La historia de Liliana Herrera, la joven de 22 años y madre de dos hijos que murió tras un aborto clandestino
LA NACION
A días de la histórica sesión del próximo 8 de agosto, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, otra joven murió tras someterse a un aborto clandestino.
La víctima, identificada como Liliana Herrera, falleció ayer como consecuencia de una infección generalizada, según confirmaron los médicos que la atendieron.
Con 22 años y madre de dos hijos, llegó el viernes desde el Departamento de Loreto, ubicado en el centro de la provincia de Santiago del Estero, a la guardia del Hospital Regional de esa provincia. "Le hicieron una histerectomía. En el quirófano sufrió varios paros cardiorespiratorios y la pasaron a terapia intensiva, donde murió anoche", contó Teresa Santillán a LA NACION, médica de una unidad primaria de atención de Santiago del Estero e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Se trata del tercer caso que registra el centro de salud este año, en una provincia donde hay más embarazos no intencionales de mujeres menores de 20 años. Según explica Cecilia Canevari, docente e investigadora del grupo Géneros, Política y Derechos del INDES de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, las mujeres mueren porque tienen mucho miedo.
El miedo a la condena
"Mueren por miedo. Por miedo no van a mis hospitales a tiempo. Lo mismo le pasó a María Campos, otra mujer que llegó al hospital para morir (Campos falleció en marzo de este año tras realizarse un aborto clandestino). Es la ilegalidad lo que las mata, el miedo a la condena", apuntó.
Y el miedo se siente. Se vive. La familia de Herrera negó que Liliana haya llegado a la guardia tras un aborto clandestino, pero una hermana de la joven finalmente se quebró y contó lo que había pasado.
"Ha habido un caso en La Cañada, otro paraje del norte de la provincia, en donde la policía ha empezado a perseguir a todo un pueblo porque se había muerto una mujer por un aborto. Todos saben que se hacía en tal lugar y los persiguieron. Tienen miedo que en este paraje pase lo mismo. Es importante que se sepa, por eso queremos viajar al Congreso para contar lo que pasa", explicó Santillán.
Poner en evidencia
La idea de los distintos movimientos compuestos por profesionales por el derecho a decidir es poder hablar con los senadores de la provincia y mostrarles el caso. Tanto Blanca Porcel de Riccobelli y Ada Itúrrez de Cappellini, por el Frente Cívico, y Gerardo Montenegro, del Bloque Frente Popular van a votar en contra de la legalización del aborto y quieren poder tener la chance de hablar sobre la situación que se vive en la provincia.
"Queremos poder hablar con el senador Montenegro, que tenía sus dudas y tratar de que con este caso vea lo que está pasando. Ya se juntaron con los "antiderechos", nosotros también queremos hablar", dijo la médica.
A pesar de que Santiago del Estero no se denominó provincia "provida", como lo hizo Tucumán, Santillán tiene miedo de que en algún momento ocurra lo mismo. Además de los tres votos en contra en Senado, durante la votación en la Cámara de Diputados, seis de los siete diputados por la provincia votaron en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, mientras que Mirta Ameliana Pastoriza fue la única que lo apoyó.
El pedido por el aborto legal viene acompañado de una insistente lucha por la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y la implementación del protocolo para la atención de abortos no punibles.
"Los datos sanitarios son vergüenza. No tenemos siquiera el protocolo de FAL y la ESI no existe. Hay mucha presión sobre legisladores y funcionarios de parte del gobernador y de la iglesia. Santiago es una provincia en donde el miedo es la norma impuesta por quienes están en el gobierno desde hace muchas décadas", disparó Canevari
Qué dicen los senadores
En declaraciones a El Liberal, la senadora Ada Itúrrez de Cappellini confirmó su voto en contra de la legalización del aborto y explicó sus razones. "Tengo fundamentos de la ley natural, del derecho natural, ideológicos y científicos, y tengo fundamentos desde el punto de vista legal, de la Constitución que dice a partir de qué momento hay vida, y principalmente tengo fundamentos religiosos. Nosotros los vivos estaremos tratando la muerte de otros seres que también merecen estar como nosotros", declaró.
Por su parte, Gerardo Montenegro, senador del Bloque Frente Popular, habló sobre su decisión para la votación del próximo miércoles y dijo que 'al niño se lo protege desde el embarazo o concepción'. "El más importante derecho a proteger es su vida. Por supuesto, que nuestro Código Civil y más aún la última modificación reciente dispone claramente en su Art. 19 que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción", sostuvo.
Blanca Porcel, senadora nacional del Frente Cívico por Santiago, manifestó que estuvo siguiendo con detenimiento las instancias de debate que se dieron en la Cámara de Diputados y dijo que hay cosas que hacer antes de legalizar el aborto.
"Estoy convencida, y creo compartir el pensamiento y el sentimiento de la mayoría de los santiagueños, de que la vida comienza con la concepción y que es responsabilidad del Estado protegerla desde ese mismo momento. Comprendo la idea expresada a lo largo de la discusión de que criminalizar a la mujer no soluciona la problemática, pero creo que existen muchas instancias de educación y acompañamiento que se pueden llevar adelante desde el Estado, antes de llegar a legalizar el cercenamiento de la vida del niño por nace", dijo a Nuevo Diario Web, de Santiago del Estero.
El comunicado del ministerio de Salud
"En virtud de las publicaciones recientes sobre el fallecimiento de una paciente ocurrida en el Hospital Regional, cabe señalar que las mismas no se basan en datos oficiales ni en lo vertido en la historia clínica.
Este parte oficial se basa en el suceso acaecido y en la documentación que conforma la historia clínica: ingresa el día 3 de agosto a las 23,40, por guardia, una paciente de sexo femenino de 22 años de edad con diagnóstico de feto muerto intrautero e infección urinaria, derivada desde el Hospital de Loreto. Se certifica diagnóstico de ingreso, bajo rastreo ecográfico, y se procede según protocolo a la evacuación uterina; la misma se produce a las pocas horas del ingreso y se completa el proceso con el envío del material a Anatomía Patológica.
La paciente, posterior a la evacuación uterina, presenta evolución tórpida con hemorragias en napa y signos de sepsis, que es tratada en quirófano y luego transferida a la Unidad de Terapia Intensiva , que irremediablemente deja de existir, producto de su gravedad a las 21,45 del día 4 de Agosto en la Unidad de Terapia Intensiva.
Según señala el informe médico, no se encuentran registros en la historia clínica de la paciente de datos sobre la existencia de maniobras abortivas expresadas, ni por la paciente ni por los familiares que la acompañaron durante el proceso en el centro de salud. Esto es materia de investigación judicial por la fiscalía de turno.
En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se señala que se actuó de acuerdo al protocolo para estos casos, con la celeridad y el profesionalismo necesario del equipo de salud, poniendo todos los recursos médicos a disposición de la paciente para evitar este desenlace.
La cartera sanitaria provincial tiene como prioridad de su política el Programa Materno Infantil y, en este marco, la Salud Sexual y Reproductiva como una de sus ejes estratégicos para garantizar a mujeres y varones el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Es así que se encuentran asegurados por la provincia la capacitación permanente a los equipos técnicos y los insumos a los efectores de salud para que lleguen a toda la población con atención integral, consejerías, educación sanitaria y otras prácticas para el cuidado de su salud.
Al mismo tiempo, se ha comenzado a implementar en la provincia el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia ENIA con el objetivo de potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia; brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud y fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente, entre otros objetivos".
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