Las consecuencias que auguran los expertos ante la falta de datos sobre las áreas quemadas en la Argentina

En los dos primeros meses del año, la Argentina ya registró 11.612 focos de incendio, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, por sus siglas en portugués) de Brasil, un organismo que realiza mediciones satelitales desde 1999 y evalúa, mes a mes, los focos activos de los países de América del Sur. La cifra corresponde a 7199 focos activos en enero y a 4413 en febrero, números récords que superan con creces los valores máximos registrados para esos meses.

El aumento creciente de los focos de incendios a lo largo del territorio nacional ya había sido constatado por el Gobierno, cuando a inicios de enero declaró —a través del decreto 6/22— la emergencia ígnea en la Argentina por el término de un año. Pero a pesar de este aumento, aún no existe un sistema a nivel nacional que brinde información verídica sobre lo que representan las quemas en las diferentes provincias, ya sea en materia de hectáreas quemadas, cantidad de incendios producidos o tipo de vegetación afectada.

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que es la entidad encargada de elaborar los reportes mensuales de incendios en base a información provista por las provincias y los parques nacionales, entre el 1° de enero y el 15 de febrero de este año se quemaron 258.794,3 hectáreas en todo el territorio argentino. Este número es, en su gran mayoría, el resultado de las hectáreas incendiadas en cuatro provincias: Chubut, Corrientes, La Pampa y San Luis.

Pero esta cantidad de hectáreas total constituye apenas el 25% de la superficie quemada en Corrientes según lo informado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) local, que al 27 de febrero reportó 1.042.514 hectáreas afectadas en la provincia. Si se realiza la comparación con los datos oficiales reportados por el SNMF considerando únicamente Corrientes, la cantidad de hectáreas informadas (81.204) representa tan solo el 8%. Según este reporte, la superficie afectada en la provincia es la suma de 302 hectáreas informadas por el Gobierno provincial mientras que las 80.902 restantes fueron reportadas por parques nacionales.

Consultado por LA NACION acerca de las diferencias estadísticas, Luis Martínez, ambientalista oriundo de Corrientes, señala que el INTA local es la única institución en la provincia que brinda información específica sobre la situación de los incendios. “No hay información pública disponible desde el Gobierno provincial ni se están realizando peritajes en la zona para determinar si los focos son generados de manera intencional o natural”.

“Prefiero creerle al INTA antes que a un reporte del Ministerio de Ambiente porque es un ente de especialistas técnicos y agrónomos que conocen la zona y me están brindando información específica y mostrándome las herramientas a través de las cuales la obtienen”, agrega Martínez.

Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que las severas limitaciones para generar y proveer información sobre el fenómeno de los incendios demuestran una deficiencia propia de la gestión estatal a nivel provincial: “No hay un sistema de relevamiento estandarizado que se haya aplicado a lo largo de todos estos años. Cada provincia, además de no reportar, brinda información de la superficie de hectáreas quemadas de diferente manera”. Como consecuencia, “los datos son de mala calidad y poco confiables”.

César Massi, naturalista oriundo de Santa Fe, se dio cuenta de las limitaciones estadísticas a mediados de 2020, año en que se registraron 74.111 focos activos, el máximo valor reportado desde que el INPE tiene registro. A partir de ese momento, comenzó a informar mensualmente —a través de su cuenta de Twitter— la cantidad de hectáreas incendiadas en el Delta del Paraná analizando las imágenes satelitales de la NASA. “Con sus dos herramientas gráficas (FIRMS y Sentinel) miro todos los incendios que hay. Sé dónde se quemó, dónde no se quemó y cómo van los incendios”.

Según sus cálculos, en el territorio de las islas, se quemaron alrededor de 37.000 hectáreas en enero de este año, cifra que sería superior al valor registrado ese mismo mes en 2020 y 2021: “Ojalá me equivoque, pero este 2022 pinta más parecido al 2020 que al 2021″, escribió en Twitter.

Como la información reportada varía según la provincia, Massi aclara que ciertos datos del reporte oficial mensual pueden ser útiles: “En lo que va del año, por ejemplo, La Pampa y Chubut informaron [en el reporte oficial] aproximadamente lo que se quemó”.

Según José María Mazzei, director de Defensa Civil de Chubut, las estadísticas son fundamentales para gestionar los recursos eficientemente en las diferentes localidades y recibir recursos del Gobierno nacional, en caso de que sea necesario: “Hay un protocolo estandarizado pero es importante activarlo como corresponde. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene que estar al tanto de los incendios que están ocurriendo en la provincia porque es probable que vaya a necesitar recursos de Nación”.

Eso fue lo que ocurrió a principios de enero, cuando Mazzei informó al SNMF un incendio al norte de Puerto Madryn que alcanzó a quemar 80.072 hectáreas en apenas cinco días, convirtiéndose en el valor máximo registrado para la provincia, según los datos oficiales publicados desde 1993 por la Dirección Nacional de Bosques.

Para el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, la responsabilidad de informar sobre los incendios que se publican tanto en el reporte diario (de focos activos) como mensual (de hectáreas afectadas) recae exclusivamente en las provincias, que son las que ejercen el dominio de los recursos naturales: “Si las provincias no monitorean, no brindan los datos correctos respecto de las hectáreas afectadas o los focos afectados, no tenemos la estadística correspondiente”.

Asimismo, Federovisky agrega: “No corresponde al Estado nacional ni tiene el Estado nacional las herramientas para poder identificar todo ello que corresponde al ejercicio del dominio de los recursos por parte de las provincias”.

Análisis histórico

Basándose en las estadísticas brindadas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en enero pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, informó a través de su cuenta de Twitter que 2021 fue el año que registró la superficie quemada más baja de los últimos cinco años. Siguiendo este mismo análisis y con la información oficial disponible hasta ayer, 8 de marzo, la superficie afectada por incendios hasta el 15 de febrero del corriente año representa casi el 80% de lo incendiado en 2021.

Pero, según Federovisky, esta comparación es, en términos técnicos, “irrelevante” y “conduce al error”. Solamente cobra sentido en términos políticos: “Entiendo la comparación que hizo el ministro. Creo que es válida desde el punto de vista político y está bien. Desde el punto de vista técnico, hay que tener mucho cuidado de no mezclar y no comparar peras con manzanas”. En este punto, aclaró: “En cuanto a cantidad de hectáreas, hay que comparar incendios similares. Si no las cualificamos correctamente, es un instrumento que puede llevarnos al error a la hora de comparar”. Y ejemplifica: “La comparación es válida cuando, por ejemplo, decimos que en el año 2020 se quemaron más hectáreas en las Islas del Delta del Paraná que en el año 2021″.

Pero tampoco existe información estadística sobre la ecorregión afectada en los reportes de incendios que elabora el SNMF. Esto impide, en palabras de Di Pangracio, elaborar un plan estratégico: “No tenemos información distinguida por unidad de vegetación o ecorregión afectada para poder hacer un análisis ecológico de lo que significa este fenómeno en los ecosistemas”.

Asimismo, la directora adjunta de FARN señala: “Expresar que se redujo en equis cantidad la zona afectada por incendios es una mera expresión de deseo porque la calidad de los datos es mala e incompleta. No sirve a los efectos de hacer análisis comparativos”.

Proyección futura

Más allá de que la desinformación estadística nacional impide realizar proyecciones futuras en relación con los incendios, los especialistas entrevistados no auguran condiciones meteorológicas favorables que eviten la propagación de quemas en el territorio. Esto se enmarca en una “crisis global de incendios” que, según el último reporte elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, prevé un aumento en la frecuencia e intensidad en los incendios forestales a causa del cambio climático y del cambio en el uso de la tierra.

A nivel nacional, Federovisky resalta que si la sequía persiste, las proyecciones “no son buenas” y se agrava con el hecho de que “desde los últimos dos años, las temporadas de incendios ya no se remiten a las áreas en que las que habitualmente sucedían. Hay zonas con incendios todo el año cuando antes estaban restringidas a determinados momentos”.

En Chubut, el director de Defensa Civil ejemplifica la situación en la región patagónica: “El pico máximo de disponibilidad de combustible y riesgo extremo lo teníamos generalmente en marzo pero ese mismo índice lo tuvimos el primer día de enero. Se adelantó casi tres meses”.

Esto también puede evidenciarse a través de la cantidad de incendios reportados por el INPE: enero y febrero registran valores que corresponden —si se siguen estadísticas de años anteriores— a los meses de julio, agosto y septiembre.

Por eso Di Pangracio enfatiza la necesidad de trabajar en la prevención, el monitoreo a lo largo del año y el acompañamiento con la comunidad de las zonas: “A la luz de la crisis de los últimos años, hay que darle absoluta prioridad al trabajo preventivo. Que el Estado no esté cuando hay que apagar el fuego y después desaparezca”.

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