La mole de Belgrano R: la compleja trama judicial de 60 años detrás del valioso edificio que fue desalojado ayer

El edificio de Olazábal 3432 que por décadas se mantuvo en estado de abandono fue desalojado ayer en un procedimiento ordenado por la justicia penal

Mientras retiraba cajas, María Sánchez, de 34, declaró entre lágrimas: “No tengo a dónde ir. Mi papá se va a la casa de uno de mis hermanos y mis tres hijos, que nacieron acá, están con sus abuelos. No queríamos que pasen por esto. Hace más de 15 años que vivo acá. Nunca me negué al desalojo, solo pedí un tiempo más junto a otros vecinos para poder sacar bien las cosas, pero nos lo negaron. Pagábamos todos los servicios, es mentira que estábamos colgados de todo”.

La mole, o el gigante de hormigón, de Belgrano R quedó desocupado. El edificio de Olazábal 3432 que por décadas se mantuvo en estado de abandono fue desalojado ayer en un procedimiento ordenado por la justicia penal luego de una denuncia por usurpación impulsada por la empresa constructora que en 2022 adquirió el predio inacabado de 15 pisos en una zona residencial.

El retiro de las 19 familias ocupantes es uno de los tantos capítulos de los 60 años de vaivén judicial que se sucedieron para definir a quién corresponde realmente el dominio de la propiedad. Es una historia que comenzó con la quiebra de la desarrolladora del inmueble, siguió con una adquisición del Estado Nacional que nunca se escrituró, un proyecto frustrado de viviendas sociales y una presunta estafa, décadas más tarde, que involucró a privados mediante la supuesta adulteración del boleto de compraventa que derivó en una causa penal que al final prescribió en la justicia.

El dominio aparente está hoy en cabeza de privados aunque la serie de irregularidades en la operación dejó abierta la posibilidad de que el Estado Nacional reclame en la justicia el recupero del inmueble —valuado en 6 millones de dólares— que compró en 1972.

“Solo falta una decisión política del Estado de quedarse con el inmueble que le pertenece. El que impulsó el desalojo fue CRMJ Construcciones, la empresa que compró el edificio, ya estando ocupado, a un privado que no tenía la titularidad y había sido procesado por defraudación, pero la Justicia dejó prescribir su causa”, dice Carlos Prillwitz, abogado y representante de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, una asociación vecinal formada en los 80, sin fines de lucro.

De acuerdo con Prillwitz, la empresa le compró en 2022 el edificio a un privado, Ramón Hugo Eiviño, a través de una escribana que dio luz verde a la operación sin realizar el estudio de dominio del inmueble que hubiese revelado que la propiedad pertenecería todavía al Estado.

“Se hizo una limpieza del dominio para darle una apariencia de legalidad. Georgelina Ana Castellano, la escribana que intervino no hizo el estudio de título porque sino no se hubiese podido concretar nunca esa escritura. Ahí se hubiese revelado automáticamente que el comprador le estaba comprando el inmueble a una persona que no era el dueño ni tenía la facultad de poder venderlo. El Estado tiene que iniciar ahora una demanda contra el titular aparente, CRMJ, para que la Justicia reconozca al verdadero propietario e inscribir el edificio a su nombre. El Poder Ejecutivo tiene que impulsar una demanda civil de reivindicación de su propiedad, donde tiene todas las posibilidades de ganar el juicio”, agrega el abogado.

La última compraventa fue cuestionada en la justicia comercial por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable del patrimonio estatal denunció maniobras en perjuicio del Estado y solicitó que se intime a la escribana a presentar el detalle del estudio de dominio respalde la operación.

En el escrito al que accedió LA NACION el organismo sostuvo “de manera alguna podría haberse incorporado al patrimonio de Eiviño el inmueble adquirido mediante instrumentos nulos en situaciones delictuales”. Luego esgrimió que no está documentado en el expediente comercial ni en los registros de AABE que el Estado le haya vendido el edificio a Eiviño, el privado que luego vendió a CRMJ. La Justicia hasta el momento no ordenó que se avance con el pedido del organismo que podría determinar quién es el verdadero propietario.

LA NACION intentó comunicarse con CRMJ por diferentes vías sin éxito; no cuenta con web oficial ni canales de contacto oficiales publicados.

La historia del gigante de hormigón

En 1965, la empresa Promobra S.A. comenzó la construcción de 15 pisos en Olazábal, pero se declaró en quiebra y dejó el edificio inconcluso, con la fachada que se puede ver hasta hoy. El Estado Nacional lo compró a través del Ministerio de Bienestar Social, en 1972, en una subasta pública por $757.000, mediante un pago a través del Banco Hipotecario Nacional. Se trataba de un inmueble de tres lotes con una superficie de 1587 metros² para destinarlo a viviendas sociales. Nunca inscribió la compra en el Registro de Propiedad ni concretó las obras del programa habitacional. Décadas de abandono y desuso derivaron en que los primeros pisos fueran ocupados por familias que lo habitaron en situaciones precarias sin acceso a los servicios básicos.

En 2004, el dominio apareció registrado a nombre de particulares que lo habrían inscripto de forma irregular mediante la presunta falsificación de escrituras y boletos de compraventa. Aquel año se inició una causa penal por estafa y falsificación de documentos contra cuatro personas, entre ellas Eiviño y Rubén Orlando Pereyra. La fiscalía solicitó que la causa se elevara a juicio oral bajo el argumento de que se había utilizado documentación falsa para simular la compra del inmueble a un precio muy bajo. El juicio no se celebró en tiempo y en 2018, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°9 sobreseyeron a los imputados haber operado la prescripción de la causa.

En 2022, una empresa constructora llamada Edificaciones Kaimo depositó los fondos necesarios para levantar la quiebra de Eiviño, permitiendo que el edificio pueda ser vendido a CRMJ. La empresa adquirente inició en la justicia de la Ciudad, a través del presidente de la firma, Franco Carnevale, una denuncia contra los ocupantes por el delito de usurpación. El juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 ordenó entonces que se realizara, ayer, 6 de enero de 2025, el allanamiento y desalojo del edificio para su restitución a CRMJ.

Entre las personas desalojadas se encontraban niños, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes enfrentaron las dificultades del traslado con la ayuda de familiares y vecinos. Algunas de las personas que dejaron el lugar nacieron en el edificio y otros residían hace más de 30 años. Según los residentes, no hubo resistencia al desalojo, aunque muchos expresaron su malestar por el poco tiempo que se les dio para abandonarlo y retirar sus pertenencias

El desalojo

Ayer por la mañana en Olazábal un camión de carga estacionado frente al edificio era utilizado para retirar las pertenencias de las familias desalojadas. En la calle apilaron colchones, muebles y bolsas con urgencia para despejar el lugar.

“Solo nos dieron 72 horas para desalojar. Tengo tres nenes, y uno de ellos tiene epilepsia. Los saqué el fin de semana para que no vivan esta situación. Tengo una impotencia bárbara. En 72 horas es imposible que consiga un alquiler, estoy desesperado. Hay gente que no quiere salir porque no tiene lugar a dónde ir, yo tampoco”, contó Raúl Raven, de 34 años, quien nació y creció en el edificio.

Sentado sobre un inodoro en la calle, Luis Cruz, de 79 años, sostuvo: “Esta noche no sé dónde voy a dormir, hace 10 años que vivo acá. Me enteré ayer a la tarde que nos desalojaban. ¿Cómo puedo hacer para irme en tan poco tiempo? No les importó en absoluto mi condición. En un momento pensé en resistirme, pero no valía la pena. Estoy desesperado”.

En igual sentido se expresó Liliana Beatriz, de 40 años. “Me están echando como un perro. No tuve ni tiempo de procesarlo, me quedé sin casa y no tengo a dónde ir”, dijo.

Por su lado Lucas Hernández, sostuvo que hace 14 años que vive en el edificio junto a su esposa que nació allí. “El viernes a última hora nos mandaron la orden de desalojo. Somos gente laburante y éramos unos vecinos más de la zona. Ahora no tenemos a dónde ir”, dijo Hernández.

Impacto en el barrio

Los vecinos de la zona en su mayoría refirieron haber tenido una buena convivencia con los ocupantes. “Había de todo, pero en su mayoría eran laburantes, nunca tuvimos problemas con ellos. El desalojo fue muy desprolijo, muchas de las personas que viven ahí fueron a trabajar y, al volver, se encontraron con esto”, se lamentó Salvador, un vecino de la zona.

Por su parte, Patricia Mauad, vecina que vive frente al edificio, dijo: “Hace 30 años que vivo acá y ellos siempre estuvieron. No había problema con la gente del edificio, se portaban bien y la convivencia era buena. Igual es lógico que los desalojen, se puede hacer una cantidad de viviendas enorme en el edificio”.

Desde el punto de vista estructural el edificio está en condiciones y se mantiene y tiene una ubicación estratégica para el mercado inmobiliario. Está en una zona residencial de alto valor y es una construcción de enormes dimensiones emplazada en un lugar donde el código urbanístico prohíbe edificar por encima de los tres pisos. Como fue levantado antes de que se impusiera un límite de altura, no existe obligación para demoler los 15 pisos.

Desde la Sociedad de Fomento de Belgrano R impulsan que se retome el destino original del edificio para viviendas sociales. “Esperamos que el Estado insista con su pedido o inicie las acciones legales para recuperar ese importante patrimonio que es de todos nosotros”, agregó por último Prillwitz.

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