“Nuevo año, los mismos problemas”: a pocas horas de la marcha, la UBA declaró la emergencia salarial
El Consejo Superior de la universidad denunció que el personal docente y no docente perdió el 50% de su poder adquisitivo en 2024
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LA NACIONLucila Marin
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votó hoy por unanimidad la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes ante la pérdida, como indicaron en un comunicado, del 50% en su poder adquisitivo en el último año.
Durante el encuentro, los integrantes del Consejo Superior abordaron la crisis presupuestaria del sistema: la falta de actualización de los gastos de funcionamiento; fondos para la extensión universitaria e infraestructura –señalaron que la ejecución durante 2024 fue del 0%– y para Ciencia y Técnica, afirmaron que en términos nominales sufren un reducción del 75% en comparación con 2023. Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, todos los actores universitarios profundizaron sus reclamos por estos puntos.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para este lunes y martes por el “desfinanciamiento estructural” de las casas de estudio y resolvieron acompañar la marcha por los jubilados de este miércoles. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores, también expresó su preocupación por la crisis presupuestaria y reclamó la urgente recomposición salarial en un comunicado titulado “Nuevo año, los mismos problemas”. “Las becas estudiantiles están congeladas desde agosto de 2024 y sus montos están alejados de cubrir necesidades mínimas. Los recursos que se destinan al funcionamiento de nuestras casas de altos estudios apenas alcanzan a un 50% para 2025″, marcaron.
“Acá está en juego el derecho a acceder a la educación pública, gratuita y de calidad. [Javier] Milei quiere destruir la universidad pública, pero los jóvenes no lo vamos a permitir”, dijo la consejera superior, la estudiante Lucille Levy.
Por segundo año consecutivo, este año la administración de Milei tampoco cuenta con una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. Al igual que tantas otras áreas del Estado, las universidades comenzaron 2025 con el presupuesto prorrogado. “Sin ley para 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”, apuntaron en el comunicado difundido por los gremios al convocar al primer paro del año.
El año pasado, el reclamo por fondos para las universidades nacionales derivó en la primera gran marcha que enfrentó el gobierno de Javier Milei. Luego de la masiva movilización del 24 de abril, que congregó a unas 430.000 según el cálculo de LA NACIÓN, las casas de altos estudios consiguieron la actualización de los gastos de funcionamiento que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico: todas las erogaciones por fuera del pago de sueldos.
Luego, el conflicto universitario se centró en el reclamo por los salarios que se convirtieron en la principal válvula de ajuste del sistema. Es que los sueldos de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 90% del presupuesto, mientras que los gastos de funcionamiento rondan apenas un 10%. Con una dinámica similar al anterior reclamo, el pedido por la recomposición salarial no solo lo impulsaron los gremios, sino que contaron con el apoyo de los rectores agrupados en el CIN y también buscaron visibilizar la problemática para que se involucre la sociedad civil. Y convocaron a la segunda marcha federal en octubre pasado para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario, que Milei vetó.
“Se está empujando a nuestros docentes universitarios a elegir entre la renuncia y el exilio. No se puede hacer docencia con salarios de miseria. Y en esto tenemos que tener la convicción de que es una causa noble que tenemos que defender. Son los docentes y no docentes los que garantizan que la UBA funcione”, agrego Levy. Con una inflación acumulada que alcanza el 4,7%, el incremento salarial impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) fue del 1,5% para enero y del 1,2% para febrero. Los gremios, que rechazaron todas las propuestas desde que asumió Milei, consideraron que la oferta continuaba “profundizando la pérdida salarial acumulada durante 2024.
El año pasado las universidades empezaron a hablar de un “éxodo de docentes” por la situación salarial. Hasta octubre, en la Facultad de Agronomía se habían ido 30 docentes, en la de Veterinaria 48 y en los colegios preuniversitarios, solo después de las vacaciones de invierno, sumaban unos 56.
“Este gobierno no viene por la casta, ni por una cuestión de eficiencia de los recursos, sino que quieren llevarse puesto el sistema de universidades nacionales por una cuestión ideológica. Están forzando a nuestros docentes universitarios a elegir entre la renuncia y el exilio porque no se puede hacer docencia con salarios miserables. No se crean que nos vamos a quedar de brazos cruzados: acá hay una juventud dispuesta a movilizarse y hacer lo que haya que hacer para defender a la universidad pública”, cerró Levy.
Por Lucila Marin
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