“Se vive con miedo”. El barrio porteño de zona sur que perdió la tranquilidad: contra quién apuntan los vecinos

“Fuera paradores”, cantaban las cerca de 200 personas que, días atrás, hacían ruido con cacerolas, ollas y cucharas protestaron por la inseguridad en Barracas. “Esta semana tuve tres robos, solo en el restaurante. Ayer vino uno con una navaja. No hay un horario en que estemos tranquilos. Ya no se puede trabajar. También robaron en el supermercado y a la farmacia. Es todos los días, antes era una vez al mes, pero ahora es todos los días. La gente vive con miedo”, dijo a LA NACION Sol Gómez, de 39 años, dueña de un local de la zona que asistió con un cartel que resumía: “Avenida Patricios 1000 desprotegida, todos los días hay robo”.

A esa lista se suman dos locales sobre la avenida Montes de Oca, una carnicería y una hamburguesería también de la zona que sufrieron robos en el transcurso de una semana.

“Nos nos vendan Disneylandia, adapten sus políticas a la realidad”, “Subestiman a los vecinos, decimos basta”, “El Sur también existe”, “No a los paradores de presos en Barracas”, “La gente no es ganado, den soluciones reales” eran otros de los carteles que podían leerse en la marcha que la semana pasada convocaron vecinos de Barracas en la avenida Montes de Oca y Suárez.

Ellos tienen una teoría: denuncian que la inseguridad y la violencia en la zona aumentaron desde que el parador del Gobierno porteño ubicado en Uspallata 831 donde antes albergaban adultos mayores se transformó en un Centro de Inclusión Social. Según cuentan, quienes asisten solo ingresan en los horarios de comida. El resto del día, están en la calle. Además, coinciden en que a la noche suelen escuchar golpes y ruidos de aquellos que no lograron entrar.

“Queremos que este lugar se vaya porque este lugar no es seguro”, resumió Leticia, que vive en uno de los edificios lindantes con el parador, y al igual que los demás vecinos omite dar su apellido por miedo a represalias. Y agregó: “Desde que está hay más robos. Hay gente que roba y vende droga. No hay nada para que se reintegren”.

“Hemos visualizado personas con tobillera. En su mayoría son todos hombres de entre 35 y 40 años. Revolucionaron nuestro barrio”, sumó María, que vive en el otro edificio contiguo donde el mes pasado ingresaron y le robaron al encargado.

Varios creen que en esos centros alojan a exconvictos y remarcan que en octubre detuvieron en el parador a un hombre que estaba prófugo hace siete meses por el femicidio de su pareja, asesinada en la localidad cordobesa Santa María de Punilla.

Sobre este punto, desde el ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad contestaron a LA NACION que no son tobilleras de libertad condicional. “Hubo una persona alojada en este centro que tenía tobillera y en todo momento que estuvo ahí tuvo consigna policial como custodia. Esta persona tenía tobillera por una denuncia de violencia de género. La tobillera que tiene se la conoce como tobillera dual. No es para personas que deberían estar presas sino que, a raíz de la denuncia por violencia, su uso permite que la víctima sepa donde está el agresor para garantizar que esté lejos y se monitorea permanentemente con el Ministerio de Seguridad. Estos dispositivos se georeferencian para que se active la alarma si el agresor viola la medida cautelar de prohibición perimetral ordenada por la Justicia hacia la víctima”, detallaron.

Los vecinos cuentan que tienen buena relación con la comisaría y que están al tanto de lo que sucede en el barrio. En el mes de febrero tuvieron reuniones vecinales todas las semanas y luego de la ola de incidentes de los locales sobre la avenida Montes de Oca decidieron juntar firmas la primera semana de marzo. Tuvieron reuniones con algunos funcionarios de la administración porteña y también asistieron al Foro de Seguridad Pública (FOSEP), reuniones periódicas organizadas por el Gobierno para que los vecinos planteen sus problemáticas.

Pese a que reconocen que tras sus quejas ven más seguridad y policías, consideran que eso no soluciona el conflicto de fondo y piden la relocalización del centro. “No tuvieron nada en cuenta; esto es una zona residencial. Nos estamos cuidando entre nosotros”, cuenta Claudia, de 58 años, una de las coordinadoras del grupo de vecinos donde suelen informarse por WhatsApp los movimientos del barrio. Su cartel decía: “Mapa del delito, última actualización: Diciembre 2021. La transformación no para...”. Esa es la fecha hasta la que se pueden visualizar las estadísticas en el mapa publicado en la página web de la administración porteña.

“No estamos en contra de la inclusión, pero se volvió un foco”, relata Catalina que lleva un registro de los incidentes. Y pide: “Que alguien conteste”.

Malestar

Valeria, de 43 años, también enfatiza este punto. “¿Qué estudio socioambiental se hizo para instalarlo acá? Está a tres cuadras de un colegio. No midieron nada para ponerlo en una zona urbana. Toda esta gente está en las esquinas, los chicos ya no salen, a las chicas les dicen cosas. A partir de marzo empezaron a achicar las plazas y ahora dicen que quedaron solo 30, se fueron cinco camionetas. ¿Qué tuvieron 100 personas? A las personas mayores nosotros los ayudábamos y ahora pasamos a encerrarnos porque nos roban”, relató.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que están al tanto del malestar de los vecinos por la presencia del parador y sus habitantes. “Consultado el sistema de denuncia no se han reflejado en los últimos meses un crecimiento de los hechos delictivos atribuible a sus integrantes”, dijeron a LA NACION fuentes de esa cartera, aunque reconocieron que aumentaron los controles y la comisaria de la zona “ha tomado el tema”.

Por su parte, los vecinos plantean la dificultad para demostrar que son los integrantes de los paradores quienes delinquen y piden ayuda a la policía para verificarlo. De todos modos, la mayoría enfatizaba la necesidad de denunciar los robos para poder contar con estadísticas. En la marcha, una mujer rubia, a cuyo hijo le habían robado dos veces gritaba: “Hagan las denuncias”.

La misma problemática se replica a unas cuadras sobre la calle Osvaldo Cruz, donde se encuentra otro parador. “Desde que llegó el refugio, esto cambió significativamente”, sentencia uno de los vecinos que vive cerca y, por miedo a represalias, también prefirió no dar su nombre. “La calle se empezó a poner desagradable. Hay riñas callejeras, se juntan en las plazas a consumir alcohol. Han tratado de meterse en casa. Realmente nos sentimos intimidados y aún más, vigilados”, contó.

Y planteó: “O lo reconfiguran o lo sacan. Nosotros no tenemos nada en contra de gente que necesita asistencia pero esto es gente con antecedentes”.

Desde el ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, señalaron que las reuniones con los vecinos fueron “muy positivas” y sobre los Centros de Inclusión Social apuntaron: “Es una política pública muy robusta de la Ciudad que está preparada para atender a todas estas personas. Es una de las problemáticas a tratar, pero se hace seguimiento, se dan talleres”

“Las actividades están dirigidas hacia las personas que se encontraban en situación de calle y que actualmente residen en algún CIS. El objetivo principal de estas acciones es proponer y brindar medidas para la protección integral de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social, facilitando herramientas que promuevan el desarrollo personal. Asimismo, promover la participación comunitaria y la inclusión sociolaboral en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, empresas y entes gubernamentales”, agregaron.

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