La educación, servicio esencial: cómo podrán las escuelas abrir cuando haya paro docente y las dudas de los expertos

Pese a los tires y aflojes, la Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial” con el objetivo de garantizar la apertura de las escuelas durante todo el ciclo lectivo, para que los estudiantes no pierdan días de clase a causa de las medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes.

El proyecto aprobado, que ahora deberá pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán sostener el dictado de clases, como así también el servicio de alimentación escolar, en casos de paros o huelgas. Si estos duraran entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.

Serán los directivos de cada establecimiento quienes tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar estas guardias al inicio del ciclo lectivo, según establece el artículo 4° de la norma. “El incumplimiento de lo previsto será considerado como falta”, agrega.

“Los directivos tendrán que entregar el esquema de guardia. Para el primero y segundo día de paro, el 30% es el personal afectado. A partir del tercer día, se eleva al 50%. Por supuesto que después, en la dinámica de la escuela, imagino que el docente, con la autorización de los directores, podrá cambiar por otro”, dijo a LA NACION el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), uno de los principales impulsores de esta iniciativa, quien consideró que la implementación de estas guardias, en caso de que el proyecto reciba la sanción definitiva, es algo “absolutamente factible”.

“Es una cuestión de planificación nada más. No requiere un gran trabajo”, afirmó. Pese a que las escuelas pertenecen a la jurisdicción provincial o municipal, Finocchiaro enfatizó que es responsabilidad de sus directivos el cumplimiento de lo que podría ser la nueva ley, ya que ellos tienen la guarda y la responsabilidad civil sobre los alumnos cuando estos se encuentran dentro del establecimiento. “Es decir, tienen la misma responsabilidad que el capitán de un barco en alta mar. O sea, la misma capacidad de decisión. Los directores o rectores tienen que encontrar la manera de planificar. Es eso, un problema de planificación, como en cualquier empresa, en cualquier trabajo donde hay guardias; por ejemplo, los hospitales”, remarcó.

“Lo que nosotros regulamos como diputados nacionales es el derecho federal de huelga establecido en la Constitución. En cuanto a los directores, no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hicieran, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo a través de distintas organizaciones, como Padres Organizados. Sería un modelo de amparo simple donde solo hay que poner los datos. Se presenta ante el juez federal de la jurisdicción, quien inmediatamente debe ordenar la apertura del establecimiento”, detalló. La sanción por incumplimiento, de todos modos, deberá definirla cada provincia. “Al docente que tiene guardia y falta, no se le considera justificada la inasistencia”, señaló.

A pesar de que la iniciativa fue impulsada por Pro y La Libertad Avanza (LLA) –estuvo incluida en la primera versión de la ley ómnibus–, cuando comenzó a tratarse el tema había muy pocos diputados en el recinto. “Empezamos a discutir los temas que están vinculados, nada más ni nada menos, que a una política prioritaria como educación escuchando horas y horas en una postura maniquea, perversa y mentirosa, y apenas somos un poquito más de los diputados que integramos la Comisión de Educación”, alertó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, durante el tratamiento del proyecto.

En la página oficial de Diputados, el informe de la media sanción dice: “La norma, que en junio pasado logró unificar en comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques de Pro, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Tanto durante el debate legislativo como entre los especialistas en educación consultados por LA NACION, las posiciones a favor y en contra se centraron en la diferencia entre considerar a la educación como un derecho o un servicio esencial y, a la vez, los límites entre esto y el derecho a huelga de los docentes. Se cuestionó, también, que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.

“Se planteó una falsa dicotomía, como si hubiesen dos bandos. La discusión no es sobre la esencialidad o no de la educación, quién puede estar contra eso, sino sobre las cuestiones que deben existir para garantizarla: infraestructura adecuada, condiciones laborales y de aprendizaje satisfactorias, y buenos salarios, entre otras. La crítica al proyecto es, por un lado, la omisión de estos puntos nodales. Por el otro, la cautela es sobre su aplicación. Si estas medidas fueran ineficaces, se culpará a los docentes o a las provincias por la dificultad en la implementación cuando, en realidad, es un problema del diseño mismo de la norma, que no contempla las dificultades que ya se están alertando. La discusión es sobre quién será responsable sobre su eventual fracaso. Por último, es casi palpable la contradicción entre el discurso y la realidad: se declama esencial la educación cuando, simultáneamente, se le están recortando recursos”, resumió Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y política educativa.

“Es una forma de sacarse el problema de encima por parte de la política”, sentenció Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa. “En cierta manera, es mentirle a la sociedad. Debemos entender que las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero de ninguna manera la primera. Un día de paro docente con el 30% o el 50% de dotación como guardia mínima de personal adulto y el 100% de los alumnos solo puede cumplir, y con profundas dificultades, la función de cuidado. Será un día donde los padres lograrán cuidado de sus hijos en el ámbito natural que es la escuela (en todo caso, algo no menor para la organización de los horarios familiares y trabajos de los adultos), pero no será un día normal de clases. Se enmascara de política educativa algo que es solo la regulación de la huelga docente, minimizando el conflicto y lo que habría que hacer para resolverlo”, apuntó.

Y concluyó: “Si la idea es utilizar la ley como una herramienta para mantener a raya una disputa con el sector sindical docente o un sindicalista en particular, tampoco es buena. Se necesita algo mucho más amplio, algo como un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran desafío y vacancia durante los últimas tres décadas en la Argentina. Un plan que piense desde la infraestructura hasta los recursos humanos docentes, desde los recursos simbólicos hasta los físicos para una verdadera transformación que le dé sentido a lo educativo y lo escolar”.

En esa misma línea se expresaron desde Ademys, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. “El proyecto no busca resolver problemas educativos, solo prohibir la manifestación o denuncia de esos problemas. Solo busca prohibir el derecho a protesta. Es una confesión de que no van a solucionar el fondo de la cuestión”, consideró Amanda Martín, secretaria adjunta de la asociación, y advirtió que es difícil e ilegal implementar esta norma: “Le van a cargar la responsabilidad a las directoras. Dice que las actividades pedagógicas serán normales con menos personal, pero no dice cómo. Tampoco cómo proceder ante la falta de un servicio o problema de infraestructura ante un riesgo”.

“El concepto de que las escuelas solo cuidan, guardan niños, es regresivo, porque la escuela debe tener como lugar central la enseñanza y el aprendizaje”, sumó. Cuestionó que el proyecto no va a mejorar las condiciones educativas, que son las que precisamente impulsan las protestas docentes. “Hay que solucionar esos problemas de fondo y, para eso, los gobiernos deben hacerse responsables, no tirar la responsabilidad a la docencia y las familias”, opinó.

En tanto, Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente de la Fundación Educar en Ciencias, consideró que “es una buena señal” la aprobación del proyecto, porque pone a la escuela en la “centralidad de la discusión política y social”.

“Su misión primera es garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional y la condición necesaria para que eso pueda ocurrir es que las escuelas estén abiertas siempre, independientemente de las acciones legítimas que puedan llevar adelante docentes, equipos directivos o gremios. En ese contexto, la escuela se convierte en un espacio más democrático, en el que cada ciudadano podrá asumir responsablememrne sus decisiones. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se planteen situaciones en las que unos pocos o muchos resuelvan por la totalidad de los miembros de una comunidad educativa que hoy, más que nunca, necesita asegurar más enseñanza y mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. La implementación será compleja y nos llevará tiempo, pero en la medida que familias y docentes sepan que es una obligación del Estado mantener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva y de calidad”, sostuvo.

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