Ley de cannabis. Hay avances, pero los cultivadores dicen que los criminalizan
Desarrollo Productivo prepara el proyecto que irá al Congreso; la importación con fines medicinales es burocrática y, muchas veces, termina en la Justicia.
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CORDOBA.- La comunidad cannábica tiene expectativas por la promesa del presidente Alberto Fernández en la apertura del año legislativo cuando dijo que enviará un proyecto para fortalecer la producción de cannabis medicinal y la industrialización del cáñamo, no para su uso recreativo. Destacan que se avanzó con la nueva reglamentación de la ley 27350 que da el marco para la investigación médica y científica y el uso terapéutico que permite la importación del aceite para otras enfermedades, además de la epilepsia refractaria que era la única habilitada hasta noviembre. El problema, aseguran los referentes, es que el trámite es engorroso y las obras sociales y prepagas “se resisten” a autorizar el gasto que no está incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Otro aspecto que recién se resolvió el viernes pasado es el registro para pequeños cultivadores y cultivadores solidarios que se creó en la reglamentación y depende del Ministerio de Salud. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el viernes. Hasta que funcione a pleno, la Justicia Federal inicia causas y hay detenciones de quienes tienen plantas.
Contradictorio
Desde Ciencia Sativa, ONG que integra el Consejo Consultivo nacional de cannabis que trabaja con el Gobierno, la bióloga del Conicet Gabriela Calzolari define como “interesante” que se avance en la regulación de la industria, pero advierte que hay deudas pendientes: “Lo más contradictorio es que seguimos penalizados y criminalizados; no se puede ampliar la industria sin antes modificar la ley que sigue castigando a quienes tienen una baja cantidad de cannabis. Vemos buenas intenciones, pero es desesperante que no se esté hablando de despenalizar el consumo”.
El registro creado recién está habilitado y “el cannabis aun usado con derivación medica sigue criminalizado”, insiste Calzolari, quien reconoce que entienden que la prioridad de Salud hoy es la atención de la pandemia, pero que deberían apurarse los tiempos porque el cultivo solidario es el mecanismo “por el que se soluciona gran parte del problema de quienes necesitan aceite para su salud”. La importación es costosa, un frasco que dura un mes cuesta alrededor de US$500. Desde el ministerio de Salud no hubo comentarios sobre este punto.
La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard –quien trabajó en varias iniciativas de uso de cannabis- admite que es clave el registro puesto en marcha “porque evitará la persecución”, sintetiza. Respecto del proyecto que elabora el ministerio de Desarrollo Productivo para dar un marco legal a las inversiones en cultivo de cannabis, sea para mercado interno como para exportación, indica que hay legisladores que promoverán que resguarde a “pequeños y medianos productores para evitar monopolio y garantizar el precio justo”.
Miles de cultivadores
“Somos miles los cultivadores, cada vez más, y todos delincuentes hasta ahora –dice Valeria Salech, de Mamá Cultiva-. Hay más de 200 organizaciones en todo el país; 48 sólo en Buenos Aires. Hace años venimos conteniendo, informando y entregando aceite solidariamente. Es lógico que la demanda de aceites vaya creciendo porque se le fue perdiendo el miedo y viendo sus resultados; las ONG tenemos cada vez más responsabilidades porque ante la ausencia de políticas públicas fuimos la que dimos una respuesta”.
Hasta la nueva reglamentación, sólo se podía importar aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria. Desde entonces la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) puede autorizar operaciones cuando “no existan en el país productos similares registrados”; se trata de un “régimen de acceso de excepción”. Cada autorización –para la que se requiere receta médica- vence a los 180 días. Con esa aprobación, quienes tienen cobertura social, inician ese segundo trámite.
“Es todo muy engorroso; la mayoría de los aceites importados cuestan unos US$500 y alcanzan para un mes –describe Salech-. Muchos de los casos terminan en un amparo”. En esa línea es que los cultivadores ratifican que no pueden “quedar, una vez más, afuera de la ley”. Calzolari aporta que hay “muchos fitopreparados de planta completa, protocolos de cultivos y fabricación de aceites con buenas prácticas artesanales” y que cubren las necesidades del espectro medicinal.
Ciencia Sativa accedió al borrador al proyecto del ministro Matías Kulfas –desde la cartera indicaron a LA NACION que no darán detalles hasta que esté “listo” para girarse al Congreso- y señalan que está “orientado a la industria privada; no vimos que se contemplen licencias diferenciales para pequeños productores y eso es lo que pedimos que se contemple, que las ONG sin fines de lucro seamos parte de la red productiva”. La iniciativa, apuntan, se inclina a alianzas entre el sector público-privado y a los privados para atender el mercado interno y exportador.
Hace poco más de un mes el ministerio de Salud aprobó el proyecto de cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica del Centro Regional Patagonia Norte del Inta y Ciencia Sativa, el que se realizará en Guerrico (Río Negro). Otras iniciativas de este tipo con luz verde están en Misiones y Jujuy.
El proyecto apunta a generar cultivos y preparados de cannabis para investigaciones en salud pública. En una primera etapa no se producirán fitopreparados (aceite, cremas o tinturas) para comercializar, lo que podría comenzar una vez que Anmat apruebe lo elaborado para los estudios. Las semillas se importarán de Colombia, Estados Unidos y España; también se pretende hacer un banco de semillas.
Dos años después de la aprobación de la ley 27350, en 2019, la entonces secretaría de Salud y el ministerio de Seguridad autorizaron el cultivo de cannabis en Jujuy, en la finca El Pongo de 35 hectáreas. Actualmente produce aceite en el laboratorio Cannava. La segunda autorización fue en enero último, para una iniciativa a desarrollarse por Biofábrica Misiones S.A. en Posadas. A fines de ese mismo mes se anunció el primer acuerdo público-privado entre el Inta y la compañía de capitales privados Pampa Hemp para la investigación científica y el cultivo local de cannabis para fines medicinales en Pergamino (Buenos Aires).
El emprendimiento jujeño Cannava es estatal; está a cargo de Gastón Morales, hijo del gobernador Gerardo Morales. Empezaría a comercializar sus productos recién en setiembre, según las últimas proyecciones de la empresa. Ya se hizo la primera cosecha y se realizaron pruebas piloto con los fitopreparados los que deberán ser aprobados por Anmat.
La puesta en marcha de la firma buscó, también, “aportar a la transformación de la matriz productiva de Jujuy y el país”. Explican que el complemento de la fase agrícola con la industrial le otorga al proyecto una “fuerte impronta biotecnológica dada la inserción de los aspectos científicos y tecnológicos asociados a la actividad”. En un inicio fue una empresa mixta, entre el Estado jujeño y la estadounidense, Green Leaf, compañía que se presentó a quiebra.
A comienzos de diciembre el gobernador Morales inauguró oficialmente el laboratorio de Cannava y presentó el primer derivado de cannabis de grado médico de industria nacional: “Finalizamos la experiencia piloto y con el equipamiento se producirá a escala industrial”. El instrumental llegaría en agosto. Los primeros lotes de aceite serán evaluados por Anmat. “Jujuy estará en condiciones de distribuir en hospitales públicos y farmacias”, dijo el mandatario, quien planteó que buscarán ampliar la producción a 6000 hectáreas.
Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (Argencann) -integrada por 90 emprendedores y Pymes y también laboratorios-, sostuvo que tienen “mucha expectativa” porque uno de los objetivos era lograr un cambio en la regulación del sector.
“Tuvimos la audacia de armar una cámara en la que no había actividad económica posible, salvo hacer alguna importación. Esperamos la sanción de la ley y que haya un régimen de licencias que de la posibilidad de participar a las pymes argentinas; esperamos que no haya un esquema de concentración económica como en otros sectores. El nivel de escucha de Salud, de Desarrollo Productivo y de Agricultura fue muy constructivo”, agregó. Sostuvo que en el mundo el desarrollo del sector es “muy promisorio” y eso se puede replicar a nivel local.
Por Gabriela Origlia
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