Masacre de pingüinos: se conoció la pena que decidió la Justicia para el dueño del campo de Chubut
Ricardo Adolfo La Regina ya había sido declarado culpable de daño ambiental y crueldad animal luego de haber pasado una topadora y arrasado cientos de nidos en la reserva de Punta Tombo, en 2021
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Hace casi dos semanas que el Tribunal de Justicia de Chubut encontró culpable a Ricardo Adolfo La Regina por los delitos de daño agravado y crueldad animal en modalidad de delito continuado. Fueron hechos ocurridos en 2021, en la estancia La Perla, de la cual es dueño, cuando pasó con una retroexcavadora por encima de cientos de nidos de pingüinos.
El acto fue denominado como una masacre en la que murieron cientos de crías de esa especie, cuando fueron arrasados con una topadora, entre agosto y noviembre de aquel año. La Regina usó la maquinaria sin previa autorización administrativa para destruir, intencionalmente, el hábitat de estos animales, y causó daños irreversibles sobre la fauna y flora autóctonas. Así, buscaba trazar dos caminos en su estancia e instalar más de 900 metros de alambrado. Lo hizo: puso seis hilos de alambrado electrificado, lo que impidió el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos.
Hoy se conoció el monto de la pena: aunque la fiscal Florencia Gómez, que llevó adelante la acusación contra el productor y empresario, pidió oficialmente cuatro años de prisión y una indemnización de U$S 518.000, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “daño agravado” y crueldad animal, se le impuso una pena de tres años de ejecución condicional.
También fijaron reglas de conducta que deberá cumplir, bajo apercibimiento de revocarse el carácter condicional de la sentencia: además de pagar las costas del proceso, no podrá circular por la zona sensible al ecosistema, tanto él como terceros, en vehículos de gran porte; tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización provincial y un informe de impacto ambiental, y colaborar con las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente que disponga la autoridad competente. Se estableció, a su vez, una cautelar que ordena la intervención inmediata del estado provincial para garantizar la preservación del medio ambiente en toda el área, según se desprende del fallo condenatorio.
La decisión del tribunal, integrado por los jueces María Laura Martini, Carlos Richeri y Eve Ponce, obtuvo el voto mayoritario de Martini y Ponce en cuanto a la pena, mientras que Richieri se posicionó en disidencia en este aspecto. Sí hubo unanimidad en el veredicto de culpabilidad del acusado. La Regina es penalmente responsable de los delitos de daño agravado y delito continuado en los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, y entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre del mismo año.
Como se detalla en el fallo, Gómez había señalado, al comienzo del juicio, la importancia del área en la que intervino La Regina: “Corresponde a una colonia de reproducción de la especie pingüino de Magallanes. [...] Sobre el trayecto de la franja instaló un alambrado de 6 hilos, [...] que impidió el libre tránsito de la fauna nativa, encontrándose en varios sectores a una altura que impedía el paso de los pingüinos. Parte de la remoción de vegetación y/o suelo con maquinaria pesada fue realizado en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos”.
Además de la condena en sí, en el fallo los jueces ordenaron el decomiso de una máquina retroexcavadora de su propiedad, “en razón que fue un elemento utilizado para cometer el delito” por el que se lo condena.
Finalmente, también con el voto mayoritario de Martini y Ponce, se dispuso la cautelar que consiste en la intervención al Estado provincial “para que a través de sus organismos competentes determinen, con dictámenes ambientales, estudios y personal a cargo, cuáles son las medidas que deben realizarse de manera inmediata a fin de lograr una solución que implique la protección de los bienes ambientales compatible con la presencia humana en el lugar”. De esta manera, se establecerán las áreas que deberán protegerse, las cantidad de hectáreas y la custodia al ecosistema en cuestión a través de mecanismos legislativos o administrativos.
Por Luján Berardi
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