Pacto de Mayo: el punto 7 del acuerdo genera una nueva grieta con los ambientalistas

Ante 18 gobernadores, en una helada noche tucumana, el presidente Javier Milei volvió a afirmar el 9 de julio pasado que, para su gobierno, la explotación de la naturaleza es un deber de las provincias y un camino que el país debe acelerar para mejorar su economía y su nivel de desarrollo. Así lo expresa el punto 7 del llamado Pacto de Mayo, que establece “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. En un tramo de su discurso, el Presidente mencionó que “Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales”, pero que “los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas de organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos”, tras lo que agregó que su gobierno busca “dejar atrás esa demagogia buenista”.

Milei mencionó dos ejemplos para reforzar su argumento: dijo que la Argentina no produce cobre como Chile y también habló de los recursos pesqueros del mar del sur, “que son apropiados por potencias extranjeras”. Muchas entidades representativas del sector privado como el Grupo de los 6 y las cámaras que agrupan empresas de la actividad minera, de la energía y del agronegocio apoyan la visión del Presidente y esperan que, una vez que se avance con la reforma del Estado, lleguen más inversiones en esas áreas estratégicas para el ingreso de divisas.

Por el lado del ambientalismo, la visión es muy diferente: decenas de organizaciones de todo el país salieron en bloque a criticar la postura del Ejecutivo, a la que acusan de ser inconstitucional y de atrasar 50 años en relación a las nuevas demandas globales de commodities, cada vez más formateadas por consumidores interesados en el cuidado del ambiente y en la sustentabilidad.

En contra

Para las organizaciones socioambientales argentinas, la propuesta del gobierno de Milei es inconstitucional, además de anticuada y fuera de agenda. Así lo expresaron en un comunicado difundido hace pocos días firmado por varias decenas de ONG que explicita “el más profundo rechazo” a la intención oficial de que las provincias “avancen en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil”.

“Las palabras del Presidente y el texto firmado van a contramano del mandato constitucional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental”, se señala en el texto. Y se agrega que la idea de Milei de “promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental” es una premisa “ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población”.

Para las organizaciones, el Presidente habla de un mundo “que ya no existe”, ya que, por el contrario, la inserción del país en el escenario internacional “implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales”. Y se completa: “No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que este ofrece al mundo”.

Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional por Los Verdes y exfuncionario del área ambiental de la ciudad de Buenos Aires, replicó a través de posteos en redes sociales que argumentar que el ambientalismo bloquea inversiones “era una zoncera”. Y agregó: “No hay inversiones en sitios donde la integridad ambiental no esté mínimamente garantizada. Pensar que la ausencia de barreras ambientales facilita las inversiones es un infantilismo y un verdadero anacronismo, ya que desconoce los principios de acción actuales de las inversiones, instituciones financieras, mercados globales y corporaciones internacionales”.

En favor

En tanto, varios y diversos actores del sector privado salieron en los últimos días apoyar el Pacto de Mayo. Una de las adhesiones más importantes fue la del llamado Grupo de los 6 (G6), integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. “La Argentina está frente a una oportunidad que depende de todos los actores políticos, económicos y sociales”, expresaron en un comunicado.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) también apoyaron la iniciativa: “Como industria caracterizada por trabajar con proyectos de largo plazo, sabemos que los consensos son el único camino posible para generar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno y a las necesidades coyunturales”.

De igual manera lo hizo la Cámara Argentina de la Energía (CADE), desde la que manifestaron que la convocatoria del gobierno nacional es “un paso fundamental para establecer las bases de un acuerdo nacional y un marco de previsibilidad con reglas claras y estables, que favorecerán el crecimiento y las inversiones del sector energético”.

Las provincias

Desde los gobiernos provinciales, las reacciones son variadas y dependen del grado de cercanía al proyecto político presidencial, así como a necesidades concretas de financiamiento o ayudas en tiempos de estricto déficit cero por parte de la Nación.

Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, del que depende la Secretaría de Ambiente, es claro: el gobernador Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio) firmó el Pacto de Mayo y a partir de allí “la posición de la provincia es acompañar”. “Entendemos el tema de la explotación de los recursos en los mismos términos que lo usa la Real Academia: sacar provecho de una fuente de riqueza trabajando en ello”, siempre dentro del marco de las leyes de presupuestos mínimos que ya existen a nivel nacional, así como de la propia normativa ambiental entrerriana. Y completó: “Creo que estamos ante una discusión semántica, para nosotros se trata de cuidar los recursos, pero usándolos para obtener riqueza. Lo entendemos así, siempre en el marco de las normas existentes y de la potestad a las provincias que otorga la Constitución”.

Desde Santa Fe, otra provincia que adhirió al Pacto de Mayo a través de la firma del gobernador Maximiliano Pullaro (UCR), se mostraron cautelosos al afirmar que “todavía es prematuro” saber lo que puede implicar el punto 7 del Pacto en términos concretos para el cuidado de la naturaleza. En ese sentido, fuentes del área de Ambiente –la provincia es una de las pocas que cuenta con un Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, actualmente gestionado por Enrique Estévez (socialismo)– explicaron que siguen con atención las decisiones del gobierno nacional, tanto en materia legislativa como presupuestaria, y que lo que se privilegia en todos los casos “es la sustentabilidad de las actividades que se desarrollen y el bienestar de los santafesinos”.

Daniela Vilar (peronismo), ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que no firmó el Pacto, usó las redes sociales para atacar la postura del gobierno libertario: “Milei pasó de negar el cambio climático a incluir la variable ambiental en el Pacto de Mayo. Lamentablemente, no para proponer un modelo de desarrollo sostenible, sino todo lo contrario: poniendo a la naturaleza como un dispenser de recursos ilimitados” escribió en X, donde denunció que proyectos como el saneamiento de basurales a cielo abierto y la construcción de centros ambientales de economía circular “tuvieron que paralizarse porque el gobierno nacional sacó el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo”.

El ejemplo de provincias como Chubut, cuyo gobernador Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) firmó el acuerdo, puede ser un caso testigo de cómo lograran o no esos gobiernos locales equilibrar lo que ya está legislado –esa provincia prohíbe la megaminería– con el nuevo marco que propone la Nación, sobre todo entendiendo que, por mandato constitucional, las normativas ambientales son no regresivas, o sea no pueden modificarse en detrimento del cuidado del ambiente. Enrique Viale, abogado ambientalista, lo explica así: “Los gobernadores, generalmente, tienen grandes complicidades con las trasnacionales. Toman los caminos más cortos y son cómplices de esto. Los pueblos se resisten y esto augura una conflictividad social muy grande”. Y concluyó: “La Argentina no puede salir de ese mandato extractivista que nos imponen colonialmente. Ahora se va a profundizar con el RIGI [Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones]”.

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