“Pasaron 37 años y sigo en terapia”: los hijos que viven un doble drama porque sus padres asesinaron a sus madres

Flavia Marengo tenía nueve años cuando vio a su madre muerta en el baño de su casa en Morón, luego de que su padre la asesinara de varias puñaladas, el 4 de febrero de 1985. Osvaldo, marido de la víctima, se entregó: “Me mandé una cagada”, le dijo a sus familiares.

No solo terminó con la vida de Angélica Estela Reales a sus 35 años. También dejó sin madre a tres chicos menores de edad, que quedaron a cargo de sus abuelos. “Nos criaron a mis hermanos y a mí mientras atravesaban el duelo de la muerte de su hija”, señaló Flavia a LA NACION.

Cuando su madre fue asesinada, aún no existían las leyes con perspectiva de género ni las estadísticas que desde 2014 visibilizan los femicidios en la Argentina. Hoy, con el avance de las normativas, los datos muestran que en el país 1433 niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas de femicidios ocurridos entre 2014 y 2020, según los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los reportes previos que elaboró la ONG La Casa del Encuentro señalan que entre 2008 y 2013 quedaron huérfanos 1296 chicos como consecuencia de los femicidios. Los familiares de las víctimas reclaman una mayor presencia estatal a la hora de resguardar a los chicos.

Cuando Angélica se separó de su marido, aún faltaban dos años para que se promulgara la Ley 23.515 de divorcio vincular de 1987. Con la emergencia del Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 y de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales de 2017, el concepto de violencia de género tomó mayor presencia en el país, pero cuando Marengo fue detenido la sentencia se dictó como “crimen pasional” y fue preso por 8 años.

“Cuando sos chica, no pensás que pasan estas cosas, menos en aquella época. Las secuelas del trauma son tan grandes que se arrastran por años en los niños. Han pasado 37 años y sigo en terapia y me cuesta establecer vínculos sanos con los hombres”, declaró Flavia.

Estas secuelas que ella padeció son comunes en los chicos que afrontan este tipo de situaciones, según explicó la psicóloga clínica Liliana Páez, especialista en niños y adolescentes y en psicodiagnóstico: “Los niños que sufren la pérdida significativa de su madre, víctimas de femicidio, generalmente vivieron contextos violentos de maltrato hacia ella y esto produce daños físicos y emocionales, crea sentimientos de inseguridad, temor e incluso culpa”. Y añadió: “Los familiares generalmente tienen la percepción de que los niños no lo entienden y deciden no hablar de esta pérdida para evitarles este dolor, pero esto puede tener consecuencias no deseadas en la tramitación psíquica de esa ausencia. Deben conectarse con el dolor de esa muerte y habilitarles un espacio de expresión de sus emociones”.

Además, la experta recomienda que los chicos “vuelvan a su rutina y actividades recreativas lo más pronto posible para que su vida no sufra un cambio rotundo, más allá de si cambian de hogar por lo general y de cuidadores que ya no son sus progenitores”. También que estén contenidos psicológicamente y que las autoridades y el personal del colegio al que asistan estén al tanto de la situación que atraviesa el alumno.

Confusión

Cuando sucedió el crimen de su madre, Flavia, con solo nueve años, sentía mucha confusión. Eso cambió cuando emergió con más fuerza el movimiento feminista en la Argentina y, con esa perspectiva, volvió a interpretar el hecho: “La mató quien decía amarla. Vimos a mi mamá sin vida y nos dejó traumados. Mi abuelo consultó con la iglesia para manejar el perdón y que nosotros no seamos hijos rencorosos. Mi tío me llevaba a verlo a la cárcel y yo hoy sé que no lo hubiera visitado por mí misma. Él no era un papá presente ni cariñoso. Era un hombre bruto, de patadas, peleas e insultos”, añadió.

Flavia mantiene un vínculo intermitente con su padre, al que se refiere como “progenitor”. “Cuando quedó libre, íbamos a almorzar cada tanto con mis hermanos, pero teníamos miedo de pedirle explicaciones por si se enojaba. Hacíamos como que no pasó. Tuve épocas en las que me alejaba de él y otras en las que me acercaba. Entendí que no iba a cambiar nada de lo que pasó, pero llenarme de odio no me hace bien”, expresó.

Y completó: “Mis hermanos tienen ahora problemas de adicciones. Cada uno canalizó por donde pudo la pérdida y el dolor. No tuvimos la contención psicológica que debíamos en su momento, tampoco ayuda económica del Estado”.

Injusticia

Flavia no encontró el perdón que buscaba su abuelo. “A veces lo veo y tengo un sentimiento de amor-odio. A sus 78 años, mantiene el discurso: ‘Yo no quise, discutimos’. No pensó en nosotros, en que nos dejaría sin madre. No creo que se haya arrepentido nunca”, relató.

Páez apuntó: “Los sentimientos que suelen expresar los niños hacia el femicida, el progenitor, son de ambivalencia, pues en un mismo hecho han perdido a su madre y a su padre, que debe de cumplir una condena. En caso de que el padre busque retomar la relación con sus hijos, se debe garantizar el asesoramiento de distintos profesionales para el modo en que la revinculación tendrá lugar o no. El Estado debe ser garante de que los niños no vuelvan a ser revictimizados”.

Flavia destacó la “injusticia” que siente ante el asesinato de su madre. “A los femicidas deberían encerrarlos con perpetua, de por vida. Siendo sincera, estoy esperando el momento en que se muera. Es muy injusto que mi mamá viviera tan poquito y él pudiera rehacer su vida. Es un sentimiento feo, pero lo deben tener todos los hijos de femicidas. Todas las mujeres asesinadas tienen nombre y apellido y el Estado tiene una deuda con ellas y con sus familias”, apuntó.

“Él ya no es mi papá para mí”

Hace ya tres años de la última vez que Sofía Rodríguez habló con su padre y él la amenazó de muerte: “Te voy a matar, traidora de mierda. Sos una puta, igual que tu mamá”. Noemí Cristina Rodríguez “Beba”, de 56 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza en la fiesta de 15 de su nieta, el 18 de mayo de 2019 en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. Hugo Ibarra, de 58 años, su exmarido, que además era policía, la atacó con una pistola Bersa Thunder de 9mm que había adquirido en 2016 para “proteger a su familia”. “Viste que te iba a encontrar, hija de puta”, fueron las últimas palabras que le dijo antes de matarla.

La hija de Noemí, Sofía, de 27 años, llegó al lugar del crimen minutos después. “Estaba lleno de patrulleros. El cuerpo de mamá estaba en el suelo. Hugo me sacó lo más lindo que tenía en la vida y ni ya soy más su hija ni él es mi papá para mí”, relató a LA NACION.

Llevaban casados 28 años cuando, en noviembre de 2018, se separó de él por sus actitudes violentas. Lo denunció tres veces en la Comisaría de la Mujer. “Le impusieron una perimetral que vulneró todo el tiempo y mi mamá pidió que le sacaran el arma, pero luego de un allanamiento por sus propios compañeros, concluyeron que no se encontró en la casa”, apuntó Sofía.

Ibarra fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, por haber mediado violencia de género y por la utilización de arma de fuego, en noviembre pasado. La orden perimetral fue encontrada en la billetera de Noemí, entre las pertenencias que le entregaron a Sofía. La sentencia actualmente se encuentra en proceso de apelación por el acusado.

Además, la joven contó que, junto a su hermana, embargó a Ibarra por daños y perjuicios en junio de 2019. “Se retiró con 32 años de servicio y cobró dos millones de pesos. ¿Dónde está esa plata? No apareció nunca. No queremos plata, pero tampoco que él viva con unas comodidades que no se merece”, alegó.

“Mi papá se convirtió en mi enemigo”

La joven inició un proceso legal para invertir el orden de sus apellidos. “Mi papá se convirtió en mi enemigo cuando mató a mi mamá, y toda la vida va a ser eso para mí. Perdí por partida doble”, contó.

“Hugo y yo teníamos mucha conexión. Me pasaba algo y sentía la necesidad de estar con él, como cuando me peleaba con mi expareja. Él dejaba todo, se iba del trabajo para estar conmigo, pero después me ignoraba viviendo en la misma casa. Era un vínculo muy particular, aunque tengo recuerdos lindos con él: los dos riéndonos sin parar o él tocando la guitarra y ambos cantando”, precisó.

“Aprendí que cuando un hombre te dice que te va a matar es una promesa y reconstruí toda la violencia psicológica: me llamaba gorda y puta. A mi mamá la criticaba si subía de peso, pero cuando adelgazaba decía que iba buscando a los hombres. Yo crecí creyendo que todos los hombres eran así y me costó mucho adaptarme a una dinámica distinta, familiar y sana con mi pareja”, relató. Y apuntó: “Una no vive tranquila nunca más. Me juró que me iba a matar en algún momento y nunca abro un portón sin mirar a ambos lados”.

La última vez que lo vio fue en una audiencia preliminar en diciembre de 2019. “Dijo que la mató porque no sabe qué le pasó y nos pidió perdón a mi hermana y a mí en la declaración. Es muy fácil arrepentirse cuando mi mamá ya está muerta. Vamos a ir hasta la última instancia para que se pudra allá dentro, se lo juré a mi mamá y se lo prometo a todas las mujeres”.

Hoy, el conmutador de Marcos Paz en el que Noemí “Beba” Rodríguez trabajaba de radioperadora lleva su nombre y sus hijas aseguran que es “un honor” para ellas.

Reclamo

En julio de 2018 el Congreso sancionó la Ley 27.452, conocida como Brisa, que ofrece protección a los menores de 21 años cuyo progenitor/a haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar o de género, determinado por una autoridad judicial; reconoce una reparación económica mensual, equivalente a un haber jubilatorio mínimo; y contempla una cobertura integral de salud física y psíquica. El progenitor involucrado en el delito queda privado de la responsabilidad parental. Si el hecho ocurrió previo a la promulgación de la ley, la reparación se recibirá a partir de julio de 2018.

La documentación necesaria para su acceso requiere presentar la guarda de los menores, su partida de nacimiento, su DNI y la copia legalizada de la sentencia por femicidio o el auto de procesamiento.

Victoria Aguirre, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), definió las medidas existentes como “burocráticas” e “insuficientes”. “Con la Ley Brisa comienzan todos los trámites que deben gestionar los familiares de las víctimas, difíciles en un contexto así. El Estado tiene que estar presente, acercándose a las personas atravesadas por la violencia, no al revés. La ley no se está implementando en su totalidad por falta de presupuesto”, decretó.

Marcela Morera, fundadora de la asociación Atravesados por el Femicidio, recalcó: “Si no hay un imputado por el femicidio, los chicos quedan desamparados. Los procesos son muy lentos, hay causas que tardan hasta un año en elevarse a juicio. Muchos trámites que se requieren se vencen antes de que haya una resolución del caso. Además, cuando consiguen esta reparación, hay una falta de atención psicológica. El propio padre de los niños ha asesinado a la madre y se presentan muchas tendencias suicidas en los chicos que hay que abordar”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene a su cargo el seguimiento de los casos, apuntaron que en marzo pasado 955 niños y adolescentes accedieron a la reparación económica, lo cual representó una inversión mensual de $96.305.816. En la actualidad, las reparaciones otorgadas son 1037, de las cuales continúan vigentes 905, según informaron voceros de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de ese ministerio.

Y continuaron desde esa secretaría: “Se han implementado diversas acciones para garantizar el acceso a la reparación económica establecida por la ley 27.452, evitando demoras durante la tramitación. El Decreto Reglamentario 871/2018 crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la ley (Copese), presidida por la Senaf y se reúne mensualmente con una agenda de trabajo conjunta, a fin de mejorar la implementación de la ley y ampliar el acceso al derecho de las niñas, niños y adolescentes”. Y agregaron: “Sobre las constancias penales que deben presentarse, se estableció equiparar el auto de procesamiento al auto de elevación a juicio para las jurisdicciones que no cuentan en sus códigos procesales con la instancia de procesamiento”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que coteja y analiza la documentación presentada por las personas solicitantes a esta protección, no respondió a la consulta de LA NACION acerca de la existencia de demoras y las dificultades de acceso a la ley.

A la espera de juicio

Eliana Mendilaharzu falleció el 17 de noviembre de 2020 con 27 años, tras pasar 70 días en terapia intensiva en estado de coma, luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza, en la ciudad bonaerense de Azul. El acusado, que hoy se encuentra con prisión preventiva, es Ramiro Ponce, de 35 años, su pareja y padre de uno de sus cuatro hijos, que tenía dos meses. La madre de la víctima, María de los Ángeles Zárate, reclama Justicia y prisión para el agresor, mientras está a la espera del juicio.

Los hijos de Eliana, de 10, 6 y 4 años, junto con el bebé, están a cargo de su hermana menor. “Fui a los Tribunales a radicar la denuncia, mientras mi hija se estaba muriendo. Ramiro ni siquiera está condenado después de un año y medio, la justicia es muy lenta y burocrática. Recién hace dos meses nos concedieron la indemnización para mis nietos por fallecimiento de su madre”, apuntó Zárate.

Y añadió: “La última vez que vi a mi hija antes de quedar en coma fue durante la pandemia, le di un beso y volví a casa. Ella era la alegría de la familia, muy solidaria con todo el mundo. Nos arrancaron la vida a mí y a mis nietos”.

Zárate aseguró que aún no recibieron la protección reconocida por la Ley Brisa porque Ponce no está condenado. “Voy a pelear por mis nietos a muerte. Realizamos los trámites para la tutela en el Juzgado de Menores cuando pasó todo y él ni siquiera preguntó por el pequeño. La familia del femicida pidió su custodia, pero vamos a hacer lo impensable para que no la consigan. Incluso tenemos una perimetral contra ellos por hostigamiento y extorsión”.

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