PAMI: investigan una supuesta malversación en Buenos Aires

LA PLATA.- El Ministerio de Salud bonaerense deberá demostrar cómo usó unos 400 millones de pesos, destinados anualmente a la asistencia de afiliados al PAMI y administrados, desde 1996, por el Consorcio Agrupación Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires (Cores), que fue creado para ese fin por la cartera a cargo de Juan José Mussi.

Así se desprende, al menos, de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense, tras un dictamen firmado por el relator Miguel Pouzo y la vocal Cecilia Fernández.

Ambos funcionarios analizaron el tema por pedido de dos diputados aliancistas. Dispondrán de un plazo de 15 días para que el ministerio exhiba las cuentas pendientes.

El dictamen contradice el argumento de Mussi, quien aseguró que los consorcios no forman parte de la estructura orgánica de su ministerio. A juicio del responsable del área de salud del gobierno de Eduardo Duhalde, en este caso, no corresponde el contralor provincial.

En diálogo con La Nación , Mussi adelantó anoche que no responderá la solicitud del Tribunal de Cuentas.

"Todo aquello que no está contemplado en el presupuesto provincial no puede ser rendido y esto no lo digo yo, sino la propia ley de contabilidad", dijo. Y agregó: "El dinero se usó para pagar buenas prestaciones".

El año último, el funcionario fue interpelado por la Cámara baja bonaerense, luego de que los legisladores recibieran varias denuncias de jubilados, prestadores y entidades profesionales sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

En diciembre de 1996, el ministerio constituyó 12 regionales del Cores con el objeto de proveer cobertura médica asistencial integral a 1.470.000 beneficiarios del PAMI en la provincia. Por ese servicio, la megaobra social de los jubilados pagaba una cápita mensual de 23,99 pesos por afiliado.

Al ser consultado por este tema, fuentes del PAMI informaron que preferían "abstenerse de opinar".

Distintos criterios

El director provincial de Coordinación de Sistemas Regionales de Salud de la cartera y responsable general del Cores, Juan Esteban Marini, aseguró a La Nación que "estos organismos no administran fondos, sino que los trasladan del Estado nacional a los beneficiarios".

Marini, que se mostró sorprendido por el dictamen del Tribunal y sostuvo que no había sido notificado oficialmente, advirtió que planteará la incompetencia del organismo de control.

En un descargo presentado anteriormente ante el Tribunal de Cuentas, el funcionario había explicado que "cada Comité de Administración de los consorcios estaba integrado por los directores de las regiones sanitarias, los titulares de hospitales públicos provinciales y municipales y los intendentes de cada localidad".

Mussi y Marini insistieron en que la administración de los Cores no está vinculada con la administración pública. Pero el Tribunal de Cuentas logró establecer que, en los convenios rubricados con el PAMI, el consorcio representado por Marini puso como domicilio legal la ubicación de su despacho ministerial.

De allí surge que el funcionario "resulta responsable en caso de plantearse cualquier reclamo administrativo o judicial".

Los diputados provinciales de la Alianza Luis Blanco y Juan Pedro Tunessi sospechan -además- que el titular del Cores utilizó para ese cargo recursos personales, técnico-administrativos, profesionales y equipamiento del Ministerio de Salud bonaerense.

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