Rodríguez Larreta habilita el protocolo de interrupción legal del embarazo, pero hará ajustes
Este lunes, pasadas las 19, cuando se esperaban las cifras del día de la pandemia en el país, el jefe de gobierno porteño comunicó que no vetaría la ley de adhesión de la ciudad de Buenos Aires al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación. Lo hizo con una carta de cinco puntos, en los que detalló que impulsará medidas para prevenir el embarazo no planificado y que el Ministerio de Salud porteño garantizará la derivación de las mujeres a un centro donde puedan acceder a la práctica si donde consultan se les negara esa posibilidad por la objeción de conciencia. Horacio Rodríguez Larreta también informó que la cartera sanitaria local definirá "con más claridad" las semanas gestacionales para la aplicación del protocolo.
"En 2019, el 87% de los casos de ILE en la ciudad se realizaron en el primer trimestre de gestación y un 13%, en el segundo trimestre", señaló Larreta. A la vez, anticipó: "Luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo solo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre".
Tras la sanción de la norma, la Iglesia y otras organizaciones que se oponen al aborto le habían solicitado al jefe de gobierno que diera marcha atrás con la adhesión al protocolo nacional. Cuando faltaban apenas horas para que se venciera ese plazo, Larreta anticipó medidas que, ahora, habrá que ver cómo se implementan.
En la Capital, aun sin un protocolo vigente, los procedimientos para la ILE crecieron casi 100 veces en los últimos cinco años en el sector público. El año pasado, se hicieron 8388 intervenciones; 1191 fueron en menores de 19 años, de acuerdo con los datos de la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual porteña.
La diputada Laura Velasco (Frente de Todos), que preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, destacó que Rodríguez Larreta respetara la decisión del Parlamento porteño. "Estamos de acuerdo con la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción -sostuvo-. Lo que nos preocupa es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos qué plantea la reglamentación".
El legislador Claudio Romero (Vamos Juntos) respaldó la decisión del Ejecutivo de anunciar "medidas para cubrir los vacíos en la implementación de la ILE", entre las que destacó el derecho a ejercer la libertad de conciencia en las instituciones.
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