Mendoza: se extienden los intentos de toma de tierras y refuerzan la seguridad

MENDOZA.- Cuando llegó la policía ya estaban delimitando los terrenos, con una línea de cal. Más de 100 hombres, mujeres y niños resistieron, pero a las pocas horas tuvieron que irse, con chapas, maderas y cartones en mano. Por la noche volvieron, provocando una revolución en la comuna de Guaymallén, la más poblada de la provincia. Finalmente, tuvo que intervenir hasta Infanteía para que se fueran, en medio de un megaoperativo que incluyó helicóptero, detonaciones al aire libre y gases lacrimógenos.

Así, empiezan a asomar los primeros intentos de usurpación en tierra cuyana, en medio de la avanzada que se da en todo el país y de los cuestionamientos al Gobierno nacional por no repudiar con firmeza este tipo de hechos. Por tal motivo, en la provincia del oeste argentino también aparecen proyectos que buscan ponerle freno a la escalada de toma de tierras, que para la oposición está motivada por el kirchnerismo. Así, se presentó una iniciativa en la Legislatura para quitarles los beneficios sociales a los usurpadores.

Más allá de intentos esporádicos, la alerta comenzó a encenderse el fin de semana con un intento de posesión de terrenos en la comuna de Luján de Cuyo, que finalmente logró ser desactivada por autoridades policiales y municipales. También hubo una situación similar en el Valle de Uco, pero lo que evidenció la mayor preocupación oficial fue lo que ocurrió este lunes en Guaymallén, en una de las zonas más calientes de la provincia, entre los distritos de Belgrano y Bermejo, en las inmediaciones del barrio Lihue.

Allí, una decena de familias, con la mayoría de mujeres al frente del reclamo, reconociendo que estaban cometiendo un delito, iniciaron el proceso de usurpación de un gran terreno privado, de más de tres hectáreas, que ya sufrió otros intentos años anteriores. Antes de que cayera el sol comenzaron a delimitar los espacios que ocuparían. Fueron los propios vecinos los que alertaron a la policía, que tuvo que insistir para que estas personas, que viven en sitios cercanos, se retiraran. Horas más tarde, regresaron para quedarse, generando un megaoperativo de la fuerza de seguridad, avalado por la Justicia, que finalmente logró sacarlos durante la madrugada. "No tener donde vivir es un delito, queremos un hogar para nuestros niños", fueron las frases que se repetían entre los impulsores de la toma.

"Estamos en alerta"

Para las autoridades comunales se trata claramente de un proceso "fogoneado" por el Gobierno nacional, que les otorga "cobertura ideológica". En diálogo con LA NACION, Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, fue tajante: "Estamos en alerta todo el tiempo, en varios sectores; esto es medio serial. Ahora tienen cobertura ideológica y se sienten empoderados. Cuando tengan éxito algunas, se van a envalentonar".

Más allá de reconocer las necesidades sociales, para el cacique esto tiene clara vinculación con el mensaje que emite la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic:"Es la que apoya las usurpaciones, en lugar de cuidar a quienes cumplimos la ley, pareciera que quiere proteger a quienes delinquen. Esto les sirve de amparo a estos muchachos, que aprovechan las circunstancias. Desde el Gobierno no vamos a tolerar ni apañar las usurpaciones", señaló Iglesias.

En este tren de situaciones que empiezan también a llamar la atención en tierra cuyana, ingresó a la Casa de las Leyes un proyecto que establece quitar beneficios sociales a quienes ocupen ilegalmente terrenos. La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien busca complementar con otro "castigo" las sanciones que prevé el Código Penal. De esta manera, propone que los usurpadores "no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto". También, quiere que no reciban beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y que el Gobierno Nacional, con la información local, proceda con el cese de todo tipo de asistencia.

Mientras, desde el Ministerio de Seguridad local aseguran estar en alerta ante cualquier situación que amerite actuar, de la mano de las disposiciones de la Justicia provincial, con el objetivo de impedir la posesión ilegal de tierras o, llegado el caso, proceder al desalojo.

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