Más controles a obras de demolición y excavación

El gobierno de la ciudad intensificará finalmente los controles a obras de demolición y excavación realizadas en la Capital, tal como lo previó la Legislatura hace más de un año y a 40 días del trágico derrumbe de parte de un edificio de 10 pisos en el centro porteño, ocurrido como consecuencia de irregularidades en la perforación del suelo en un terreno lindero.

Anteayer salió publicada en el Boletín Oficial local la reglamentación de la ley 3562, sancionada en septiembre de 2010 por la Legislatura, que estableció la obligatoriedad de incorporar una inspección en la etapa de demolición y otras dos verificaciones durante los trabajos de excavación en las obras en construcción.

La aprobación de esa normativa fue producto de la preocupación social que generó la muerte de tres personas en un gimnasio de Villa Urquiza, que colapsó mientras en un lote aledaño se realizaba una excavación. Por ese hecho fueron investigados los responsables de la obra. Si bien la Justicia apuntó a las responsabilidades particulares, los diputados porteños intentaron limitar el margen de error de los privados mediante la imposición de nuevos controles en manos del Estado.

En momentos en que las excavaciones aumentaron en la Capital tanto en cantidad como en profundidad, por la demanda de subsuelos para cocheras y el negocio que estas unidades complementarias significan, la ley determinó que, cuando la cota de fundación supere los 4 metros, debe efectuarse una inspección al efectuarse el 10 por ciento de la perforación y otra al cumplirse el 50 por ciento. Sin embargo, no precisó cuándo deben controlarse excavaciones menores, lo que quedaba supuestamente librado a la reglamentación.

Asimismo, la norma fijó multas de 3600 a 36.000 pesos para quienes "no hubieran contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el registro público de demoledores y excavadores".

Según expertos consultados por LA NACION tras el derrumbe parcial en Bartolomé Mitre 1232, ocurrido el 4 del mes pasado y en el que murió un hombre, uno de los elementos que incidía en la posibilidad de una mala praxis durante un socavamiento del suelo era, precisamente, que la tarea fuera encargada a equipos sin especialización. También apuntaron a la falta de capacitación específica de los profesionales y de los operarios de las máquinas, así como a la ausencia de estudios previos serios sobre el suelo y los edificios existentes en el entorno de la obra.

En ese sentido, en la demorada reglamentación publicada anteayer, mediante el decreto con 620/11 que lleva la firma de Mauricio Macri, el gobierno porteño ordenó a los responsables de obras entregar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc) "un relevamiento fotográfico de linderos, en formato digital, protegido, a los efectos de que su contenido sea de carácter inalterable".

Esa documentación -complementaria a otra relativa al plan de trabajo de demolición y excavación, que también deben presentar los constructores ante las autoridades- será girada por la Dgroc a la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco), "para coordinar la inspección en obra", y a la Dirección General de Guardia de Auxilio, para que "cuente con la documentación necesaria en supuestos de emergencia".

Dos puntos de la reglamentación fueron criticados por el ex diputado Eduardo Epszteyn, uno de los autores de la ley. Primero, que el texto no especificó los momentos en los que deberán ser verificadas las excavaciones de menos de cuatro metros, lo que, según su opinión, mantiene riesgos latentes.

En segundo lugar, objetó que el jefe de gobierno haya depositado en los inspectores de la Dgfyco la potestad de controlar, y no en los profesionales verificadores, que en principio tienen más capacitación para evaluar si la obra se desarrolla en condiciones seguras.

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