Cuáles son las seis alertas que amenazan el medio ambiente argentino

La cuenca abarca 2.240 km2 en los que viven alrededor de 3.500.000 personas y hay unas 12.700 industrias. La contaminación de este rio de 64 km de largo, “es uno de los temas de mayor relevancia socioambiental del país”, destaca FARN en su informe ambiental 2019. Aunque se pueden mencionar algunos avances, como la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para impulsar el plan de saneamiento, y las tareas de remoción y limpieza de más de 1400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes, que en el caso de la CABA permiten ampliar los sistemas de recolección de residuos, y el progreso de obras de infraestructura clocal, el plan integral de saneamiento “cuenta con un bajo nivel de implementación”. No mejoraron las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo. “No existe una política eficiente para controlar las descargas de las industrias. Las normativas que rigen no son adecuadas para el Riachuelo, ya que permite tirar todo lo que deseen las empresas si lo diluyen en agua”, afirma Antonio Brailovsky.

Se calcula que, en promedio, cada argentino produce un kilo de basura por día. Recogerlo y trasladarlo hacia los sitios de deposición solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires exige más de 2500 camiones cargados de 18.000 toneladas diarias de desechos que se vierten en los rellenos sanitarios . Solo el 13% de esa cifra se procesa o se recicla para su reutilización. Pero las autoridades de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) , compañía creada por los estados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya advirtieron que en cinco años la capacidad de esos espacios quedará colmada. Este año las autoridades rehabilitaron la incineración, que había sido prohhibida hace más de una década, una tecnología fuertemente cuestionada por su costo y porque compite con la economía circular. Los especialistas destacan que el problema es que la basura viene determinada no por el consumidor, sino por el productor. Si hay materiales que pueden servir, ¿para qué gastar tanto en quemarlos? Los especialistas también reclaman una ley de residuos peligrosos.

Según datos oficiales, entre 1990 y 2017, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques una superficie igual a Bélgica y Holanda sumadas. La del Gran Chaco es una de las zonas que más padeció este proceso. Según Greenpeace, cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Y el 36,3% de la superficie deforestada correspondió a bosques nativos. Estudios de la Fundación Vida Silvestre y el INTA calcularon que, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires. Como contracara, otro estudio recientemente presentado por la FVSA muestra que si la Ley de Bosques se cumpliera en forma estricta, para 2028 se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas. Y si hicieran acuerdos públicos y privados de no deforestación, sería posible mantener un crecimiento de 2,3 millones dehectáreas de la superficie agrícola, y de 1,7 millones de hectáreas de superficie ganadera. “Nuestra economía está dejando una hipoteca ambiental para el futuro”, afirma Andrés Nápoli, de FARN.

Se practica en la Cordillera de los Andes. Consiste en remover una gran cantidad de roca para extraer recursos no renovables. Pero más que los grandes volúmenes de tierra que se remueven, los especialistas subrayan que el problema que presenta es que se utilizan enormes cantidades de agua y cianuro en gran escala. y generalmente cerca de los glaciares. Las minas de Veladero y Pascua Lama fueron un caso testigo de la falta de regulación. A pesar de cuatro derrames en los que vertieron más de un millón de litros de solución cianurada en varios rios de la región.“La Argentina es el único país de América latina que no tiene ley de impacto ambiental, se rige por las normativas de las provincias o sectoriales –afirma Nápoli, de FARN–. La Ley General de Ambiente tiene dos principios al respecto, pero que no los cumple nadie”. “Hay continuas fallas en los sistemas de control y fiscalización –coincide Jaramillo, de la FVSA–. No hay minería sustentable, pero sí puede haber una responsable, con mejores prácticas y que reinvierta parte de los beneficios económicos en proteger los recursos naturales”. Desde el gobierno de la provincia de San Juan, donde quedan las minas de Veladero y Pascua Lama, se defienden de las acusaciones: “Sergio Uñac fue el único gobernador que le puso los puntos a la minería. En la provincia hay minería responsable, con absolutamente todos los controles necesarios”, dice un vocero.

Según la FAO, las pérdidas económicas del país debidas a la erosión hídrica (que producen la lluvia y los anegamientos cuando no hay cubierta vegetal) ascienden a 700 millones de dólares por año. El informe ambiental 2017 de la Secretaria de Ambiente de la Nación, calcula que la superficie sometida a este proceso supera las 100 millones de hectáreas y cada año se suman 2 millones más. Esto equivaldría a un tercio del territorio nacional. “Hay varios lugares del país que evidencian erosión de los suelos por distintas razones –explica Fernando Salvagiotti, investigador del INTA–. Además de la que se produce por inundaciones (sur de Santa Fé y Córdoba), y la erosión eólica (en La Pampa, San Luis), también se registra ese proceso por exceso de monocultivo. Un ejemplo es lo que se da en la cuenca del rio Carcarañá”. El INTA estima que en los últimos 30 años la degradación hídrica en todo el país se incrementó en250.000 hectáreaspor año. “Los fitosanitarios también tienen un impacto –afirma Brailovsky–. Somos el país del mundo donde más se usan, 16 litros por ha y por año”

En el Mar Argentino, como las poblaciones de merluza y langostino comparten el espacio, con frecuencia las redes recogen ambas especies al mismo tiempo. Pero como predomina la motivación de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo, lo que tiene más valor (el langostino) se guarda y lo que tiene menos valor, se descarta. Esto hizo que en 2017. los barcos de pesca vaciaran de sus bodegas 111.928 toneladas de merluza (muerta), una cantidad equivalente a casi el 40% de la captura máxima permisible. “El descarte es un uso irracional de nuestro patrimonio natural, que tiene impacto sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos”, explica el biólogo Guillermo Cañete que produjo un informe detallado del tema para la FVSA. El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep) destaca que en los últimos años el descarte fue creciendo, aunque hay métodos de discriminar la captura para que eso no suceda. Aunque la ley de pesca lo prohíbe, no existe un marco legal que trate el tema ni medidas concretas para mitigarlo, afirma Cañete en su informe.