Padres en vilo: qué debe hacer un colegio cuando recibe una denuncia de abuso sexual
No hay un protocolo único, porque cada caso debe evaluarse según el contexto; los especialistas afirman que son fundamentales la escucha de las víctimas y la denuncia correspondiente
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“Queremos que el colegio proceda según los protocolos correspondientes y que se tomen medidas para estar tranquilos mandando a nuestros hijos a clase”, dijo el padre de un alumno del Colegio Cristo Rey el martes de la semana pasada durante una concentración en la puerta del establecimiento, en la que reclamaban respuestas por las denuncias de los presuntos abusos que habrían cometido estudiantes más grandes contra dos más chicos dentro de la institución.
A raíz de este caso en la localidad bonaerense de Garín y otra denuncia radicada el 13 de abril en la ciudad de Buenos Aires por un supuesto caso de abuso sucedido en el Instituto San Vicente de Paul, muchas familias se preguntaron cuál es el protocolo que debe seguir un establecimiento educativo al recibir una acusación de este tipo.
Si bien fuentes del Ministerio de Educación de la Nación explicaron que cada jurisdicción tiene sus propios lineamientos, los especialistas coincidieron en algo: lo más importante, dicen, es siempre realizar la denuncia policial, hacer una escucha activa de lo que relatan los chicos y trabajar dentro del marco de la ley de Educación Sexual Integral (ESI).
“No hablamos de protocolo, sino de guía de orientación para intervenir en el espacio escolar en situaciones conflictivas. La guía orienta, pero como estas son situaciones contextuales, no se puede rigidizar el accionar con un protocolo. El contexto es fundamental en cada caso”, explicó Virna Baraldo, psicopedagoga miembro de la Asociación de Psicopedagogos de la Provincia de Buenos Aires (Appba).
En territorio bonaerense
En la provincia de Buenos Aires, la “Guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar” indica la intervención de todos los docentes cuando se vulnera el derecho de un niño. “La guía tiene carácter prescriptivo, por lo tanto es una norma y hay que aplicarla. Como funcionarios públicos, en el caso de las escuelas estatales los docentes están obligados a intervenir”, sostuvo la profesional.
Según detalló Baraldo, el docente que escucha al niño contar una situación de vulnerabilidad tiene que, como primera medida, redactar un acta y a partir de ahí comienza la intervención: “Si es una presunción de abuso en el ámbito intrafamiliar, hay que averiguar qué es lo que sucedió y hacer la denuncia. Si la familia no efectúa la denuncia, la escuela lo hace. El procedimiento funciona igual cuando el hecho ocurre dentro del ámbito escolar. Siempre lo primero es que la familia o la escuela efectúen la denuncia”.
Luego, “en caso de que el acusado sea un docente, este es separado de su cargo preventivamente. Si el hecho denunciado ocurre entre pares, el camino es bastante complicado. Es un terreno mucho más complejo. A veces se suspenden las clases como medida de protección para intentar trabajar al interior de la institución y realizar las investigaciones, pero no es lo habitual”, comentó. Y remarcó la importancia de que cualquier información dirigida a la comunidad educativa sea siempre divulgada en el marco de la ley de Educación Sexual Integral.
Martín Zurita, vocero de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), comentó: “Todos los colegios [bonaerenses] se deben regir por esta guía. Cada escuela puede tener su forma de tratar el tema, pero con este marco regulatorio que tiene en cuenta todas las leyes nacionales y provinciales”.
En la Capital
En tanto, fuentes del Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires indicaron: “La escuela es un ámbito de privilegio para la detección de situaciones de vulneración de derechos. Cuando una escuela toma conocimiento sobre un presunto hecho de violencia o abuso sexual infantil [en cualquier nivel educativo en colegios de gestión pública o privada], se informa al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y este articula con el Ministerio de Salud para garantizar el resguardo del menor. Además, la institución educativa solicita la intervención de los equipos de apoyo del ministerio, que llevarán adelante acciones tendientes a proteger la integridad psicofísica del estudiante”.
Si el denunciado fuera personal docente o no docente de la institución educativa, agregaron, se lo corre preventivamente del cargo asignándole tareas en las que no haya contacto con niños. La Justicia realiza las acciones que considera pertinentes y define qué sucede con el denunciado.
“Trabajamos con docentes y familias brindando asesoramiento, escucha y contención, y se interviene grupalmente reforzando contenidos de acuerdo con el nivel educativo; por ejemplo, el cuidado del propio cuerpo, del cuerpo del otro y la intimidad, entre otros. También se brindan diferentes talleres sobre prevención en violencia de género, pautas de crianza y educación sexual integral”, aseguraron.
Desde el Ministerio de Educación de la Nación aclararon que, a pesar de que no haber un lineamiento general para todo el país, existe la “Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”, un documento que brinda herramientas para un abordaje integral e institucional ante situaciones conflictivas o vulneración de derechos en el ámbito educativo, propiciando una orientación para los equipos directivos y docentes. También comentaron que implementar la ley de Educación Sexual Integral puede ayudar a las escuelas a encontrar mejores respuestas, prevenir y acompañar situaciones complejas.
Impacto psicológico
La actitud del adulto en el momento en que un niño se anima a contarle que vivió una situación de abuso es fundamental.
“La capacidad de escucha que tenga el adulto cuando el chico habla es muy importante. No se trata de decidir en ese momento si el relato es verdad o mentira, porque si el niño percibe que lo que está contando no está bien puede sentir culpa, temor o vergüenza. Es importantísimo no descalificarlo. No está en uno decidir si lo narrado es verdad o mentira, sino atender a la verosimilitud de lo que cuenta el niño”, dijo el psicoanalista Juan Eduardo Tesone.
Y agregó: “Suspender las clases no es prudente, habría que tomar medidas para separar a los más chicos de los más grandes. Es elemental que los chicos de jardín, primaria y secundaria tengan baños separados. El accionar depende mucho de quién es el agresor. Si se da entre chicos de la misma edad, puede ser un juego sexual y hay que ver por qué ese niño está tan erotizado. Cuando hay más de tres años de diferencia se requiere pensar en el más chico como damnificado y, más allá de la intervención judicial que pueda haber, se impone una consulta psicológica”.
A pesar de que todo abuso genera un efecto disruptivo en el niño, Tesone sostuvo que no es correcto establecer reglas generales de acción, ya que cada caso es singular. “El traumatismo psíquico depende de cada persona. Puede haber 100 personas en un accidente y cada persona lo va a transitar de manera distinta. Es una experiencia grave siempre, pero puede ser más o menos traumática dependiendo de cómo se la elabore. Lo importante es hacer una intervención psicológica temprana, en la que el niño pueda hablar de lo que sintió. No está bien cuando la gente dice ‘olvidate de esto’, porque un hecho así no se olvida, se elabora y con el tiempo puede perder intensidad emotiva”, finalizó.
Proceso judicial
El fiscal Gustavo Ancurio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, intervino en las dos denuncias por abuso en el Colegio Cristo Rey. Aseguró que en un proceso judicial la prioridad es siempre la salud psíquica de los chicos.
“La cámara Gesell es un proceso pensado especialmente para que declaren los menores de edad víctimas de violencia o abuso sexual. Se hace en una sala donde está el declarante con psicólogos que lo entrevistan mediante un sistema cerrado y monitoreado de audio y video. Para que un menor pueda ser sometido a esto, primero lo evalúan profesionales psicólogos a los fines de establecer si se puede hacer o no, ya que muchas veces el niño tiene una situación psicológica que el llevarlo a esa instancia es una posibilidad de afectarlo; entonces se prioriza la salud del menor antes que la obtención de la prueba”, detalló.Ancurio explicó que el menor puede declarar una única vez para no revictimizarlo y si fuera necesario ampliar la denuncia, es el responsable legal del menor quien declararía.
La guía de orientación de la provincia de Buenos Aires entiende por revictimización o victimización secundaria a todas las acciones que implican una nueva vulneración de los derechos de aquellas personas que ya han sido víctimas, es decir toda situación en la cual no se esté resguardando la integridad física y psicológica de las mismas. La revictimización puede volverse más grave que la victimización misma, en tanto muchas veces en lugar de cortar el circuito de violencia lo legitima y lo sostiene.
Hasta el momento, Ancurio no recibió nuevas denuncias que se sumen a las dos radicadas el domingo 10 y el martes 12 de abril por una madre y un padre de alumnos de 6 y 5 años del colegio de Garín.
“Los psicólogos están evaluando si los menores están en condiciones de someterse a cámara Gesell. Mientras tanto, estamos tratando de obtener otras pruebas que nos permitan identificar a los presuntos autores, pero todavía no tenemos pistas claras. Es muy difícil determinar la edad exacta de los agresores”, reveló Ancurio. La edad de los abusadores definirá el camino a seguir del caso porque si son menores de 16 años no se puede seguir una acción penal, pero sí en el caso de que fuesen mayores de 16 y menores de 18.
Respecto del Instituto San Vicente de Paul, que funciona en el barrio porteño de Parque Patricios, fuentes de la Policía de la Ciudad comentaron: “Se tomó la denuncia en la Comisaría Comunal 4, se realizaron las declaraciones e intervino la fiscalía de menores N° 5, que a su vez indicó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La policía no puede hacer nada más hasta que no reciba órdenes de la justicia de menores”.
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