La opinión de docentes, expertos y los gremios sobre la prohibición de la Ciudad con el lenguaje inclusivo
Tras la decisión del Ministerio de Educación porteño de regular el lenguaje inclusivo, la Capital se convierte en la primera jurisdicción en fijar posición sobre este tema en las aulas
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El Ministerio de Educación de la ciudad lo comunicó ayer por la tarde a todas las escuelas porteñas, y el fin del uso del lenguaje inclusivo dentro del ámbito educativo comenzó a regir, en teoría, desde esta mañana.
Los buzos de los alumnos de 7° grado y 5° año con la leyenda de “Egresadxs” o “Egresades” ya fueron confeccionados, y ante la nueva medida muchos estudiantes se levantaron esta mañana preocupados por saber si iban a poder seguir usándolos hasta fin de año. Sobre eso nada se dijo, pero los docentes que se valían de la utilización de la “e”, la “x” o de la “@” para neutralizar el género en las palabras deberán dejar de hacerlo. A partir de ahora, está prohibido.
Así la Capital se convierte en la primera jurisdicción en fijar posición sobre este tema en las aulas, lo que ya generó polémica y repercusiones. La cartera encabezada por Soledad Acuña informó que la medida tiene como objetivo ordenar el uso del lenguaje en las escuelas de la ciudad para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes tras los desfavorables resultados de las evaluaciones educativas Fepba y Tesba presentados la semana pasada.
Sandra Ziegler es directora de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y considera que las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura son de vieja data, y la pandemia ha agudizado el problema por la pérdida de la rutina y el trabajo escolar sostenido.
“Aducir que el obstáculo es el lenguaje inclusivo y la solución es quitarlo de la comunicación en las escuelas, resulta una iniciativa que probablemente no contrarreste los magros resultados obtenidos —opinó la experta—. El lenguaje inclusivo está asociado a un uso nuevo de la lengua y suponer que la prohibición mejorará el aprendizaje obedece a una mirada parcial. La prohibición genera resistencia y producirá el efecto contrario al buscado, con el agravante que la prohibición del uso no es la clave para superar el grave problema que tenemos por delante. Los obstáculos en la adquisición de la lectura y escritura no tienen una única causa y por ende tampoco se superan con respuestas unívocas”.
Con respecto a la decisión ministerial, Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), consideró que ante la falta de consulta con los gremios docentes, Acuña “tuvo una expresión de choque con los sindicatos, ya que somos los trabajadores de la educación los que estamos al frente de las aulas, por eso considero que debimos ser consultados”. La resolución sobre el lenguaje inclusivo es, según Romero, una arrogancia política. En referencia a su uso en las escuelas, agregó: “Creemos que la enseñanza debe regirse por el idioma habilitado, que es el español y así lo dicta la Real Academia Española. Pero para este tipo de medidas, insisto, hay que buscar los consensos necesarios”.
Colegios privados
Como representante legal del Instituto Madre Sofía Bunge y referente de 55 colegios de gestión privada de Aiepba/Junep para la ciudad de Buenos Aires, Patricio Villegas está de acuerdo con la nueva resolución ministerial. “Es una deformación del lenguaje que no hace más que confundir a los chicos, que ya tienen muchos problemas en los procesos de alfabetización. En los textos hay cada vez más errores de ortografía y un uso pobre del lenguaje, y creo que en nada contribuye la utilización de la “e” para neutralizar el género de las palabras. Si bien en la mayoría de los colegios privados no se utiliza el denominado idioma inclusivo, me parece bien que haya una resolución que de precisiones al respecto, y debería tomarse la misma medida a nivel nacional”.
Ni obligar ni prohibir
Desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) el rechazo fue rotundo, y mediante un comunicado aseguraron que la medida de prohibición es antidemocrática. “Es de carácter persecutorio para los docentes y miembros de la comunidad educativa porque invisibiliza en la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo a uno de los movimientos populares más importantes de la Argentina de la última etapa, que tiene que ver con la lucha de mujeres y diversidades sexuales y de género”.
Por otra parte, y con respecto a lo académico, la posición de Ademys sostiene que la medida, “encubre la responsabilidad del propio gobierno en la política educativa, porque en uno de sus fundamentos la resolución establece, aunque no está comprobado científicamente, que los [malos] resultados de las pruebas educativas dados a conocer la semana pasada tienen que ver con la utilización del lenguaje inclusivo”.
Sara Carello es maestra de música del nivel primario en una escuela pública de la ciudad, y si bien a ella le parece confuso el lenguaje inclusivo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de áreas de comprensión como lengua y matemática, no está de acuerdo en “juzgar o rechazar un tremendo proceso sociocultural desde el área de sociales o desde las áreas artísticas”.
Para la docente, se trata más bien de una medida autoritaria: “Es una provocación de parte de parte de un Gobierno y una ministra [Soledad Acuña] muy lejana a las verdaderas prioridades educativas, tanto en contenido curricular, en recursos y en infraestructura adecuada, como las escuelas sin estufa por ejemplo”, opinó Carello.
Según dijo Acuña luego del anuncio, la pandemia dejó heridas en la educación. “Sabíamos que esto podía ocurrir y por eso en su momento peleamos por la presencialidad. Hoy nos toca responder y actuar frente a una crisis. La situación es grave y es momento de tomar decisiones difíciles. En las pruebas estandarizadas vimos un claro deterioro en Lengua. La evidencia científica existente demuestra que la falta de reglas claras, las distorsiones del lenguaje y el uso de la “e” dificultan el aprendizaje. Por eso, decidimos regular su uso y ordenar la enseñanza de la lengua española, dentro de las aulas y para los docentes”, señaló la funcionaria.
También se expresó sobre el tema el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, que pronunció su acuerdo con la medida. “Creo que el lenguaje que tiene que ser utilizado en las escuelas, y sobre todo en los niveles primario y secundario, es el oficial, el que rige en los manuales y los textos de literatura. Un alumno que intenta aprender a expresarse debe hacerlo en el lenguaje de uso general, sobre todo los más chicos —opinó Barbieri—. Ya en la universidad es otra cosa, hay libertad de cátedra y se discuten otras cuestiones. Salvo algunas facultades que han tomado posición en aceptar el lenguaje inclusivo, todos los exámenes se toman con el lenguaje oficial.
Perspectiva inclusiva
Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, sostiene que reducir la complejidad de nuestra deuda de inclusión a usar una expresión lingüística tiene el riesgo de invisibilizar variadas conductas discriminatorias. En otras palabras, según Kit, “hace muy barato ser inclusivo”.
En el plano educativo, Kit apunta que la medida tomada por el Ministerio de Educación porteño tiene fundamentos de orden didáctico y lingüístico, de especial aplicación en la formación de la comprensión lectora y en el dominio de la palabra escrita como sustento cultural. “Tal vez, lo perentorio de la medida, tenga su sentido, pero también puede conspirar contra su implementación y contra su valoración. La perspectiva inclusiva profunda implica un tiempo de explicación y fundamentación, y un proceso comunicacional más integral, que no resulte en ganadores y perdedores al interior de una escuela, de una comunidad educativa”, analiza la experta.
Por otra parte, Kit sostiene: “Hechos son amores y no palabras. Una realidad inclusiva es una deuda pendiente de la sociedad, y por lo tanto de la escuela. No hablo de discursos, de palabras, sino de realidad. Hay múltiples situaciones que aún no encuentran su lugar: la desigualdad en los resultados según las diferencias de cuna —que nada tienen que ver con el mérito de un estudiante—, las escasas oportunidades para completar la educación secundaria que tienen los adolescentes con discapacidad que logran terminar la primaria, las burlas que hoy siguen padeciendo los inmigrantes de los países limítrofes, los y las adolescentes con sobrepeso, los que no siguen los gustos de moda, las formas de pensar y actuar de quienes son neurodiversos, los que tartamudean, los y las estudiantes que trabajan, los que profesan fervientemente una religión, junto con quienes tienen identidades de género diversas a su sexo, padecen diversas formas de exclusión en la vida cotidiana y en la escuela”.
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