Mendoza le pone un freno a las construcciones hacia la zona de montaña: las razones

Luego de dos años de tratamiento, la legislatura provincial aprobó el proceso de planificación del piedemonte

PARA LA NACIONPablo Mannino

MENDOZA.— “La fe mueve montañas”, reza el refrán bíblico, pero la ausencia del Estado moviliza a las poblaciones a ocuparlas de manera indiscriminada. Por eso, frente a ese crecimiento desmedido, con el objetivo de evitar mayores riesgos socionaturales y estructurales, así como limitar los negocios inmobiliarios, luego de décadas de idas y vueltas, Mendoza puso manos a la obra para ponerle un freno o, al menos, un “cepo” a esta preocupante realidad.

De acuerdo con el censo 2010, la población estimada para la provincia de Mendoza rondaría los dos millones de habitantes para el 2020, a tono con las cifras preliminares del reciente operativo 2022. Así, en nueve años (2001-2010) el crecimiento fue del 10%. “La gran mayoría de esos pobladores se ubican en el área del Gran Mendoza, por lo cual es entendible que el crecimiento de las ciudades se haya volcado hacia la montaña, es decir, desde donde el agua surge”, coinciden los especialistas consultados por LA NACION.

Frente a ese escenario inquietante, en el último mes, Mendoza dio finalmente un paso clave para tener una normativa definitiva que unifique, principalmente, la planificación del piedemonte en la zona norte de la geografía local. Por caso, se apunta a determinar en qué áreas no se podrá construir, sobre todo, por amenaza aluvional. De acuerdo con datos a los que accedió LA NACION, hay más de 5000 familias que viven bajo condiciones de irregularidad previa, de las cuales 500 se encuentran en riesgo, ya que habitan en cauces y en laderas inestables. Actualmente, el polígono de superficie del piedemonte comprende 76.699 hectáreas o 766 km².

Así, por unanimidad, el Senado provincial aprobó semanas atrás el proyecto de ley, bajo el expediente 74282, que fue presentado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2020, articulado por la Secretaría de Ambiente. El jueves pasado, Diputados le dio su sanción final, lo que permitirá avanzar en el proceso de Planificación del Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM), luego de dos años de tratamiento en comisiones, tras nuevas consultas con especialistas, representantes de diferentes municipios, miembros de organismos técnicos y científicos.

Sin embargo, la discusión lleva décadas: en 2009 se aprobó la “ley madre”, conocida como “Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo”, tras 18 años de planteos. Así, ya son más de 30 años a la espera de un cambio radical. Por eso, la nueva normativa viene a dar cumplimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial (N° 8999) y al posterior Plan de Ordenamiento Territorial (Ley N° 8051), para regular los cuatro municipios afectados directamente: Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Capital y Las Heras. En tanto, Lavalle, Maipú y Guaymallén, si bien no tienen vinculación directa con el piedemonte, se verán alcanzados por el efecto de las medidas de planificación que se tomen.

“La ley sobre el ordenamiento del piedemonte cierra el círculo para unificar todas las leyes sobre el tema”, indicó a LA NACION el senador Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que agregó: “El objetivo es poner un freno al avance de los negocios inmobiliarios: a los chicos que hacen loteos truchos y a los grandes se le ponen reglas de juego claras y ágiles”.

En tanto, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, hizo mención a la necesidad de actuar. “El objetivo de la ley no es de carácter punitivo, sino preventivo. Se busca la ordenada y segura ocupación del piedemonte, algo que históricamente el Estado no logró regular o controlar. Por lo tanto, el problema tiene amenazas de distinto grado, principalmente aluvionales”, sostuvo.

Distinción de zonas

La iniciativa establece una primera distinción de zonas para desarrollar, a partir de las cuales se deberán realizar los estudios ambientales según la Ley N° 5961, para lograr la factibilidad ambiental, así como un análisis hidráulico para tomar conocimiento sobre su situación aluvional en detalle. Además, se plantea que el límite a la urbanización no exceda la curva de nivel de cota 1200 metros sobre el nivel del mar (msnm), ya que por encima de ese parámetro se dificulta la construcción de infraestructuras de servicios, como el agua potable, por ejemplo. También se apunta contra los emprendimientos que continúan realizando desmontes.

En tanto, los nuevos proyectos de desarrollo deberán ser remitidos por las comunas a la Unidad Interjurisdiccional Piedemonte (UIP) en un plazo no mayor a 15 días. Así, la actualización normativa para la ocupación del piedemonte contiene zonificaciones que determinan a futuro qué lugares se pueden ocupar, con qué usos y cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población. En esto, define con claridad zonas con cauces aluvionales, consideradas de alta y muy alta amenaza y, por lo tanto, impedirá la construcción de viviendas. En zonas de media y baja amenaza se podrá edificar bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.

“Buscamos proteger al piedemonte como una unidad de enlace entre la montaña y el llano. Queremos que se pueda construir de manera responsable en esta zona. Esta ley va ser muy importante para el futuro de Mendoza”, expresó Ernesto Mancinelli, presidente de la Comisión de Ambiente en la Cámara alta.

Desde el Ejecutivo, indicaron que con la nueva normativa incluso se previene a la población, ya que se han detectado a lo largo de los años emprendimientos inmobiliarios informales que anuncian ventas, con ofertas que no tienen la formalidad correspondiente.

“Fue la oportunidad que tuvimos hace años de comprar un terreno y construir nuestra casa, más allá de la poca urbanización y falta de servicios. Pero no teníamos muchas alternativas y hoy no podríamos edificar nada. Somos conscientes de dónde estamos y los riesgos que tenemos”, contó a este diario Andrea, quien vive en la zona junto a su familia, sobre ríos secos, denominados “uadis”, en las tierras cercanas a los caracoles de Chacras de Coria, en la comuna de Luján de Cuyo, la cual concentra la mayor cantidad de loteos en la región.

Para los expertos, la dispersión lleva a ocupar espacios intersticiales con serias limitantes naturales para el asentamiento humano, zonas de gran “fragilidad natural”, debido a la presencia de fallas sísmicas, pendientes pronunciadas, zonas de riesgos de erosión y aluvionales.

De hecho, hay preocupación por las construcciones asentadas en zonas más expuestas al peligro aluvional, donde viven más de 500 familias. Justamente, Luján de Cuyo, sobre todo en el sector frente a la conocida “zona de boliches”, hacia el oeste de la ruta panamericana, y hasta la zona de Cacheuta presenta la mayor cantidad de población asentada en sitios complicados: 250 familias. También, hay poblaciones en los “vasos”, que juntan agua cuando llueve, de las presas Frías y Papagayos, en Ciudad; en el dique Maure, en Godoy Cruz; o en las inmediaciones del dique Casa de Piedra, en Las Heras.

“Hay que entender que el día de mañana el agua de río lo puede complicar todo; si viene una gran tormenta puede llevarse puesto todo”, aportó Rolando Baldasso, senador del Pro, exministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, quien también condujo la dirección provincial de Hidráulica.

“Con esta ley, se logra ordenar y planificar: la ocupación que se hacía del piedemonte se reduce a la mitad, además de no se puede avanzar más en áreas de riesgo aluvional o cerca de los cauces. Así, en el resto de los sitios de ahora en más se deben cumplir con todos los requisitos, lo que implica, para los desarrolladores, por ejemplo, cumplir con planes integrales, con obras de compensación, defensas aluvionales y reservorios”, agregó el legislador.

Riesgo aluvional

Para los especialistas, siempre está latente, por caso, el riesgo aluvional durante el verano. De hecho, importantes tormentas convectivas de altas intensidades y corta duración producen escorrentías en cauces secos, que amenazan a la población ubicada aguas abajo. Así, el clima de la región ofrece condiciones de aridez con precipitaciones que alcanzan un promedio de 200 milímetros anuales, y que a veces especialmente en época estival, son torrenciales, señalan los expertos. La vegetación es la estepa arbustiva pobre, típica de los ambientes secos, alterada por procesos de degradación antrópicos, a través del pastoreo, tala, incendios, entre otros. De acuerdo con los estudiosos, el riesgo aluvional en estos espacios es grave por la impermeabilización del suelo hacia el oeste, lo que genera aumento de los volúmenes de escurrimiento hacia el sitio donde está emplazada la ciudad de Mendoza.

“Este piedemonte constituye un plano inclinado que conduce al escurrimiento que deriva en el centro de la urbe. El avance hacia este sector ha agudizado la artificialización del medio y se ha roto el equilibrio ecológico natural”, indicó a LA NACION, Mónica Cortellezzi, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), dedicada a la Geografía Urbana y pronta a publicar un Atlas del sistema urbano de Mendoza. Por eso, las nuevas disposiciones permitirán ir resolviendo muchas problemáticas históricas, como el cuidado de los cauces naturales aluvionales, la preservación del paisaje y la flora autóctona.

Los estudiosos indican que el piedemonte forma parte de la franja periurbana de la aglomeración de Mendoza. Se trata así, de una configuración espacial, que es a la vez, un nuevo “régimen” de producción de lo urbano y que tiene allí su lugar de expresión y visibilidad, por lo que amerita una atención integral. Incluso, desde lo social, advierten efectos de segregación. “Alcanza su punto límite en los barrios cerrados y countries, así como también en los barrios de población de bajos recursos”, señala Cortelezzi, quien apela a la regulación urbana desde una gobernanza en interacción vecinal, que ponga el eje en las particularidades y complejidades de las comunidades que residen en la zona. “No hay soluciones estandarizadas, con prácticas de ordenamiento fijo”, concluyó la especialista.

En este sentido, desde las diferentes gestiones municipales se notifica a las familias en zonas peligrosas a abandonarlas y radicarse en otros sitios, aunque frente a la negativa se intima a quienes vendieron los terrenos para que realicen las obras necesarias en caso de ser posible continuar en un lugar puntual. Asimismo, en aquellos sitios donde se permitirá permanecer o desarrollar nuevas edificaciones, bajo la normativa en cuestión, se efectúan planes oficiales para llegar con servicios básicos de agua y saneamiento, electricidad y gas.

De acuerdo con la nueva normativa, las prestadoras de servicios públicos no podrán otorgar permisos a aquellos proyectos de urbanización que previamente no cuenten con la aprobación por medio del procedimiento establecido en la ley. Además, la Dirección General de Catastro de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) no podrá autorizar fraccionamientos o parcelamientos, ni divisiones parciales, bajo pena de nulidad de lo autorizado. Quienes incumplan con las disposiciones legales podrán recibir millonarias multas, teniendo en cuenta la gravedad de la transgresión y los antecedentes del infractor. En caso de reincidencia de parte del responsable, la sanción podrá ser multiplicada hasta cinco veces respecto al máximo de la escala.

“Cada municipio tendrá que ordenar a las familias que ya se encuentran en el lugar. Se prohíbe modificar cauces aluvionales, eso es importante destacar”, acotó Baldasso. “El agua es un bien cada vez más escaso. Proteger el oasis productivo es una obligación de todos. Es una de las principales preocupaciones que tenemos. Vamos a estar muy atentos a lo que se realice en el piedemonte”, señaló el senador Gerardo Vaquer del Frente de Todos.

Sin embargo, estas acciones, frente al avance de las poblaciones y los emprendimientos inmobiliarios en los últimos años en el piedemonte, generaron planteos e interrogantes de pobladores de otras comunas, como Lavalle, al norte de la provincia, que aún temen tener más inconvenientes con la provisión de agua. Por eso, vienen rechazando cualquier aprobación de factibilidad de provisión hídrica para nuevos emprendimientos en el piedemonte, ya que puede mermar el ya limitado recurso que llega al sector agrícola, y en especial al ciudadano de esa comuna que se encuentra al final de la cuenca del cauce.

De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, estas problemáticas ambientales y territoriales de la zona en cuestión han sido estudiadas, analizadas y diagnosticadas en profundidad, lo que finalmente, tras años de dilaciones, permitió avanzar en la necesidad de disponer límites concretos. Ya en 2008 se advirtió con dureza lo que ocurre en esta zona mendocina, luego de un profundo informe, denominado “Ordenamiento Territorial en Argentina”, que se difundió, junto con las realidades de otras provincias, en la Revista Proyección, una publicación científica indexada y editada periódicamente por el Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT), de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.

“En el Gran Mendoza, el mayor aglomerado urbano del oeste argentino, la urbanización sigue creciendo sin pausa y sin control hacia el piedemonte, terrenos aluvionales que registran pronunciadas pendientes y están escasamente consolidados”, advertían los estudiosos.

“El crecimiento urbano desbordado hacia zonas de gran fragilidad natural constituye una amenaza frente a la probable ocurrencia de fenómenos de origen hídrico y pone en riesgo no solo a los habitantes que habitan el lugar, sino a gran parte de la población del aglomerado urbano que se ubica en el borde del piedemonte, es decir se atenta contra las condiciones óptimas de vida”, señala el documento.

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