Legislatura porteña: con fuertes cruces, empezó el debate de los cambios en el Código Urbanístico

Tal y cómo lo había adelantado semanas atrás el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, la Legislatura empezó este martes el debate sobre el nuevo Código Urbanístico, que tiene como principal objetivo detener la construcción de edificios en barrios residenciales.

La discusión en la Comisión de Planeamiento Urbano se realizó en el Salón San Martín y se extendió durante casi cuatro horas, en las que vecinos, representantes de organizaciones sociales, diputados y el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, expusieron sus puntos de vista.

El proyecto en cuestión establece la prohibición de que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana; por lo que las alturas se ajustarán priorizando las escalas de esas áreas y resguardando la identidad de cada zona. No obstante, sobre las avenidas sí se podrán levantar estos grandes desarrollos.

Además, la iniciativa busca promover la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido, por lo que cuando se inicie una nueva obra se deberán realizar de manera más permeable, permitiendo el ingreso de aire y sol. Además, la reforma promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo.

También se buscará incentivar el desarrollo de los centros comerciales barriales y el impulso a la zona sur, a través de un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones.

En este contexto, García Resta defendió la necesidad de que la Ciudad firme una serie de convenios para poder realizar obras en el sur del distrito. “El convenio urbanístico como herramienta existe en todo el país, los invito a conocer algunos otros que se han hecho en la provincia de Buenos Aires, para mí muy malos para las ciudades. Acá por lo menos pasan por la Legislatura, requieren 31 votos y una contraprestación”, manifestó.

“Hay que comprender la ciudad y sus dinámicas. No es casualidad que una persona para desarrollar en el sur necesite de varios instrumentos. No es casualidad que un convenio urbanístico coincida con un área emisora, todo lo contrario. Es un síntoma de un lugar que está pidiendo a gritos un sistema de incentivos para poder desarrollarse”, continuó. Y agregó: “Muchas veces parece que estamos legislando mirando la identidad, que, por supuesto, es lo que pretendemos, sin un equilibrio que es que la ciudad futura no es una de viviendas unifamiliares en barrios de alta incidencia. Eso se parece más a los barrios cerrados que han proliferado por toda la provincia de Buenos Aires, producto de convenios urbanísticos”.

Y aclaró: “Ese no es el modelo de ciudad que perseguimos, nosotros queremos una con una densidad más sana, este código intenta abordar esto; sostenible, con mixtura de usos cerca de los lugares en los que vive la gente y unidades accesibles”.

Revitalización de barrios

La vicepresidenta primera de la Comisión de Planeamiento Urbano y diputada de Vamos por Más, Paola Michielotto, explicó: “La ciudad es dinámica y por ello debemos ir ajustando la norma, para poder responder a las necesidades de todos los que habitamos y hacemos uso de Buenos Aires. Esta nueva revisión del código, es parte de la responsabilidad que asumimos como gobierno”. Y consideró: “Este proyecto va a aportar al principio de cudad integrada: va a vincular al sur con el norte. Es importante seguir fortaleciendo la revitalización de los barrios y nivelarlos sin perder su identidad”.

En contraposición, la legisladora de Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, recordó: “El Código Urbanístico de 2018 le trajo problemas enormes a distintos barrios de la ciudad. Nosotros acompañamos ocho leyes vecinales en las que creemos que se debió haber avanzado primero para atender la emergencia, porque siguen siendo la urgencia. Y luego encarar una reforma integral del Código que, como pretende el Ejecutivo, requiere planificación, diagnóstico e instrumentos que no acompañaron al proyecto de ley enviado a la Legislatura”.

“Una reforma integral como la que pretende el Ejecutivo requiere actualizar el Plan Urbano Ambiental (PUA) y su Modelo Territorial, y un Código Ambiental que aporte una mirada sostenible al desarrollo urbano”, manifestó. E insistió en la necesidad de “generar una mesa de trabajo sostenido que nos va a demandar mucho tiempo si realmente queremos hacer bien las cosas. Esto es, relevar cómo quedaría la normativa en el nuevo CUR manzana por manzana, partiendo además de la ciudad real que hoy tiene permisos de obra que desconocemos y que se van a sostener pese a la legislación vigente. Y analizar cuál es el fundamento de la propuesta para trasladar al norte de la ciudad los metros que se construyan en el sur, porque no encontramos ninguna fundamentación al respecto ni vemos que se esté proponiendo en el marco de ninguna planificación adecuada”.

Por su parte, Matías Barroetaveña (UP) expresó: “Estamos convencidos que el Código necesita modificaciones, de hecho, ya es la tercera vez que proponen modificaciones, pero queda en evidencia la improvisación y que la única preocupación del Ejecutivo es habilitar metros cuadrados construibles en las cinco comunas donde es más rentable”.

“El Ejecutivo dice que el proyecto contempla los reclamos de vecinos y vecinas que han llevado la voz a la Legislatura para frenar avances de la construcción indiscriminada en barrios como Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Devoto, pero habrá que discutirlo. A su vez, propone incentivos para los desarrollos en las zonas postergadas de la ciudad como los barrios del sur. Sin embargo, el problema del desarrollo de las comunas del sur no tiene que ver con la construcción de edificios sino con el desarrollo de infraestructura, opciones de movilidad eficientes, mayor seguridad, oferta de servicios como hospitales y escuelas”, completó.

La palabra de los vecinos

En representación de los vecinos, el abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la ciudad, Jonatan Baldiviezo, remarcó: “El debate de la modificación del Código Urbanístico padece un déficit democrático muy importante. A la ciudadanía se la convocó a participar del foro permanente participativo, pero no se puso a su disposición el proyecto de ley de modificación del Código. Es decir, participamos sin saber cuáles eran las propuestas que tenía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de forma concreta. Y, en segundo lugar, el gobierno no cumplió con elaborar un diagnóstico ni elaborar los informes que tenían que ser las conclusiones luego de un monitoreo constante de la aplicación del Código Urbanístico desde el año 2018 hasta el presente”.

“El gobierno está proponiendo un Código Urbanístico abocado a garantizar rentabilidad a las corporaciones inmobiliarias. Con el instituto novedoso de la capacidad constructiva adicional, lo que pretende es que las desarrolladoras inmobiliarias ganen construyendo en el sur lo mismo que ganan en el norte. Equiparar la rentabilidad de la construcción en el sur a la rentabilidad de la construcción en el norte”, sentenció.

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