Las razones detrás de las demoras de la homologación de títulos universitarios extranjeros en España

MADRID.– La burbuja de las equivalencias de títulos universitarios y homologaciones en el extranjero (necesarias para las profesiones reguladas, como los sanitarios o ciertos ingenieros) está lejos de pincharse. Se cumple ahora casi un año de un nuevo sistema para agilizar el proceso. Se ha demostrado que funciona: hay 34.221 solicitudes pendientes de resolver y 17.182 están sin revisar, cuando en 2022 eran 50.677. Se ha pasado de dar resolución positiva a 804 expedientes en el mes de noviembre de 2022 (con los dos modelos, el anterior y el nuevo), a 2589 el pasado septiembre; en total 22.752 expedientes en 2023. Pero el cuello de botella es tal que con los medios actuales no se progresa. Y es que, salvo en 2020, no hay año en que no crezca el número de nuevas solicitudes: en 2015 fueron 13.522 y en lo que va de 2023 suman 37.748 peticiones, según los datos proporcionados por el Ministerio de Universidades.

Y en este eterno tapón, los médicos ―que necesitan la homologación para ejercer en una profesión regulada― han salido mucho mejor parados que otros colectivos sanitarios. En 2023 se ha autorizado a 8279 doctores ―el 91,2% de las resoluciones de profesiones sanitarias positivas―, frente a seis psicólogos, 236 enfermeras, 102 dentistas o 118 veterinarios. Aunque no ha ocurrido con todos, Rami Admadi, pediatra de origen iraní, pero graduada en Medicina en Nueva York, salió la semana pasada “con menos esperanza de la que entró” de su reunión en el ministerio. Ella, madre de tres hijas, relata que vive de sus ahorros y lo que le manda su exmarido. Lleva dos años esperando su homologación.

El Ministerio de Hacienda y Función pública dio su visto bueno a que 64 funcionarios interinos se sumasen durante nueve meses a la docena del departamento de tramitaciones en plantilla para deshacer el embudo, pero desde el pasado agosto ya no están y es evidente en las gráficas de resoluciones. Un portavoz del ministerio explica que han pedido a Hacienda que vuelvan a mandar a 64 funcionarios por tres años, conscientes de que es inviable solucionar sin ellos la congestión, teniendo en cuenta que entran unos 3500 expedientes nuevos cada mes.

El embotellamiento de expedientes es heredado, comenzó en 2014, cuando se cambió el sistema ―habría que abrir un informe de cada expediente, aunque de esa titulación en esa universidad se hubiesen aceptado decenas―, y hasta 2021 ningún Gobierno trató de arreglarlo. El ministro Manuel Castells, exiliado político formado en Francia, se lo tomó como un tema personal, pero los medios propios del ministerio son muy escasos.

Con el nuevo modelo hay un panel de convalidaciones, de forma que si el aplicante ha estudiado un grado en una determinada universidad validado por el ministerio ―por ejemplo, Historia en la Autónoma de México, del que se han visto decenas de expedientes―, se reúne una comisión de expertos y el trámite no debería ser muy lento. Pero si la carrera no está en ese panel, hay que seguir el sistema antiguo, que se demora mucho. Supuestamente, cada vez habrá más grados en este listado, a medida que haya más resoluciones positivas de universidades que por el momento no están.

“Desde que entró el decreto en vigor el 8 de noviembre de 2022 [el nuevo sistema], solo han cumplido el plazo de resolución de seis meses con los médicos”, se lamenta la abogada Mónica García Acón, cuyo despacho lleva 20 años especializado en homologaciones. “Nada, ni enfermeros, ni veterinarios, ni ingenieros. Nada. No es que se lo hayan denegado, es que no ha llegado ni a la comisión de expertos. Con los médicos ya se ha comprobado que en el 90% de las universidades de América Latina, el plan de estudios es igual que el español. Solo tienen que verificar que las notas están bien y tienen la experiencia solicitada, porque ya han pasado miles de personas por la comisión”.

No es el caso de Admadi, la pediatra de origen iraní. No le cuadra que en la mitad de los expedientes se alegue que falta algún papel. Si mandan otros 64 funcionarios, pero no reciben formación adecuada, no sirve de nada su presencia. A ella, tras dos años de espera, cuenta que le pidieron “un documento que no aparecía en la lista de requisitos. Lo conseguí, apostillé, traduje y presenté en seis meses. Y un año después me volvieron a pedir el mismo documento. No soy la única”.

El caso de los dentistas

El segundo mayor grupo de solicitantes es el de los dentistas, unos 6500, y se enfrentan a su batalla particular. Tienen que someterse a un examen para homologarse ―tras la mediación del ministerio―, pero las universidades no solo se resisten a convocar pruebas, sino que además suspenden a casi la totalidad de los que consiguen plaza para examinarse. De los 1828 que se presentaron este año, solo 42 aprobaron.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), votada el pasado marzo, canaliza por fin una vía para permitir a los extranjeros titulados ejercer. Muchos de ellos del ámbito de la Psicología —1500 se agrupan en el Movimiento Psicólogos Migrantes—, y estos pueden ejercer como psicólogos sanitarios si han aprobado 180 créditos de formación sanitaria (unas 1800 horas) durante la carrera; o, si han cursado 90 créditos (año y medio de la carrera), les habilita para entrar en el máster de psicólogo general sanitario. Este posgrado habilitante es el que cursan los españoles que han aprobado un grado de cuatro años y quieren pasar consulta (si no el título vale para trabajar en servicios sociales, un colegio, recursos humanos...). En Latinoamérica la carrera suele durar entre cinco y seis años y habilita directamente como psicólogo sanitario, pero hasta la LOSU sus titulados no tenían la opción de homologar, ni siquiera de hacer el máster.

Pero siete meses después, los psicólogos están desesperados. La comisión de expertos solo ha evaluado de forma positiva seis expedientes con 1.800 horas de formación sanitaria; y tampoco este curso se han podido apuntar al máster quienes cursaron 90 créditos en el grado. El portavoz de Universidades explica que se va a sacar “una instrucción para que entren al máster sin problema”, después de que la conferencia de decanos y la agencia de evaluación hayan consensuado un protocolo de actuación. “Las universidades tienen 2.000 solicitudes para 20 plazas de máster. Pueden permitirse el lujo de no pasar tres horas comprobando que están bien los certificados de cada extranjero, si fuese al revés esto no pasaría”, se indigna la letrada.

Muchos psicólogos que cuentan con los 180 créditos suficientes para homologar directamente, están dispuestos a cursar el máster habilitante si tardan menos en poder pasar consulta; aunque el desembolso es enorme, entre 10.000 y 17.000 euros, y andan justos. Ernesto, nombre ficticio, llegó a Barcelona en 2016 para hacer un máster en psicología familiar sistémica. Durante cinco años, una vez conseguida la equivalencia de su título, ha trabajado en el área social, como terapeuta de familias vulnerables, y ha sido docente en distintos posgrados; pero Ernesto no ha logrado la homologación sanitaria.

Ernesto solicitó la homologación en 2019, cuando se abrió por fin un procedimiento, pero en diciembre de 2022 el ministerio rechazó las solicitudes de todos los psicólogos migrantes, porque había que modificar la Ley de Salud Pública, lo que se ha hecho en la LOSU. Pero no ha cambiado mucho. “Hay mucho malestar. La gente empieza a enfermar y a pensar en volverse a su país o a otro. Mi mujer y yo estamos pensando en irnos a Dinamarca”, dice.

La enfermera gaditana Inmaculada Reina, de 52 años, baraja también “hacer las maletas” y volverse a Estados Unidos, donde se formó tras sacarse el título en España. Está harta de encadenar contratos de auxiliar de enfermería de 10 días por su provincia. Desde 2019 aguarda para que España le homologue la titulación de enfermera, es especialista en UCI. Hace nueve meses contó su caso a EL PAÍS y, como los otros tres protagonistas del artículo, no ha avanzado nada en los trámites. Le pidieron unos papeles que en Estados Unidos, cuenta, no existen. Se desespera, “faltan enfermeras en España”. Se plantea acudir al Defensor del Pueblo.

Por Elisa Silió

©EL PAÍS, SL

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