"Los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema", dijo la magistrada que liberó al motochorro colombiano
LA NACION
En medio de la polémica, que incluyó críticas del presidente Mauricio Macri, por la liberación de tres motochorros extranjeros, la magistrada que firmó uno de los fallos defendió su accionar y aseguró que no fue informada de que los ladrones tenían antecedentes penales. Además, desmintió haber estado al frente de una de las dos investigaciones
Reacia a hablar con la prensa, Patricia Susana Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional N° 62, emitió un comunicado de tres páginas donde explica en detalle los hechos que la llevaron a fallar de esa forma en el caso del colombiano que pagó 700.
Según detalló Guichandut, ella "solamente aplicó la ley vigente en la Argentina" que establece la posibilidad de una probation y liberación cuando se trata de tentativa de robo y el detenido no tiene antecedentes penales.
En su texto explica que cuando se consultó a la Dirección Nacional de Migraciones si Jair Stevens Jurado Mora, de 25 años, tenía antecedentes en el país o en el extranjero, le dijeron que no. Ayer Migraciones confirmó este mismo dato a LA NACION: al momento de ingresar al país, Jurado Moura no presentaba antecedentes locales ni había información de que los tuviera en su país de origen.
En otro pasaje del texto explica, y adjunta una nota de la Policía de la Ciudad, que da cuenta de que no fue su juzgado el que intervino en la causa contra dos motochorros, uno de nacionalidad uruguaya, detenido en los últimos días.
"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", escribió la magistrada.
El texto cierra con una crítica al Poder Legislativo y Ejecutivo: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que puede dar respuesta al tema".
El texto completo
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