La Justicia ordenó frenar un mega desarrollo inmobiliario en el barrio privado Costa Esmeralda

MAR DEL PLATA.— La Justicia también ordenó detener las obras de un gran desarrollo inmobiliario que incluye edificios de departamentos en el barrio Privado Costa Esmeralda, en el Partido de la Costa, al igual como lo había hecho esta misma semana con otro proyecto que tiene por destino la localidad de Mar Azul, en Villa Gesell, y tenía por objetivo la construcción de un complejo de 116 departamentos con salida directa a la playa.

Ambas medidas fueron tomadas por el juez Antonio Marcelino Escobar, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Dolores. En el escrito firmado hoy se ordena a los desarrolladores que “se abstengan de iniciar y/o continuar” la ejecución de cualquier tipo de obra relacionada al llamado “Paseo Comercial” de Costa Esmeralda, medida que comprende movimientos de arena, tala de árboles, construcción e intervención que afecte la cadena de médanos ubicada en la zona sur de dicha urbanización, como así “cualquier tipo de obra referente al masterplan original”.

Como informó LA NACION hace dos semanas, vecinos de Costa Esmeralda se oponían a un mega plan de urbanización de este barrio privado que limita con el partido de Pinamar. Se trata de un proyecto que nace en cercanías de la ruta 11 y llega hasta la primera línea de mar con locales comerciales, unidades de servicios (hotelería y gastronomía) y complejos de departamentos de hasta cuatro pisos de altura.

Esta inversión está compartida por Fiduciaria de la Costa S.A., Eidico S.A. y Asociación Civil Social y deportiva Costa Esmeralda, según consta en un folleto que circuló con el plan que abarca unas cien hectáreas que representan el 10% del total de este barrio privado, uno de los de mayor expansión en obras privadas dentro de la costa atlántica bonaerense durante los últimos tiempos.

Desde Costa Esmeralda aseguraron a LA NACION que aún no fueron notificados formalmente de esta medida cautelar y garantizan que, una vez informados, evaluarán los pasos a seguir “siempre estando a disposición de la Justicia y presentando toda la documentación que sea solicitada”.

La demanda la presentó la vecina y concejal Evangelina de los Milagros Cordone (JxC) con representación legal del abogado Rodrigo Bonzo, que había solicitado una medida cautelar que detenga acciones en marcha o previstas para ese desarrollo inmobiliario. A la par de este recurso judicial, se habían realizado manifestaciones públicas frente al acceso a este barrio privado para rechazar cualquier avance de construcciones previstas en el citado proyecto.

Escobar firmó lo que entiende como un “amparo ambiental” y desde esas líneas reclama en su resolución que la administración municipal de Villa Gesell, desde su rol de policía en la materia, haga cumplir esta disposición que obliga a paralizar obras que están en marcha, con primeros movimientos de suelo.

Impacto ambiental

Bonzo aseguró a LA NACION que hay plena satisfacción por esta resolución del juez. “Demostró que teníamos razón y que no era un capricho de diez vecinos, como decía la desarrolladora”, dijo, y manifestó su confianza en que tribunales superiores confirmen la orden de Escobar en caso de que la demandada apele. También pidió a esas empresas que “hagan las cosas como corresponde, con previa audiencia pública y un estudio de impacto ambiental serio”.

Las firmas desarrolladoras habían argumentado que cuentan con el correspondiente certificado de impacto ambiental que avalaría el proyecto y que en audiencia pública, hace casi cuatro años, se había notificado a los vecinos de los pasos que seguirían en el crecimiento inmobiliario de este barrio privado. “Prima facie entiendo que esa audiencia no puede hacerse valer para estos dos proyectos, que si bien la parte de la empresa presentada informa que sería parte del Plan director, estamos en presencia de una nueva ejecución de obra, en consecuencia, no puede extenderse para ser evaluada en este parte del emprendimiento”, cita Escobar, en referencia al “Paseo Comercial” y a Centralidad Urbano Costa Esmeralda (CUCE).

Hace tres semanas los vecinos manifestaron su rechazo de manera pública con una manifestación en la puerta de acceso a Costa Esmeralda. Allí recibieron acompañamiento y asesoramiento de sus pares de Mar Azul, que resisten la construcción de un complejo en tierras donde hasta hace algunos años había funcionado un camping privado, a la altura de calles Mar Azul entre 35 y 36, con salida hacia el mar en el frente este del lote.

Imágenes aportadas por vecinos, tanto residentes como propietarios que tienen allí residencias de descanso, aportaron fotografías y videos a LA NACION en los que muestran obras en el área afectada, donde la Justicia ordena detener las obras de manera inmediata.

Según describe un folleto promocional de CUCE, este nuevo plan de desarrollo en Costa Esmeralda alcanza 106 hectáreas del frente sur del barrio y con posibilidades de construir hasta un millón de metros cuadrados. Las edificaciones planificadas tienen en casi todo el corredor una altura máxima de ocho metros salvo en cercanías a la costa, donde se ubicarían los complejos multifamiliares y los ladrillos podrían llegar hasta casi 15 metros de altura.

En el caso de Mar Azul, los residentes que recurrieron a la Justicia apuntaron sus quejas a la demolición que los desarrolladores —Grupo Solanas y Grupo Portland— realizaron sobre construcciones sobrevivientes de lo que fue un camping privado. Y denuncian que durante esas acciones dañaron y redujeron el frente de médanos. Los responsables de esas obras realizadas aseguraron a LA NACION que tenían autorización municipal y que incluso “algunos vecinos” les habían solicitado despejar esos terrenos.

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