PAMI: intervienen delegaciones

Al tiempo que anunciaron la intervención en las sedes regionales, los interventores en el PAMI publicarán la semana próxima las características y el cronograma de la primera licitación que pondrán en marcha, para prestar asistencia médica a los 4.000.000 de afiliados en todo el país.

Se trata -en total- de servicios médicos por casi 180 millones de pesos mensuales, según informó anoche a La Nación el interventor Angel Tonietto.

En principio -según el funcionario- los prestadores comenzarán a atender a los jubilados en marzo próximo. En esa fecha dejarán de estar vigentes los 138 contratos que el ex titular del PAMI Víctor Alderete firmó con empresas intermediarias en todo el país y que fueron cancelados por una carta documento que los interventores enviaron anteayer.

Por otro lado, la semana próxima, 36 interventores federales desembarcarán con fuerza en las sedes regionales que el PAMI tiene en el interior del país. Al menos la mitad de ellos llegará a su lugar de trabajo entre el lunes y el martes y el resto, a medida que sean designados, confió otra fuente de la obra social.

Su misión será reemplazar a los actuales gerentes, hacer un diagnóstico de la situación de cada provincia, tratar con los prestadores locales y denunciar todas las irregularidades que descubran. En definitiva: deberán reproducir el modelo que siguieron a nivel nacional los interventores Cecilia Felgueras, Horacio Rodríguez Larreta y Tonietto.

Se trata de las primeras medidas tendientes a federalizar el poder de decisión dentro del PAMI que hayan puesto en marcha los tres interventores que designó el presidente Fernando de la Rúa. Y las primeras acciones efectivas para desarticular el sistema médico que ideó Alderete, que se caracterizó por concentrar todas las decisiones en él y en un grupo de fieles colaboradores.

Durante su gestión entre enero de 1997 y diciembre último, el ex funcionario menemista fomentó la participación de empresas intermediarias -que a su vez subcontrataban a clínicas y profesionales-, que no sólo cobraban un alto porcentaje por sus servicios sino que fueron sospechadas de graves irregularidades.

Varias de ellas, como Funeral Home (sepelios), Fegera (geriátricos), Medicystem (centros de rehabilitación) y Matter Medical (entrega de audífonos), entre muchas otras, forman parte de escandalosos expedientes judiciales.

Ahora, de un plumazo, los interventores Felgueras, Tonietto y Rodríguez Larreta rompieron con ese controvertido esquema y abrirán el juego.

"Estamos terminando de armar los pliegos para la licitación -dijo Tonietto-. Se hará un llamado a concurso público y se hará la evaluación y la selección de acuerdo con la oferta técnica y económica que recibamos", agregó.

Las condiciones se publicarán en los medios de comunicación y en el Boletín Oficial. Según el interventor, varias instituciones internacionales, colegios y federaciones del país participarán en el control para "garantizar la transparencia".

"Calculamos que algunos de los concursos los vamos a tener listos entre el 29 de febrero y el 1º de marzo -adelantó Tonietto-. Si no llegamos con los tiempos, durante el mes de marzo terminaríamos con el resto", sostuvo.

El plan incluye la creación de Unidades de Gestión Prestacional (UGP) que tendrán a su cargo entre 50.000 y 100.000 afiliados. No más. Hoy, algunos intermediarios atienden a más de 800.000 afiliados.

Anoche, unos 20 interventores federales estuvieron reunidos en la sede central del PAMI, en donde fueron informados del modelo que se pretende llevar a las provincias. Aunque técnicamente ninguno de ellos fue designado, Tonietto explicó que los que restan serán nombrados en las próximas horas.

A cargo de la Gerencia de Regionalización, la responsable de llevar adelante la intervención federal, están Javier Pereyra (PJ), Juan Storani (UCR) y Graciela Rosso (Frepaso).

Los nombres de los interventores federales "fueron consensuados con todas las fuerzas locales, incluyendo al PJ, los gobernadores, los intendentes y los colegios", explicó Tonietto.

Según Tonietto, los nuevos funcionarios "van a tener el mismo lineamiento político, con respecto a las prestaciones, que el de la intervención nacional, pero adaptado a la realidad local".