Qué pasa con el crimen en los países donde hay pena de muerte

En una entrevista radial realizada ayer, el consultor oficialista Jaime Durán Barba dijo que, según estudios de su propia consultora, la mayoría de las personas en la Argentina está a favor de la pena de muerte. Lo dijo en el contexto de una discusión sobre violencia policial y el caso Chocobar.

Más allá de las cifras de opinión pública, que el mismo Durán Barba describió como fluctuantes, y del consenso entre organismos internacionales que consideran que esta drástica medida viola los Derechos Humanos, ¿tiene efectos disuasivos sobre el delito? En el campo de la criminología, la mayoría de los especialistas indica que no.

El último informe de Amnistía Internacional sobre el tema es de 2016. Según el informe, ese año se ejecutaron al menos 1032 personas en todo el mundo -la cifra no incluye las ejecuciones realizadas en China y en Corea del Norte, donde los datos son secreto de Estado-. Fueron 602 personas menos que en 2015, el año de más ejecuciones desde 1989.

Las ejecuciones se realizaron en 23 países. La mayoría son países asiáticos, del medio oriente y africanos: Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Bielorrusia, Botsuana, China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Malasia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Vietnam.

El caso de Estados Unidos es propenso para el estudio, porque hay estadísticas fidedignas sobre ejecuciones y tasas de homicidio por estado –no todos los estados tienen pena de muerte-, lo que permite comparar la correlación histórica entre ambas variables.

El caso de EEUU

En Estados Unidos, son 18 los estados donde no hay pena de muerte, y 32 los estados donde sí se aplica. Según un estudio de la ONG DPIC -que se dedica a recopilar información sobre el tema en base a datos de homicidios provistos por el FBI- durante el período 1990-2016, la tasa de homicidios en los estados sin pena de muerte se mantuvo menor a la registrada en los que sí tienen pena de muerte.

La tasa de homicidios es una de las estadísticas más confiables para medir el crimen en un país.

En 1990, el promedio de asesinatos por cada 100 mil habitantes en los estados sin pena de muerte fue de 9.16, mientras que en los estados con pena de muerte fue de 9.5.

A lo largo de las dos décadas siguientes, esa brecha porcentual se agrandó: llegó a un pico de 44% en 2003, cuando la tasa de asesinatos en estados sin pena de muerte fue de 4.10 y la registrada en los estados con pena de muerte fue de 5.91. En 2016, la brecha fue de 25%. Es decir, la pena de muerte no disminuyó la tasa de homicidios.

¿Son suficientes estos datos para determinar que la pena de muerte no funciona como disuasivo del crimen? Varias investigaciones se concentraron en estudiar también lo que pasa dentro de un solo estado, a lo largo del tiempo. “Compararon lo que pasa con la tasa de homicidios en el estado, antes y después de que se haya instrumentado la pena de muerte. Y tampoco encontraron que la pena de muerte haya incidido a la baja en la tasa de homicidios”, destaca el matemático John Lamperti, de la Universidad de Dartmouth.

Lamperti publicó un artículo, en 2004 que recopila investigación histórica sobre el tema. Allí, indica que en ocasiones la pena de muerte incide en la tasa de homicidios, pero a favor, es decir, que la tasa aumenta.

“Hubo casos, si bien muy pocos, en donde una persona cometió un homicidio para ser ejecutado”, indica el artículo, que cita un paper médico del Dr. Lois West que estudia estos extraños casos, a los que categoriza como “intentos de suicidio por homicidio”.

Lamperti también cita otro estudio, de 1935, en donde el criminólogo Robert Dann publicó un análisis de los homicidios en la ciudad de Filadelfia durante los 60 días previos y los 60 días posteriores a cinco casos de ejecución que tuvieron un gran despliegue mediático. “La hipótesis de Dann era que la tasa de homicidios iba a caer durante los 60 días posteriores a las ejecuciones, pero subió”, dice Lamperti.

Sin pruebas

“Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Pero no hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen”, indica el informe de Amnistía Internacional.

La organización agrega cuatro argumentos más en contra de la medida. El primero es que los jueces cometen errores. “Desde 1973, en Estados Unidos se ha exonerado a 150 personas que habían sido condenadas a muerte. A otras personas las han ejecutado a pesar de las serias dudas existentes sobre su culpabilidad”, dice Amnistía.

Además, la organización indica que la medida suele emplearse más en países con sistemas de justicia sesgados; se aplica de forma discriminatoria debido al sesgo racial o étnico que tiene el mismo sistema de justicia; y se usa en ocasiones como herramienta política: “Las autoridades de algunos países, como Irán y Sudán, usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos”.

A pesar de que no exista un consenso académico que justifique la implementación de la pena de muerte, la opinión pública en Estados Unidos suele manifestarse a favor. En octubre de 2017, la consultora de opinión pública Gallup publicó su última medición sobre el tema. El apoyo a la pena de muerte cayó a su valor más bajo en los últimos 45 años, pero aún así es mayoría en el país: 55% de los estadounidenses se manifestaron a favor de la pena de muerte, y 45%, en contra.

En Japón, donde también existe la pena de muerte -para casos de homicidios múltiples o agravados- la opinión pública sobre el tema se mide de manera regular. Tampoco hay estudios que prueben que la pena de muerte disminuya la tasa de homicidios, pero la última encuesta del gobierno, de 2013, indicó que el 80% de los japoneses están a favor.