Los sindicatos docentes de la CGT anunciaron un paro nacional para la semana que viene
UDA, CEA, Amet y Sadop consideran implementar esta medida para el primer día de clases, además aseguraron que es la consecuencia por no haber sido citados por el Ejecutivo a negociar paritarias; la huelga se confirmaría el jueves
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LA NACION
Los cuatro sindicatos docentes nacionales que reúne la Confederación General del Trabajo (CGT): UDA; CEA; AMET y Sadop, anunciaron esta tarde un paro para el lunes 26 de febrero, fecha en el que estaba pactado el inicio de clases en distintas jurisdicciones del país. Tras compartir una reunión en la sede de la Unión Docentes Argentinos, los representantes tomaron la decisión de esperar hasta el jueves para confirmar la medida de fuerza prevista para el primer día de clases.
La intención de la huelga se conoció la semana pasada cuando en un comunicado advirtieron al Ejecutivo las consecuencias de no ser citados a una reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente, las clases no comenzarán a tiempo: “Sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país”. La medida fue definida por los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero”.
“Estábamos esperando una reflexión de parte del gobierno nacional que convoque a los trabajadores para construir de manera conjunta un sistema educativo que les sirva a quienes se preparan en las escuelas argentinas, los alumnos y las alumnas, donde se dignifique la tarea del docente, con buenos salarios y buenos edificios escolares. Parece que no es interés del Gobierno, no convoca”, dijo el titular de la UDA en diálogo con TN.
Y apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “Vamos a esperar hasta el jueves, pero ya tenemos la decisión tomada de hacer un paro nacional en el inicio de clases, producto del distanciamiento que propone el Gobierno nacional de no hablar con los trabajadores”.
En la cuenta de X del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), manifestaron: “Reclamamos que se convoque a paritarias, que se envíen las partidas del FONID y que la Educación siga siendo un derecho”.
Por su parte, la UDA también se manifestó en este medio y expresó: “Sin convocatoria a paritaria hay paro nacional docente”.
El jueves 22 habrá un congreso nacional de los sindicatos que componen la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) en donde definirán si se suman a la medida que fue anunciada hoy por los gremios agrupados en la CGT.
Ayer, en declaraciones a Radio 10, Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera explicó: “Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley”.
Cabe recordar que la profundización del conflicto se dio hoy luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara, en su habitual conferencia de prensa, que el Poder Ejecutivo evalúa declarar la educación como servicio esencial.
La educación como servicio esencial
El DNU presnetado por el presidente Milei contiene más de 300 artículos; entre ellos, aparece el capítulo de los servicios esenciales, en el que se destaca la inclusión de la educación en los niveles de guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Esta declaración apunta a asegurar el dictado de clases y que no se vea afectado por los paros docentes, como viene ocurriendo en los últimos años. Sucede que para los servicios considerados esenciales, el mismo DNU prevé prestaciones mínimas, al establecer que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” quedan sujetos a “garantías de prestación de servicios mínimos”. En el caso de los servicios esenciales, ordena que “en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal”.
En diciembre, Alesso denunció en diálogo con LA NACION: “El DNU es inconstitucional desde donde se lo mire y no afecta solo a la cuestión sectorial educativa, sino a muchísimos derechos que tenemos los trabajadores y los ciudadanos argentinos”.
“Sobre la declaración [de la educación como servicio esencial] lo que nosotros planteamos es que hay una nefasta violación a la libertad sindical. En su momento en el gobierno de De la Rúa, hace más de 20 años, la Justicia falló a favor de Ctera y luego con una ratificación del convenio de la OIT, que excluye como servicio esencial a la educación y plantea que el derecho de huelga es un derecho legítimo de cualquier trabajador y trabajadora”, detalló.
Y finalizó: “Nosotros no hemos sido convocados todavía a ninguna reunión específica, así que estamos esperando que se haga. Estamos por supuesto reuniéndonos con los secretarios generales evaluando lo que está pasando en cada una de las provincias. También estamos esperando lo que vayan a definir las centrales sindicales”.
LA NACION
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