Los mapuches reclaman la propiedad de su tierra

SAN MARTIN DE LOS ANDES.- Miembros de una agrupación mapuche marcharon por el centro de esta villa turística para reclamar al municipio que se reconozca a toda la comunidad indígena como propietaria de un extenso territorio incluido en el éjido urbano, para lo cual debe derogarse una ordenanza que designa a los herederos del iniciador de la tribu como exclusivos dueños de la tierra.

Dos concepciones de la organización comunitaria, surgidas de idiosincrasias diferentes, se enfrentan en un conflicto de larga data cuya resolución sentaría precedente en numerosas situaciones similares de la Patagonia.

"Exigimos el respeto por nuestra cultura y nuestros principios filosóficos", manifestó a La Nación Silvia Jofré, werkuen -mensajera o vocero- de la Agrupación mapuche Vera. Su reclamo se basa en la reforma constitucional de 1994, que incorporó el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.

El centenar de individuos que forma la comunidad recorrió anteayer las calles de San Martín de los Andes, bajo la llovizna y con escasa adhesión, hasta el Consejo Municipal, para reclamarles a sus integrantes que den la esperada solución.

Los orígenes del conflicto se remontan a 1939, cuando el gobierno nacional cedió 775 hectáreas a Carlos Vera por los servicios que había prestado como baqueano del ejército conquistador. Vera inició con sus quince hijos una dinastía que desde entonces ocupa la ladera sur del cerro Chapelco, cerca del casco urbano.

En 1978, el Gobierno expropió 250 hectáreas que pasaron al dominio municipal, quedando las restantes en territorio provincial.

En 1987, las autoridades democráticas quisieron revertir este hecho con una ordenanza que otorgó la propiedad a los sucesores de Vera.

Distintas cosmovisiones

Dos culturas, con dos criterios diferentes, entraron en colisión.

"Hablar de propiedad individual, de pertenencia de la tierra, es una aberración para la cosmovisión indígena: es el hombre el que pertenece a la tierra, no al revés", señala el abogado Germán Politzer, apoderado de la Agrupación Vera. Las consecuencias jurídicas de esta concepción son drásticas.

"Entregar las tierras a los herederos individualizados implica indefectiblemente su división, la facilidad para la venta, el minifundio improductivo. En poco tiempo no quedará nada de la comunidad organizada, según modelos milenarios", dice Politzer. Y se vislumbra entre líneas el temor por los proyectos de extender al sur el centro invernal del cerro Chapelco.

Los indígenas reclaman, por tanto, al Consejo una nueva ordenanza que designe a la Agrupación Vera como destinataria. El hecho de poseer personería jurídica es una ventaja que no tienen otras comunidades -tanto de Neuquén como de Río Negro- que enfrentan un conflicto similar. Pero los concejales de San Martín no ven la salida.

"La ordenanza 115/87 dio lugar a un juicio sucesorio que está en marcha. Algunos herederos -aún viven cinco hijos de Vera- no comparten el planteo de la comunidad: si la derogamos, podríamos sufrir una demanda millonaria", estima Guillermo Carnaghi, titular del bloque justicialista del Consejo.

La opinión de expertos

Los tres bloques políticos -PJ, UCR y Movimiento Popular Neuquino- acordaron resolver la cuestión y, excedidos por sus implicancias, pidieron asesoramiento al constitucionalista Humberto Quiroga Lavié.

"Su opinión se demorará veinte días", comunicó el presidente del cuerpo, Martín Estévez (MPN) a los manifestantes, solicitando una nueva prórroga a un conflicto que espera hace diez años una solución.

"¿ Por qué tuvieron que transcurrir tantos años para tomar una decisión de tal naturaleza? Además, nada nos garantiza que su dictamen nos dé la razón, hecho éste que no nos sorprende dados los intereses solapados que existen sobre nuestras tierras", manifestó la Comunidad en un documento dirigido a la opinión pública.

Por Pablo Costa

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