Leche fortificada: entregan la mitad en un programa clave para los bebés pobres

Pese al fuerte incremento de la pobreza en el último lustro, el Estado bajó casi a la mitad la entrega de leche en polvo fortificada a los menores de entre cero y dos años desde 2014, un alimento básico para el desarrollo de bebés y niños de menos recursos. El programa de Atención a la Madre y al Niño de la Secretaría de Salud subejecutó los kilos de leche previstas para entregar en los últimos cinco años, una decisión que afectó a miles de beneficiarios, según los datos recopilados por LA NACION DATA durante los últimos seis meses.

El Gobierno distribuyó solo el 63% de los 13 millones de kilos de leche fortificada que tenía previsto entregar en todo el país durante 2018. Pero la reducción sobre el único programa del Estado Nacional que entrega leche fortificada no se limita a este último año, ni siquiera al gobierno actual: la meta ejecutada en 2014 era de 14 millones de kilos de leche, mientras que lo cumplido en 2018 fue de apenas 8 millones de kilos, según los datos oficiales.

Demoras en las licitaciones, el contexto inflacionario y la falta de coordinación con las provincias son algunas de las razones que ofrecieron desde el Gobierno, que finalmente apuntó contra las empresas lecheras por la subejecución del programa que está destinado a madres embarazadas, niños de cero a dos años y la población que sufre desnutrición infantil.

Desde el Gobierno explicaron que la subejecución en 2018 específicamente fue causada por la baja de dos importantes proveedores: Santa Clara, que canceló el contrato firmado con el Estado y Sancor, un importante jugador del mercado que no pudo presentarse a licitaciones públicas por problemas financieros. "Ante esta situación de emergencia tuvimos que salir a comprar leche para abastecer a las provincias", dijo Diana Fariña, directora nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

LA NACION intentó contactarse sin éxito con Santa Clara.

Ante la consulta formal realizada por este medio, desde Salud argumentaron que la subejecución se generó también por la negativa de otras empresas del sector a ampliar las licitaciones que ya habían sido asignadas a los proveedores: "Fueron motivos netamente económicos dado el índice inflacionario desde el momento de la oferta hasta la solicitud de ampliación de la compra", explicaron. El gobierno señaló a La Ramada, Ilolay, Alimentos Vida, Verónica y La Sibila como las empresas que se negaron a ampliar sus contratos con el Estado.

A pesar de los inconvenientes con los proveedores, desde la cartera de Salud confirmaron que de 2014 hasta la actualidad solo hubo una única sanción monetaria. "Lamentablemente no contamos con las herramientas que nos gustarían para que los proveedores pudieran hacerse cargo de cumplir con los contratos", dijo Fariña.

Las empresas del sector consultadas ratificaron esta negativa motivada por la suba de precios, pero apuntaron contra el Estado por falta de previsión en un contexto económico desfavorable. "Las licitaciones son anuales, lo que es una verdadera locura. Entonces, los empresarios tenemos que cotizar en diciembre del año pasado y seguimos con la venta al mismo precio 15 meses después. No hay empresa que resista. ¿Nos quieren fundir?", cuestiona uno de los empresarios señalados por el Ejecutivo.

La subejecución de leche en polvo, entonces, se profundizó a medida que la pobreza infantil crecía en toda la Argentina. Los niños de 0 a 14 años bajo el nivel de pobreza fueron el 46,8% en el último semestre de 2018, según los datos del Indec. El programa -que se ejecuta entre Salud y el Ministerio de Desarrollo Social- entregó leche fortificada, un alimento básico para el crecimiento de bebés y niños, para 1.2 millones de beneficiarios en todo el país en 2018.

"No se trata de mala voluntad. No puedo vender la leche debajo del costo y, encima, que me paguen fuera de tiempo. El año pasado, el Gobierno tuvo hasta seis meses de atraso en los pagos. ¿Cómo mantengo a mis empleados? Es evidente que no hay fair play de parte del Estado", se quejó otro de los empresarios.

Como ocurre también con el resto del mercado argentino, Mastellone es el proveedor más habitual para el Estado en leche fortificada: se quedó con el 25% de las compras para este programa por un total superior a los $1000 millones. Detrás aparecen Verónica (14%), La Sibilia (13%), Ilolay (12%) y Sancor (8%), de acuerdo al relevamiento realizado por LA NACION DATA. Las compras totales de leche fortificada para este programa significaron más de $4000 millones para el Estado en los últimos cinco años.

Las contrataciones públicas respetan el patrón local: cuatro empresas concentran el 86 % de la oferta de leches fluidas, según una auditoría realizada por la Comisión de Defensa de la Competencia. El organismo detectó la existencia de sólo 22 "empresas grandes" (más de 750.000 litros diarios) para la producción interna, que son también las principales proveedoras del Estado.

Aunque las provincias también entregan leche para estos grupos vulnerables, el reparto que hace este programa nacional representa hasta el 80% de la leche en polvo fortificada en todo el país, indicaron fuentes oficiales. En la práctica, la entrega se convierte también en una herramienta para que el Estado pueda tener contacto con esta población infantil en riesgo.

La entrega de las partidas que llevó adelante el Gobierno tuvo algunas provincias más beneficiadas y, otras, que recibieron menos leche fortificada. Entre los perjudicados estuvo, por ejemplo, Chaco, una de las provincias que más se empobreció en 2018, con el 41% de su población debajo de la línea de la pobreza. A pesar de estos números, la provincia recibió un 30% menos de la leche prevista.

"Lo económico es lo menos importante. El problema es que se ha perdido la previsibilidad de los años anteriores. Nación tiene problemas administrativos porque el proceso se hace muy lento. Nosotros también tenemos problemas con los proveedores pero podemos resolverlos", sostuvo Luis Zapico, ministro de Salud de la provincia de Chaco.

El funcionario agregó que los envíos de Nación antes representaban el 70% de la leche en polvo que entregaba la provincia a los 250.000 beneficiarios, pero desde el año pasado es sólo el 30%. La entrega fue peor en otras provincias como Chubut y La Pampa, donde la subejecución superó el 60% de la leche prevista en el presupuesto, según datos provistos por Salud.

Desde el Gobierno, en cambio, señalan a las provincias como otros de los responsables de la subejecución porque -sostienen- no tienen capacidad logística para recibir los miles de kilos de leche en polvo. "Uno de los inconvenientes en las contrataciones se deben en su mayor parte a la falta de espacio físico para el acopio del insumo en los depósitos de las provincias, por lo que es necesario gestionar prórrogas en las entregas. Son las autoridades provinciales las responsables de brindar los depósitos de acopio y distribuir en territorio", respondieron desde Salud.

"Sí, es cierto que muchas veces falta espacio para recibir la leche. Pero también es cierto que la falta de previsibilidad en las compras y sus consecuentes entregas de leche generan gran parte de ese problema", apuntó el ministro Zapico.

Esta nota forma parte de la investigación regional "La leche prometida", liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integra La Diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, OjoPublico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de Mexico y OjoConMiPisto de Guatemala.

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