Maltrato animal: por qué cambiaron la fecha del juicio por el asesinato de Rubio, el perro arrastrado con una camioneta
Se hará el 19 y el 20 próximos; el delito prevé penas de hasta un año de prisión
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MAR DEL PLATA.- Un cambio de abogado defensor de último momento obligó a suspender y poner nueva fecha al juicio oral y público que se sigue a un comerciante de Mar del Tuyú acusado de matar un perro callejero llamado Rubio, al que, según la investigación judicial, ató a su camioneta y arrastró por un buen tramo de un camino que desvía en esa zona de la ruta 11, ya en cercanías de la localidad de General Lavalle.
La designación del nuevo letrado en horas previas al comienzo del debate, que se abrió la semana pasada en un tribunal de la ciudad de Dolores, fue considerada por el juez Jorge Agustín Martínez Mollard, que aceptó dar más tiempo al profesional para que se interiorice en el contenido del expediente. Los querellantes entendieron que la reprogramación planteada por la defensa tenía también un trasfondo estratégico, pero consideraron que era una posibilidad legal y no hubo cuestionamientos.
Las partes volverán a coincidir en la sala de audiencias el 19 y el 20 próximos, cuando, por fin, se escucharán las pruebas que llevaron hasta esa instancia a Adrián Guillermo Rodríguez, que afronta cargos por maltrato y crueldad contra animales, delito que en el Código Penal prevé penas de hasta un año de prisión.
El flamante defensor pidió, entonces, ante el Juzgado Correccional N°2 que se le permita un plazo para interiorizarse en los detalles no solo de la causa por la muerte de Rubio, sino de otra que también involucra a Rodríguez por un intento de agresión a algunos de quienes manifestaban frente a su domicilio, acusándolo por el brutal asesinato del perro. Fuentes judiciales confirmaron a La Nación que ambas imputaciones serán resueltas en este mismo juicio.
Los hechos
Rubio no tenía dueño y su lugar de referencia era una estación de servicio a la vera de la ruta, en el acceso a Mar del Tuyú. Allí había encontrado refugio y recibía alimento y atención tanto de empleados como de clientes del lugar.
Rodríguez llegó en esta última condición el 13 de agosto de 2019, decidido a cargar combustible en su camioneta. Al pasar cerca del perro, según consta en el texto de la elevación a juicio, habría reaccionado con ladridos e intento de mordedura ante el desconocido.
Rodríguez, frente a esa situación, tomó una correa que tenía en la caja de su vehículo, ató al animal, lo cargó y arrancó. Unos cientos de metros más adelante lo arrastró atado del cuello durante un largo trayecto, tramo en el que le produjo heridas letales por los golpes y la fricción contra el pavimento.
Mauricio Trigo, abogado, se presentó como querellante y pronto se convirtió también en el representante de las dos empleadas de la estación de servicio que cuidaban a Rubio y presentaron la denuncia contra Rodríguez.
Nueva causa
El caso tomó notoria trascendencia en Mar del Tuyú, con marchas y manifestaciones frente a la propiedad y el comercio de Rodríguez. El municipio, ante lo sucedido, le clausuró el local. Y en el Concejo Deliberante de Partido de la Costa los distintos bloques políticos votaron una resolución unánime que lo declaró persona non grata en ese distrito.
En una de aquellas manifestaciones fue que el acusado reaccionó e intentó agredir a quienes lo cuestionaban, lo que derivó en una nueva denuncia y causa penal que su nuevo abogado pretendía conocer con mayor precisión antes de que avance este juicio. “Las dos causas, la de Rubio y la de la agresión, serán parte del mismo debate”, confirmó Trigo a La Nación.
Tanto la querella como el Ministerio Público, representado en este juicio por Roberto Miglio, al frente de la Fiscalía N°5 del Departamento Judicial Dolores, solicitan que se condene a Rodríguez por maltrato y crueldad contra animales, delito contemplado en la Ley 14.346.
Hacia el mismo destino marchaba una investigación similar abierta en el Departamento Judicial de Azul por el asesinato de Malevo, un perro que había sido adoptado por personal de un regimiento militar de Olavarría. El acusado era un oficial, al que personal de esa unidad le tomó fotos que probaban la brutal agresión. Con la causa en marcha y en vísperas de ser citado a declaración indagatoria, el acusado se suicidó.
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