Luján: la Justicia frenó el desarrollo de un relleno sanitario para reemplazar al basural a cielo abierto más grande del país
Mediante una cautelar, el juez federal de Quilmes prohibió avanzar con el proyecto y ordenó que expertos de la UBA se encarguen de los estudios de factibilidad
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En el partido bonaerense de Luján se encuentra el basural a cielo abierto más grande del país. Allí se arrojan 120.000 kilos de desechos cada 24 horas. Ya hace más de un año el municipio planteó, como posible solución a ese desastre ambiental, la creación de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de residuos. Sin embargo, la elección de los terrenos donde, en principio, harían ese desarrollo, generó un conflicto con los vecinos del entorno, que ven al proyecto como una amenaza para sus campos, que en algunos casos son enormes huertas orgánicas o lugares dedicados a la cría de caballos de polo.
Por ello, en el expediente de una acción de amparo ambiental colectiva presentada contra la empresa EVA SA (que tenía adjudicadas buena parte de las obras), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Municipalidad de Luján y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el juez federal de Quilmes, Luis Armella, concedió ayer una medida cautelar mediante la cual dispuso la prohibición de avanzar con el “Proyecto de diseño, construcción y operación del Centro Ambiental Luján y saneamiento de basural a cielo abierto” en la localidad de Open Door.
Mientras los vecinos que tienen terrenos cercanos a donde se tenía pensado desarrollar el relleno sanitario celebraron la medida, desde la Municipalidad de Luján –encabezada por Leonardo Boto (Frente de Todos)– prefirieron por el momento no dar una opinión al respecto y adelantaron a LA NACION que frente al juzgado se están concentrando recicladores del basural y de otros distritos para protestar.
En los fundamentos de su resolución, Armella advirtió sobre las “consecuencias irreversibles” en materia “ambiental, social y cultural” de un basural a cielo abierto, pero también sobre “la afectación de un predio ambientalmente sano como sería el Predio Sucre, el cual sería utilizado como centro de disposición de residuos con las consecuencias que ello traería aparejado para el ambiente y los pobladores del lugar”.
De tal manera, el magistrado –quien menciona jurisprudencia en materia ambiental, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– avaló la postura de los vecinos, quienes sostuvieron oportunamente la necesidad de la remediación del basural, pero en uno de los 170 predios alternativos que propusieron ellos y a los cuales las autoridades hicieron omiso.
Asimismo, mientras las obras deberían quedar postergadas, Armella dispuso un período de al menos seis meses para que expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen los correspondientes estudios de factibilidad.
“Disponer la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto objeto de la presente acción y del Predio Sucre, abarcando, en particular, respecto de este último, el inicio de obras, trabajos preparatorios comprendidos en el proyecto o cualquier alteración material; tampoco podrá modificarse la situación de los actuales residentes del lugar, sus condiciones habitacionales ni de ocupación, ni implementarse medidas en el ámbito administrativo que alteren la situación dominial o la transmisión de la posesión del predio. En el procedimiento deberán respetarse las instancias de participación ciudadana promoviendo la efectiva intervención de la comunidad potencialmente afectada en el proceso, con anterioridad a la toma de decisiones ambientales”, se lee en el escrito del magistrado.
“El fallo es una aberración. El proyecto tiene el aval en todas su instancias del Banco Interamericano de Desarrollo. El juez declara la cautelar para las obras de un proyecto que va a dar por tierra con el basural a cielo abierto más grande y más antiguo de la argentina, pero sin embargo alega que lo hace para preservar el ambiente”, cuestionó Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Viviana Novelle es la dueña de Tallo Verde, una huerta orgánica de la que se alimenta, según dice, “media comunidad de Open Door”, la pequeña localidad dentro del partido de Luján donde se pretendía concretar el nuevo proyecto de disposición de residuos. Una parte de la iniciativa consistía en utilizar un predio de ocho hectáreas junto a las vías del tren, frente a la histórica pero ya en desuso estación Sucre, para hacer el relleno sanitario. Ese terreno está ubicado a solo un kilómetro de los invernáculos de Tallo Verde, hoy situados a dos kilómetros del basural. Novelle temía que ese proyecto fuera el punto final para su empresa, en donde trabajan –entre la huerta y algunos proveedores– 120 personas.
“La cautelar reconoce los daños irreversibles de avanzar con algo que pueda contaminar un predio intacto y le pide a la UBA que se expida. Digamos que es lo razonable pedir ayuda técnica. Más aún cuando se empieza un proyecto que no tiene autorización por parte del Ministerio de Ambiente provincial, sobre un terreno cuya rezonificación no fue convalidada y tan solo cuentan con un permiso precario de uso. Hasta el momento todos los temores que los vecinos teníamos se cumplieron. Mi terreno es lindero al predio donde construirían el relleno y ni a mis vecinos ni a mí nos contactó el intendente. Mientras tanto, los residuos siguen acumulándose en el basural a cielo abierto”, describe Novelle.
Gustavo Zuleta, director del Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad Maimónides, expresó en un video que realizaron los vecinos de Open Door que ese lote tiene aspectos positivos y negativos: “Los positivo es que su suelo es adecuado y no tiene problemas de anegamiento. El aspecto negativo es que implica una rezonificación de un sitio de protección histórica [en referencia a la estación Sucre] a uno industrial; el segundo es que cuenta con el rechazo de los vecinos, nadie quiere un relleno sanitario al lado de su casa. En general se los consulta y luego se elige el sitio que menos conflictos genere. Eso, en este caso, no se hizo”. Y continuó: “Además, la proyección de estos rellenos sanitarios debe ser de 30 o 40 años y este sitio tendría una vida útil de 10 o 15, y entonces vamos a volver a tener el mismo problema”.
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