Con el dictamen favorable de dos comisiones de la Cámara de Diputados, el proyecto que jerarquiza el rol de las parteras y los parteros avanzó ayer al recinto, donde se espera que hoy reciba la votación que necesita para pasar al Senado y convertirse en ley.
Es el séptimo intento en 13 años de sincerar las funciones que los licenciados en obstetricia tienen en los equipos de salud. Un documento oficial indica que pueden atender el 87% de las demandas de salud sexual y reproductiva, materna y neonatal en el país. Eso alcanza la consejería sobre métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo no planificado en la adolescencia.
El texto, que recibió el visto bueno de las comisiones de Legislación General y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, habilitará a los obstétricos a intervenir más allá del embarazo.
Como parte del equipo de salud, el proyecto establece que podrán asesorar e indicar, colocar y retirar métodos anticonceptivos, prescribir medicamentos de uso obstétrico, solicitar estudios de laboratorio y por imágenes, indicar las vacunas recomendadas según la edad y durante el embarazo, pesquisar las infecciones de transmisión sexual y el cáncer de cuello uterino para la derivación oportuna a los especialistas, atender los embarazos de bajo riesgo durante toda la gestación y promover la lactancia materna, entre otras incumbencias.
Hasta ahora, la ley nacional que regula el ejercicio de la medicina y la odontología incorpora la práctica dentro de las actividades de colaboración. En cuatro artículos, la ley 17.132 de 1967 sobre el arte de curar limita esa profesión a las mujeres, cuando en la práctica también hay varones con título de grado. El proyecto de ley deroga y reemplaza esos artículos.
Más de 6000
Un relevamiento de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud de la Nación, a través de los jefes de los programas materno infantiles de 22 provincias (dos jurisdicciones no enviaron sus respuestas), determinó que en el país hay 6657 profesionales, entre licenciados en obstetricia y obstétricos, que aún no cuentan con la complementación curricular universitaria para alcanzar el título de grado.
Actualmente, 13 universidades dictan la carrera y en 2020 se sumará una. También hay auxiliares en enfermería que, sobre todo en las provincias, cumplen las funciones de los parteros. De hecho, el proyecto de ley contempla esa complementación curricular en esos casos. Nueve de cada 10 trabajan tanto en el sector público como en el privado, mientras que el resto lo hace exclusivamente en hospitales o centros públicos. En el sector privado, en general, las funciones se limitan al control del trabajo de parto y el dictado de los cursos.
"Sus intervenciones previas y posteriores a los eventos obstétricos ayudarán tanto a la disminución de la mortalidad materna como de los recién nacidos y de los chicos de hasta 5 años, ya que (los licenciados en obstetricia) podrán hacer una detección y un control precoz del embarazo y asistir a todas las familias que viven un nacimiento y un proceso de crianza", explicaron desde el despacho del diputado Eduardo Amadeo (Cambiemos), coautor de uno de los dos proyectos que unificó el dictamen de comisiones.
Por su parte, la diputada Mónica Macha (FPV-PJ), coautora del otro proyecto incluido en el dictamen, celebró ayer a través de su cuenta de Twitter la decisión de ambas comisiones de Diputados: "Logramos un dictamen de consenso para la ley de ejercicio profesional de la obstetricia, que permite ampliar y consolidar las prácticas de los equipos de salud. Por el derecho a la salud sexual y reproductiva y a embarazos y partos respetados".
La sanción de esta norma, según se pudo conocer, es necesaria para implementar del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia o plan ENIA, que comparten los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Educación, e incluye la educación sexual integral (ESI) en las escuelas.
Un recurso estratégico
Un documento técnico del ENIA de febrero pasado destaca la importancia de la partería y considera a los obstétricos como un recurso "estratégico" en el sistema de salud. Le atribuye a las parteras y los parteros "bien capacitados" la capacidad profesional de "brindar el 87% de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal que necesitan las mujeres y los recién nacidos en cualquier entorno" dentro del equipo de salud.
Y se estima que "la cobertura universal de las intervenciones esenciales dentro de la práctica de la partería (incluidas la de la atención antes del embarazo, el control prenatal, el aborto, el trabajo de parto y el parto, la atención del posparto y la planificación familiar) podría prevenir el 83% de las muertes maternas, fetales (mortinatos) y neonatales", según precisa el documento que elaboró Edgardo Ábalos, del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Esta norma es una herramienta esencial para el plan ENIA", indicó el diputado Amadeo en diálogo con LA NACION. "A pesar de que hubo discusiones, nadie quería perder esta ley para aumentar la oferta de personal especializado en este campo de la atención, la prevención y la equidad –agregó–. Hoy, la mortalidad infantil se concentra en las provincias más pobres, la disponibilidad de ginecólogos y obstetras por provincia sigue la pauta de pobreza: en las jurisdicciones más pobres hay menos especialistas. Pero contamos con profesionales con título universitario formado en las capacidades necesarias para prevenir el embarazo adolescente, no intencional y reducir la mortalidad materno infantil. Hay que aprovecharlos."
El 70% de los embarazos en el país llegan al parto sin complicaciones. El resto lo hace con algún problema que demanda la intervención de médicos especializados o una cesárea.
Sincerar los registros
Con un nuevo marco legal, también mejorarán los registros de esas prácticas. Datos de 2017 de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, indican que el 99,6% de los partos considerados "normales" lo asiste recurso humano calificado: los registros formales muestran que en solo uno de cada cuatro casos intervino un licenciado en obstetricia, cuando en la práctica la diferencia es mayor.
"Necesitamos esta ley para poder desempeñar nuestra función con un marco legal que regule nuestra profesión de acuerdo con las incumbencias que otorga el título universitario", explicó la licenciada obstétrica Carolina Nigri, integrante del Área de Obstetricia de la dirección nacional a cargo de Diana Fariña.
Y agregó, ante la consulta de LA NACION: "Es una ley muy esperada por el recurso humano obstétrico porque sabemos que, con esta norma que regula el ejercicio profesional, el rol de los licenciados en obstetricia será fundamental para garantizar los derechos de padres e hijos durante el proceso del nacimiento, con una atención segura y centrada en la familia, una mejor calidad de atención, acceso de las usuarias a los servicios de salud sexual y reproductiva. Todo esto tendrá un impacto positivo en los resultados perinatales y en la disminución de la morbimortalidad materna e infantil".