Lago Puelo: desplegaron un operativo policial en terrenos ocupados

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A más de cuatro meses de los incendios que arrasaron más de 14.000 hectáreas, la situación social y política en la localidad de Lago Puelo y varios de los parajes aledaños sigue estando convulsionada. Esta mañana, la policía de Chubut se movilizó casa por casa y llevó a cabo una identificación de las personas que viven en barrios surgidos de tomas.

El operativo, que comenzó alrededor de las 9 y contó con la participación de más de 100 efectivos, había sido anticipado ayer por el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, quien afirmó que, antes de los incendios, vivían entre 150 y 200 personas en el barrio conocido como Parcela 26, mientras que hoy serían “más de 1000”.

“En la ruta había una enorme cantidad de policías y tres controles para llegar de El Bolsón a Lago Puelo”, contó Daiana, una vecina que se crió y vive en Las Golondrinas. “Hicieron un relevamiento para saber quiénes están viviendo en la Parcela 26. Yo puedo asegurar que tanto en ese barrio, como en El Pinar y la Eco Aldea, hoy hay gente que antes no vivía ahí. Hay gente que nunca vi en mi vida por esta zona”, agregó.

“A la Parcela 26 no ha llegado gente nueva después de los incendios. Este barrio tiene más de 20 años de ocupación y los más recientes han llegado hace 10 años, por lo menos. No hay terrenos desocupados desde esa época, por eso no existe la posibilidad de nuevos habitantes. El tema surge de un nuevo barrio que se conformó cuando comenzó la pandemia: se llama Bosques al Sur y está enfrente de la Parcela 26, cruzando la ruta. Son tierras fiscales que los gobiernos municipales anteriores han loteado en forma irregular, sin el traspaso de tierras de la provincia al municipio. Han hecho listas de adjudicatarios y luego en esas listas aparecían parientes y amigos de los gobernantes. Ante esa situación, la gente comenzó a tomar esas tierras”, afirmó a LA NACIÓN Diana, que vive en la Parcela 26 desde hace 14 años. La vecina consideró que “es imposible que haya 1000 familias, por una cuestión de espacio”. Contó que en la Parcela 26 viven menos de 100 familias y el barrio Bosques al Sur es mucho más chico en cantidad de hectáreas.

Parcela 26

Más de 500 familias perdieron sus casas y todas sus pertenencias durante los incendios de marzo pasado. De hecho, la mayoría perdió también sus documentos: 527 personas pudieron tramitar la renovación un mes después del fuego, luego de que el Renaper desplegara móviles en los barrios afectados. En tanto, el relevamiento que se hizo hoy podría precipitar el desalojo de quienes no puedan probar que habitaban ese lugar antes de los incendios.

Sobre el operativo, los vecinos de la Parcela 26 afirmaron que la Policía recorrió a pie el barrio, en grupos de tres o cuatro, identificando a los habitantes.

Los incendios del 9 de marzo han potenciado problemáticas de larga data en la Comarca Andina del Paralelo 42. Las zonas más afectadas por el fuego coinciden con barrios surgidos de tomas. Con ayuda de particulares, iglesias y ONG, muchos han podido reconstruir sus casas y otros aún duermen en carpas.

La prometida ayuda estatal llegó a cuentagotas a la región e incluso motivó una investigación por presuntas irregularidades en la compra de insumos de electricidad, sanitarios y artefactos varios por un valor total de $13.054.745.

Allanamientos

Esta mañana, el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer, y la procuradora Débora Barrionuevo participaron de los allanamientos realizados en la municipalidad de Lago Puelo y un comercio de El Bolsón, así como de dos órdenes de presentación al municipio y al Concejo Deliberante.

Tal como informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la investigación se originó a partir de una denuncia por hechos ocurridos entre mayo y junio pasados: “Serían las contrataciones y pagos realizados por las autoridades de la Municipalidad de Lago Puelo, en franca violación a la carta orgánica municipal. Esos elementos habrían sido adquiridos para la construcción de las estructuras modulares de las viviendas de emergencia que se armaron ante el desastre provocado por el incendio del 9 de marzo de 2021 en esa localidad”.

Luego de que el Poder Ejecutivo provincial declarara el “estado de desastre ígneo” en la zona por un año, se asignaron más recursos al municipio para ayudar a los afectados. “Ante ello, el Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo sancionó la Ordenanza 26/21 (Anexo VIII) en la que se declaró la emergencia social, ambiental, sanitaria, económica, alimentaria, productiva y habitacional en el ejido de Lago Puelo, por el periodo de un año. Con esa situación de catástrofe y emergencia, se le otorgaron puntuales y concretas atribuciones, como así también deberes al órgano del Ejecutivo municipal. En ninguna ordenanza municipal se estableció una autorización general y masiva para efectuar contrataciones directas y obviar el principio general de la licitación pública”.

En ese sentido, las compras presuntamente irregulares, según entiende el fiscal, “podrían ser conductas de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249 del Código Penal), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del CP) y/o la defraudación a la administración pública en los términos del artículo 174 inciso 5 del Código Penal”.

Ausente de sus funciones por enfermedad y consultado hoy por LA NACIÓN, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, no brindó declaraciones.

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