicos ya declararon como testigos, a través del sistema de la cámara Gesell.
Todavía queda pendiente la producción de varias medidas de prueba como los cruces de las llamadas telefónicas entre los acusados y las víctimas, los peritajes para recuperar la información que contenía el celular del árbitro Bustos y la revisión de las grabaciones encontradas en un hotel alojamiento situado en la esquina de Bahía Blanca y Tres Arroyos. Los responsables de la investigación intentan determinar si las víctimas aparecen en esos videos.
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