La justicia federal preservó las salas de teatro de la demolición
Un juez frenó una resolución que permitía reemplazarlas por locales comerciales.
Una resolución del Ministerio de Economía que autorizaba la demolición de los teatros fue virtualmente demolida por la justicia federal, que restauró la vigencia de una antigua ley en favor de las salas de todo el país.
De este modo quedó frustrada la posibilidad de levantar locales comerciales, como supermercados y estacionamientos, en lugares donde se levantaban salas teatrales. El caso más emblemático es el teatro Odeón, emplazado en la histórica esquina de Corrientes y Esmeralda. Tirado abajo en 1990, se levantó en su lugar un estacionamiento.
En noviembre último, el Ministerio de Economía había dispuesto dejar sin efecto la ley 14.800, sancionada en 1959, que prohíbe la construcción de otro tipo de edificio en el predio donde se alza un teatro. Si un teatro cae, su lugar sólo puede ser ocupado por una nueva sala.
Contra la Constitución
Sustentada en la delegación de atribuciones legislativas dispuestas por el decreto 2284/91, la resolución ministerial 1221/97, firmada por Roque Fernández el 27 de octubre último, pasó a reemplazar una ley nacional. Ello fue interpretado por la Justicia como un cambio forzado que se oponía abiertamente a las normas constitucionales.
Así lo dispuso el juez federal Martín Silva Garretón, al fallar en favor del abogado Beltrán Gambier, que había presentado como particular un recurso de amparo.
Gambier dirige una revista cultural y se ha revelado un atento observador de la vida teatral. Desde hace años sigue paso a paso el desafortunado destino del histórico teatro Odeón, caído en desgracia durante la gestión de Carlos Grosso al frente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los operarios municipales lo tiraron abajo en una noche, ante las lágrimas unánimes que derramaron los amantes del espectáculo.
Tras ocho años de intentos para salvar el centenario teatro, el entonces propietario del terreno, Samuel Liberman -dueño de VCC y amigo del presidente Menem- había conseguido una autorización para demoler el edificio.
Con los escombros a la vista, los dueños del terreno nivelado aseguraron y repitieron que otra sala estaba en camino y que el teatro iba a renacer de las cenizas.
Pero en cambio lo que finalmente se vio surgir de la tierra, ante gran expectativa, fue algo muy diferente al inmueble que todos anhelaban, con butacas y escenario, con vestuarios y boletería.
La ilusión se volvió desencanto ante la sola vista de la nueva obra: un enorme estacionamiento, que llegó a facturar 6000 pesos por mes.
Artes jurídicas
El ejemplo del Odeón impulsó a Gambier a sacar partido de sus artes jurídicas y hacer lo posible por frenar nuevos atropellos a la legislación vigente.
De continuar la tendencia de destrucción y renacimiento, el ciclo de metamorfosis que convierte a los teatros en estacionamientos, se corría el riesgo de asistir al final de una multitud de salas teatrales.
"Inicié la acción como un ciudadano particular, sin representar a nadie, esgrimiendo el derecho a la cultura, a preservar el patrimonio", dijo Gambier ayer a La Nación , al explicar su decisión de plantear la acción de amparo ante la Justicia.
El abogado se puso en contacto con Luis Brandoni, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, que ya esta concibiendo una manera de restaurar el valor de la ley.
Brandoni y otros actores y directores teatrales elevaron sus voces y buscaron el apoyo de los diputados nacionales y de la secretaria de Cultura de la Nación, Beatriz Gutiérrez Walker.
La funcionaria se comprometió entonces a elaborar un proyecto para derogar la resolución ministerial, basándose en la ley de ministerios, que establece la necesidad de consultar con aquellas reparticiones que se ven afectadas por una resolución.
"El decreto que deroga la resolución ministerial está a la firma del Presidente, quien me manifestó su respaldo y me autorizó a hacerlo público", dijo Gutiérrez Walker seis meses atrás, en declaraciones a La Nacion. Sin embargo, nada ocurrió.
Simultáneamente, el jefe del Gobierno de la Ciudad, Fernando de la Rúa, respaldándose en la Constitución porteña sobre el resguardo del patrimonio cultural, emitió un decreto por el cual se restablece la vigencia de la ley 14.800 en el ámbito de la Capital.
Sin embargo la solución no llegó por vía administrativa, sino por resolución judicial, aunque aún se espera una posible apelación al fallo por parte del Estado Nacional en nombre del Ministerio de Economía.
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