Muerte de bebés en Córdoba: por qué inquieta a las madres de las víctimas un pedido de cambio de fuero en la investigación
Los abogados de cuatro de los cinco imputados que tenían cargos en la provincia reclaman que esa parte del expediente pase al fuero anticorrupción
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CÓRDOBA.– Las madres de los cinco bebés muertos en el Hospital Materno Neonatal de esta ciudad emitieron una carta pública, en la que piden que “no se divida” la causa judicial. De esa manera, salieron al cruce de la presentación de la defensa de la exdirectora del hospital –imputada por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica– de que la investigación pase al fuero anticorrupción. A esa presentación se plegaron los abogados de otros cuatro exfuncionarios involucrados. El fiscal general Juan Manuel Delgado se expedirá esta semana.
“Dividir la causa implica un retardo en la averiguación de la verdad porque se investiga un mismo objeto procesal: la muerte sin motivos ni explicación médica, hasta ahora, de nuestros bebés nacidos sanos. Por ello, pedimos justicia”, se lee en el texto firmado por las madres.
En la causa está imputada y detenida la enfermera Brenda Agüero, que dejó la celda de aislamiento y pasó a un pabellón común de la cárcel de Bouwer. Después de que sus nuevos abogados pidieran una prórroga para la segunda indagatoria por nuevas acusaciones –la Fiscalía agregó homicidio de otros tres bebés e intento de homicidio de ocho–, se espera que declare la próxima semana.
El abogado de Liliana Asís, exdirectora del Neonatal, planteó hace unos días que la causa que involucra a exfuncionarios públicos debe ser investigada por el fuero anticorrupción en lo penal y económico, y no por el fiscal del fuero ordinario, Raúl Garzón. Basó el pedido en lo establecido por la ley provincial N°8835, que fija las competencias jurisdiccionales de los delitos contra la administración pública.
A ese reclamo se plegaron los defensores de exministro de Salud, Diego Cardozo; del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal (ambos acusados de omisión de los deberes de funcionario público) y de las exjefas de áreas del Neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, imputadas por ese delito y por falsedad ideológica. El único que no se sumó fue el defensor del exvicedirector del hospital, Alejandro Salama.
Tanto Carlos Nayi, abogado de cuatro de las familias, y Eduardo Caeiro, representante oficial del bebé fallecido el 23 de mayo, rechazaron la posibilidad. En diálogo con LA NACIÓN, Nayi explicó que esta causa es “muy especial” y se debe priorizar “el interés superior del niño y el principio de comunidad de la prueba para facilitar la investigación”.
“En situaciones normales la causa debería remitirse al fuero anticorrupción tal como lo estipula la ley 8835 –agregó–. Pero esta no es una causa cualquiera. La ley provincial 9122 establece que si hay conexidad con otros hechos y comunidad de prueba corresponde que siga interviniendo la Justicia ordinaria. Es lo que pasa acá”. En la misma línea se pronunció en 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba con un fallo. A esa instancia recurriría Nayi si Garzón acepta dividir el expediente.
Las madres de los bebés fallecidos interpretan el pedido de los abogados de exfuncionarios como un “acto revictimizante” y le piden al fiscal general Delgado, “tomar la decisión correcta y priorizar la búsqueda de la tan anhelada verdad”. “Usted será tan responsable como el resto de la Justicia de Córdoba si este atropello avanza con el fin de buscar la más absoluta impunidad”, añade la carta.
Esperan nueva indagatoria
Juan Pedro García, el nuevo abogado de la única detenida, pidió postergar la indagatoria que estaba fijada para hace dos semanas. También reclamó que fuera reubicada en Bouwer y, además, realizó una serie de “observaciones” sobre la investigación.
Sobre Agüero pesa la prisión preventiva por las dos muertes ocurridas el 6 de junio pasado, sobre las que hay autopsias realizadas que marcan la hiperpotasemia. Hace dos semanas se exhumaron los cuerpos de los bebés fallecidos el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo. Están siendo sometidos a peritajes y, además, a pedido de las familias, a exámenes de ADN. Trabaja el Equipo de Antropología Forense.
En los espacios donde habría actuado la enfermera no había cámaras, por lo que no existen imágenes de los hechos que se le atribuyen. El cuerpo de una de las bebés sobrevivientes –también nacida el 6 de junio– tiene una lesión compatible con el inyectado de potasio (la piel está necrosada) en un costado de la espalda, por encima de la cintura, y, además, su historia clínica también refleja la existencia del mineral. En otros bebés, el pinchazo habría sido en la pierna o en el pie. Las jeringas las habría tenido escondidas debajo de la manga.
En los peritajes informáticos, se detectó que la enfermera había buscado en Google, en varias oportunidades, cómo dosificar potasio e insulina en bebés. También, antes de que el escándalo trascendiera a la prensa y cuando ella ya estaba licenciada por la investigación administrativa, indagó para alquilar en la provincia Buenos Aires.
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