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Los movimientos en Venezuela y Brasil pueden precipitar el tráfico
Recientes acontecimientos de carácter público en Venezuela y Brasil, por su magnitud y relevancia, están en condiciones de generar impactos serios en el flujo de armas en América Latina.
Por un lado, la pérdida de poder del régimen venezolano y la posible salida acelerada de las cúpulas militares actuales podría generar un flujo ilegítimo de armas pequeñas y ligeras (SALW, según su sigla en inglés) hacia la región, en un modelo similar, aunque a diferente escala, de lo ocurrido tras la caída de la Unión Soviética, que afectó a Europa del Este y alimentó múltiples conflictos armados, principalmente en África.
Luego, la posición del presidente brasileño Jair Bolsonaro con respecto al combate abierto y directo contra grupos delictivos complejos de su país también tiene capacidad de generar cierto efecto de desplazamiento de personas, logística y armamento hacia países limítrofes.
Ambos fenómenos podrían incrementar el movimiento de armas (estatales unas, ilegales las otras) hacia terceros actores.
Al contrario de lo que se cree, el tráfico de armas no es demasiado complejo. Se puede llevar a cabo en embarcaciones pequeñas, raramente sujetas a inspección, como botes pesqueros.
Como experto del Consejo de Seguridad de la ONU para Yemen, en su momento investigamos y detectamos un cargamento ilícito de misiles Konkurs, de origen iraní, en el Golfo de Adén destinado a la insurgencia yemení. Iba simplemente ubicado sobre la cubierta de un dowh de carácter rústico denominado Nassir, capitaneado y tripulado por personas sin experiencia militar alguna: en ese velero árabe había simples contrabandistas.
Aquí, una reciente investigación conjunta del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Aduana argentina detectó un tráfico de armas pequeñas en piezas, remitidas en diferentes envíos por separado para su ensamble local.
Hoy en la Argentina el esfuerzo estatal parece estar atomizado en diversas agencias, unas de carácter administrativo y registral, que no conduce investigaciones, pero maneja las bases de datos (Anmac), otras áreas de investigaciones que avanzan independientemente del ente registral (fuerzas federales de seguridad), áreas de inteligencia en similar situación (AFI), e incluso un sistema de defensa que, teniendo capacidad operativa para la producción de SALW y municiones, con información útil para la etapa preventiva de la contradesviación, lo tiene prohibido por ley.
En este contexto, quizá la mejor práctica sea la preparación y emisión de la Estrategia Única Consolidada de Contraproliferación de SALW, de carácter público y con una planificación realizada por expertos, con definición de amenazas y atribución concreta de obligaciones, competencias y responsabilidades estatales y privadas en la materia, determinando zonas de riesgo, canales y circuitos, factores de incremento y medidas directas de acción.
Esta estrategia, muy común en países avanzados, debe atender específica e individualmente las materias de antiterrorismo, narcotráfico y contraproliferación. Estimo una buena decisión fusionar bajo un mismo paraguas institucional el área registral y de bases de datos con las fuerzas que tienen a su cargo las investigaciones.
El autor fue inspector de la ONU sobre tráfico de armas en Yemen y en Siria
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